La Res Pública
Carlos D. Mesa Gisbert*

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“Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano…” reza el preámbulo de la Constitución. En su artículo 1, el texto dice: “Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario”. En su artículo 3, dice: “La Nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos y las comunidades interculturales y afro bolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano”. En su artículo 11, la Carta Magna dice: “La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria”. En el artículo 5, se reconocen treinta y siete lenguas oficiales. El artículo 30, define el término nación y pueblo indígena originario campesino: “que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, siempre y cuando su existencia (la de esas naciones) sea anterior a la invasión colonial española”. En el reciente D.S. 48, el Gobierno establece la obligatoriedad del uso de la nueva denominación del país: “Estado Plurinacional de Bolivia”.

Podríamos inferir en consecuencia, que entre el 48% (según el censo del 2001) y el 55% (según diversos estudios y encuestas recientes) de los no indígenas definidos como “comunidades interculturales”, podríamos (condicional) ser una “Nación”. ¿Podríamos por omisión asumirnos como una nación dentro del Estado plurinacional? Ya la pregunta muestra la dimensión del despropósito conceptual que nos vemos obligados a desmenuzar. Compartimos, igual que los indígena originario campesinos, la negada tradición histórica colonial y republicana, porque se nos coarta en el texto la posibilidad de sentirnos herederos de la tradición anterior a la invasión hispánica. Compartimos un idioma común, el castellano (la lengua de los invasores), instituciones comunes (las de la República dejada en el pasado en el preámbulo, pero curiosamente reconocida en el art. 11), compartimos territorialidad, exclusivamente circunscrita a las ciudades, ya que los indígena originario campesinos copan prácticamente la totalidad del territorio rural del país. Finalmente, compartimos mayoritariamente la cosmovisión, católico-cristiana (también heredera de los “invasores y genocidas” coloniales). Este esfuerzo por estar en alguna parte y ser algo, no es un juego de locos ni un ensayo surrealista, es el producto del “pacto social” del 2009. Nuestra situación es, para decir lo menos, la de un ridículo limbo.

El texto constitucional vigente muestra en los asuntos esenciales incongruencias que discriminan y discriminan y discriminan, como no lo hacía la Constitución de 1967 reformada. Si algún ingenuo creyó que el debate de los temas enunciados era una mera cuestión de palabras, no entendió que lo más poderoso que tiene el ser humano es el lenguaje y que es a través de él que se construye la estructura del poder. El Gobierno lo demuestra con el reciente decreto que pretende rebautizar a Bolivia.

Pero hay más. La reivindicación del Estado en contra de la República, a la que se le “concede la gracia” de un par de menciones, la hizo ya en España el general Franco cuando, tras una cruenta guerra civil, derrotó a los republicanos. La República española fue sustituida por el Estado español. De un modo particular el modelo de Franco adaptó varios de los principios del fascismo italiano, que marcó como elemento central la idea de la omnipresencia del Estado y la organización corporativista de éste, basada en la idealización de una identidad, el imperio romano. El nacional socialismo alemán planteó como un componente central la cuestión de la superioridad racial. Cualquiera de los tres execraba el modelo republicano, como la construcción de una forma pervertida de administrar el Estado, fragmentada y que debilitaba la necesaria concentración del poder en la sublimación de la entidad suprema, el Estado. No se trata aquí de hacer comparaciones en torno al desarrollo específico y a las funestas consecuencias de estos modelos, sino entender algunos móviles conceptuales de las contradicciones y absurdos contenidos en nuestra Constitución.

Dirán sus gestores que el aporte diferente es el de la plurinacionalidad, aporte que parte de una fractura. La multinacionalidad reconocida exclusivamente a quienes devienen de antes de un episodio histórico que es el que le da sentido completo a nuestra Nación. Es precisamente en su violencia, en sus paradojas, contradicciones y elementos de indudable enriquecimiento cultural que se entiende Bolivia. Ese hecho, la conquista, modificó de manera indeleble a los indígenas y dio nacimiento a los “interculturales” no indígenas que sin ella simplemente no existiríamos.

Por si fuera poco, es evidente que la idea de “naciones” aplicada a más de una veintena de pueblos no se sostiene. Más de la mitad están en proceso crítico de reducción, aculturación y asedio, no víctimas —contra lo que podría creerse— del mundo urbano, sino especialmente de los hasta ahora llamados colonizadores de origen aymara y quechua que invaden sus espacios tradicionales y que cambian de modo decisivo en sus culturas, lenguas y cosmovisiones.

La República es algo más que la forma de administrar el Estado, es una concepción del Estado, es el elemento indispensable para construir la democracia en América Latina, es el resultado de una visión esencial de la sociedad. Más que eso, es la única ruta posible para garantizar equilibrio y buena administración del poder, y es además la garantía de la igualdad. Hablo, claro, de una filosofía, no de quienes la mal usaron.

Esta Constitución quiere destruir la historia, quiere segmentarla, quiere negarla, quiere afirmarse en la desigualdad, en la superioridad de unos sobre otros. No lo logrará. Después de este vendaval, volverá la idea de la Cosa Pública (la Res Pública) de la que todos somos depositarios y protagonistas. Volverá para esclarecer el cambio hoy encarnado en la regresión.