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Cotel debe ser una de las entidades económicas de La Paz que más cuestionamientos tiene de parte de sus usuarios como del Gobierno mismo, fue intervenida el 2001, el 2003 y el 2004.

Y es que la administración en la telefónica paceña está alejada de los usuarios, quienes a su vez en su mayoría son socios, porque no hay que perder de vista que se trata de una cooperativa que funciona, precisamente, con el aporte de esos socios.

El socio no se identifica con su cooperativa, como ocurre con otras instituciones similares en el resto del país, donde esas empresas son motivo de orgullo y merecen el apoyo.

Es justo reconocer que en los últimos cuatro años de la administración que fue intervenida el jueves 18 de junio, Cotel pudo diversificar sus servicios, extendiéndose hacia la Tv por cable como al servicio de internet, y además extendió su área de cobertura en La Paz, pero los cuestionamientos se mantienen.

Ante esa situación es una incógnita si la intervención del Gobierno fue la decisión más acertada, o no, para recuperar el buen funcionamiento de la cooperativa paceña, más aún cuando en el oficialismo hubo una disputa por quién sería el interventor. Por otro lado, no hay que olvidar que estamos en un año electoral, donde seguramente hará falta recursos y personal.

El interventor es César Carlos Böhrt Urquizo, un ingeniero en telecomunicaciones que tiene la misión de hacer “una reestructuración integral”.

Pero además tendrá que garantizar el buen manejo de los recursos de Cotel, más aún cuando el país está al inicio de un periodo electoral que requerirá recursos para las campañas.

Las cooperativas de teléfonos no son un mal negocio, está claro que el problema es su administración, que el desafío fue y es una gestión honesta, transparente y sin prebendalismo ni tráfico de influencias. Por ello, hay que esperar que el remedio (la intervención) no sea peor que la enfermedad.