• DESAYUNO ESCOLAR • El alimento recibe elogios entre la ciudadanía. No obstante, a veces provoca susceptibilidades. En Uyuni, los padres cuestionaron el proceso de contratación cumplido por el Alcalde.

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Como resultado, a veces, las actividades que realizan los funcionarios ediles son más cuestionadas por la ciudadanía.

Precisamente, el Consultorio Municipal, oficina que presta asistencia y orientación sobre el proceso municipal a los actores involucrados en éste, registró en varias oportunidades reclamos en contra de las tareas que cumplieron las autoridades locales.

Aunque sin una cuantificación oficial, el Consultorio informó que recibió llamadas de representantes de la sociedad civil, que se quejaban por supuestos actos de corrupción cometidos por el Alcalde.

Algunos de estos reclamos cuestionaron las adjudicaciones de obras, porque éstas no cumplieron con el proceso de licitación pública.

No obstante, las contrataciones no requerían dicha consulta, porque el monto de inversión era inferior a los 500 mil bolivianos.

La Federación de Asociaciones Municipales (FAM) explicó que los gobiernos locales disponen de un sistema institucionalizado de control social. Esta presencia puede derivar en acusaciones injustificadas.

De manera coincidente, el experto en municipalismo, Iván Arias señaló: “El nivel municipal resalta porque los ojos de la ciudadanía están atentos. Es más el lío que el daño económico”.

A esto se suma el hecho de que algunos ejecutivos ediles desconocen los procedimientos para manejar correctamente sus recursos y pueden cometer actos ilegales.

La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, constató que algunos alcaldes modifican el destino del dinero sin contar con la aprobación del Concejo y, si bien no cometen un robo, son culpables de malversación de fondos.

Para completar el panorama, las condiciones para ejecutar obras, en especial en los municipios más alejados de las capitales departamentales, son bastante precarias.

De acuerdo con un investigador en descentralización, quien pidió mantener su nombre en reserva, “la ausencia de proveedores de servicios, ocasiona el surgimiento de monopolios que pueden imponer precios y condiciones laborales a los alcaldes. Se tendría que trabajar en normas contra la monopolización”.

Arias apoya el comentario y añade que esta carencia dio origen a “redes de empresas que trabajan en varios municipios del país”.

Planes

control • El Ministerio de Transparencia quiere que todos los sectores sociales fiscalicen el trabajo edil.

Regulación • El municipio de La Paz informa que su programa de transparencia le ha permitido conocer la percepción de la sociedad civil.

CONTRALORÍA • Audita a los municipios para detectar responsabilidades penales.

Municipios escuela exitosos

Los municipios cruceños de La Guardia y San Ignacio de Velasco están calificados como “municipios escuela” por el Centro para la Participación y Desarrollo Humano Sostenible (Cepad).

Esta denominación hace referencia al sistema de gobierno ejecutado en las dos regiones.
Las comunas trabajan bajo cuatro premisas que permiten la ejecución de obras y proyectos en consenso con todos los sectores ciudadanos.

Los ejes son: gobernabilidad dentro del municipio (estabilidad de las autoridades ediles), gestión eficiente y transparente (cumplimiento de las normas financieras), fomento al desarrollo económico local (promoción de la inversión privada en las municipalidades) y capacidad para compartir las experiencias.

Éste último es, quizás, el más importante. La correcta transmisión de conocimiento a otras autoridades locales permite demostrar que los procesos participativos han sido correctamente ejecutados.

Un alcalde en prisión

Los medios de comunicación difundieron este año varios casos de detención de alcaldes.
La agencia Enlared-Onda Local informó, días atrás, sobre el último caso de este año.

En esta ocasión de trata de la detención preventiva del ex alcalde de Chimoré (Cochabamba) Humberto Guardia (MAS), quien fue acusado de una posible malversación de unos 200 mil bolivianos.

Según la acusación, Guardia supuestamente robó los aportes de seis juntas vecinales, alrededor de mil familias. Cada familia aportó a la comuna 500 bolivianos para legalizar sus predios urbanos.

Mientras concluyen las investigaciones del caso, la ex autoridad fue enviada al penal de El Abra, ubicado en el municipio de Cochabamba tras un dictamen judicial emitido el 28 de mayo.

La demanda fue interpuesta por el actual alcalde, Alejandro Pérez (MAS), el Comité Cívico y las juntas vecinales de Chimoré.

Control social en Shinahota

La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, destacó el plan piloto de transparencia cumplido en la agencia cantonal de Shinahota.

La citada subalcaldía pertenece al municipio cochabambino de Tiraque y está dirigida por Rímer Ágreda.

Suxo destacó que en esta zona, Ágreda ejecutó el piloto de la cartera de Estado.

Para ello, Ágreda definió con la población las obras que ejecutaría el año pasado.

“Toda la ciudadanía participó en las reuniones para elegir qué obras necesitaba la subalcaldía”, destacó Suxo.

Meses después, Ágreda presentó un informe de gastos en el mismo escenario.

“Es cierto que es un lugar pequeño, pero hemos demostrado que se puede trabajar con transparencia cuando existe un control social eficiente. La población escuchó la rendición de cuentas, incluso la gente pudo leer los documentos que presentó la autoridad”.

Este es el único espacio local, que aceptó la propuesta gubernamental.