El ATPDEA
José Antonio Aruquipa Z.*

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En diciembre de 1991, año en el que los cocaleros del Chapare designaron como su máximo líder al actual presidente Morales y el EGTK perpetró la mayoría de sus atentados terroristas, Bolivia se benefició por primera vez con la ley de preferencias arancelarias como forma de compensación económica por la erradicación de coca excedente y lucha contra el narcotráfico.

Diecisiete años y seis meses después, esa ventaja comercial que generaba empleos “ha muerto” porque Obama es un “gendarme” y “patrón” que hace con “diplomacia” lo que Bush hacía con “garrote”, según el Gobierno.

En el Palacio Quemado argumentan además que el ATPDEA se extinguió por la intromisión y censuras de Estados Unidos al proceso de “nacionalización” y al contenido de la nueva Constitución.

Pero una revisión de hechos muestra que en realidad la muerte del ATPDEA es producto de la aplicación consecuente del lema: “¡Kawsanchun coca, wañuchun yanquis (viva la coca, fuera los yanquis)!”.

El martes 14 de febrero del 2006, un mes después de haber jurado como presidente de la República, Evo Morales, aceptó la ratificación como secretario general de las seis federaciones y consintió el cato de coca por “afiliado”.

Advirtió que “nunca va a haber desarrollo alternativo” y expresó sus felicitaciones por “la madurez del movimiento campesino del trópico de Cochabamba”.

Con la política de “viva la coca” los niveles de producción del arbusto se han incrementado. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) reveló que el año pasado la extensión de plantaciones de coca llegó hasta 30.500 hectáreas; 18.500 hectáreas más que las autorizadas por la Ley 1008.

Ese crecimiento inusitado de coca ilícita quiebra la condición 5ta de la Ley del ATPDEA que establece como parámetro de elección “la medida en que los países han cumplido con los criterios de certificación” en la lucha antidrogas.

La carta firmada por Obama el 30 de junio determina que “ningún tratado de liberación de aranceles se mantendrá vigente para Bolivia” debido a una “aceptación explícita y el estímulo a la producción de coca desde los más altos niveles del Gobierno boliviano…y la creciente y descontrolada venta de coca a los narcotraficantes”.

El Mandatario estadounidense hace notar que la “regulación y el control del comercio lícito de coca es virtualmente inexistente en Bolivia y provoca índices elevados de desvío hacia la producción de cocaína”.

En cuanto a las denuncias de cuestionamientos a la política energética y proceso de “cambio” del Gobierno, el documento menciona el artículo 56 de la norma suprema y hace notar que “la propiedad puede ser expropiada por el interés colectivo cuando no cumple una función social, un término que no ha sido definido por la ley boliviana”. Pero reconoce: “Sin embargo, el artículo 56 también estipula que debe haber una justa compensación”.

En un informe del 2007, Estados Unidos hizo la misma observación, con las mismas palabras, al mecanismo de expropiación estipulado en el artículo 22 de la anterior Ley de leyes. ¿Cuál es la novedad?

En cuanto a la nacionalización, la carta-informe señala, sin condenas ni críticas, que Bolivia desde mayo del 2008 “ha avanzado en la consolidación del control estatal sobre la industria, insistiendo en la renegociación de varios contratos con inversionistas extranjeros” y admite que “pese al clima adverso para las inversiones” ninguna empresa estadounidense ha denunciado al Gobierno por violar las condiciones de inversión del ATPDEA. Más claro…

*José Antonio Aruquipa Z.
es periodista y ex constituyente
por Podemos.