Ciudades

Asentamientos en áreas públicas anteriores a 2006 serán saneados

El proyecto de Ley de Regularización del Derecho Propietario  sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda incluye a los asentamientos en predios públicos “que cuenten con construcciones permanentes anteriores al 31 de diciembre de 2005”.

Avasallamiento. Los ocupantes del Parque Nacional Mallasa (La Paz) no serían beneficiados, según el proyecto.

Avasallamiento. Los ocupantes del Parque Nacional Mallasa (La Paz) no serían beneficiados, según el proyecto.

La Razón / Micaela Villa / La Paz

01:57 / 28 de marzo de 2012

La propuesta, entregada el lunes al jefe del Estado, Evo Morales, por el Ministerio de Obras Públicas y la Confederación Nacional de Juntas Vecinales (Conaljuve), tiene un capítulo — el IV—  dedicado a este tema.

Sin embargo, este asunto ya estaba normado en la Ley 2372 de Regularización Masiva, aprobada en el gobierno de Jorge Quiroga (2002), y en la Ley 2717, promulgada durante el interinato de Hormando Vaca Diez (2004).

La ley aprobada en la gestión de Quiroga incluía procedimientos extraordinarios para la regularización de la propiedad edil habitada antes del 31 de diciembre de 1998. Este tope fue ampliado  hasta el 31 de diciembre de 2005 por el proyecto que será remitido por Morales a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Otra diferencia es que ambas leyes excluían de la regularización  a las áreas de riesgo, mientras que en el documento que acaba de conocerse, se dispone que “los gobiernos municipales efectuarán estudios en base a criterios técnicos básicos definidos por el Órgano Ejecutivo del nivel central” de Gobierno (Art. 16).

“En los casos en que el Gobierno Municipal hubiera aprobado los asentamientos humanos en áreas de riesgo y no proceda la regularización (...) debería reubicar a los afectados en sectores libres de riesgo”, agrega.

Costo. El proyecto consensuado con la Conaljuve plantea que la propiedad de bienes inmuebles de entidades del nivel central “será enajenada a favor de los asentados a título oneroso (Art.13)”, previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional. “Las entidades territoriales autónomas —gobernaciones, municipios y otros— quedan facultadas a transferir bienes inmuebles de su propiedad con la aprobación de su Órgano Legislativo”.

También propone que el importe que se cancelará a las entidades públicas por la transferencia de sus predios, será establecido “en base al valor catastral de los mismos o de los predios de su entorno”. La escritura de transferencia será entregada a los beneficiarios “al recibir el importe total del precio establecido” (Art. 14).

“A partir de la fecha de promulgación de la presente ley, las entidades territoriales autónomas quedan obligadas a impedir por todos los medios nuevos asentamientos irregulares en su jurisdicción”, dispone el artículo 15 del proyecto de ley.

Plantean procesos sumarios

Detalles

El proyecto de Ley de regularización del derecho propietario... propone que los procesos de regularización, planteados ante los jueces de materia en lo Civil, se realicen por la vía sumaria. “No se admitirá en el presente procedimiento el Recurso de Casación”, dice (Art. 11). Es decir que no se permitirá la impugnación de los autos de vista de las cortes superiores. Los trámites iniciados al amparo de las leyes 2372 y 2717 “deberán continuar hasta su conclusión”, en dos 2 años.

Dos testigos podrán avalar posesión continua de 5 años

El proyecto de ley de regularización del derecho propietario urbano, que favorece a quienes prueben la posesión de un predio por al menos cinco años, admite cinco medios de prueba de que se cumpla ese requisito.

Entre ellos, la declaración testifical de dos colindantes o vecinos que acrediten la posesión continua del bien inmueble por el tiempo citado. También se admitirán  recibos de pago de servicios públicos, comprobantes de pago de impuestos a la propiedad inmueble, constancia de realización de trámites municipales o la cédula de identidad. 

El proyecto prohíbe regularizar más de un bien inmueble e iniciar procesos de regularización cuando existan procesos judiciales planteados por terceros cuyo derecho propietario se encuentre debidamente registrado.

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