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‘Bares de remate’ se blindan con abogados y cámaras de vigilancia

Tres macrodistritos de La Paz cobijan a unos 34 “bares de remate” que operan las 24 horas; se dividen en  categorías, algunos tienen abogados para defender a sus propietarios y cámaras de vigilancia que les permiten saber si el que llama es un municipal, un policía o un cliente.

Gráfico: La Razón

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La Razón (Edición impresa) / Micaela Villa / La Paz

00:00 / 08 de septiembre de 2013

Tres macrodistritos de La Paz cobijan a unos 34 “bares de remate” que operan las 24 horas; se dividen en  categorías, algunos tienen abogados para defender a sus propietarios y cámaras de vigilancia que les permiten saber si el que llama es un municipal, un policía o un cliente.

Los “bares de remate” son aquellos que funcionan de forma clandestina y fuera del horario permitido. La Ley de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas prohíbe su venta de 03.00 a 09.00, mientras la ordenanza que rige en la urbe autoriza su funcionamiento de 20.00 a 04.00.

La Policía y la Intendencia Municipal de La Paz coincidieron en que en los macrodistritos Max Paredes, Cotahuma y Periférica se concentra la mayor cantidad de los 34 locales clandestinos (ver infografía).

Según Mauricio Ruiz, intendente municipal, estos negocios se clasifican en dos categorías: A, al que acuden personas con mayor cantidad de dinero, donde se sospecha que se trafica droga y hay prostitución; y B, cuyos clientes son gente de escasos recursos, que se embriagan con bebidas adulteradas en tugurios y se drogan con clefa.

El coronel Felipe Almaraz, comandante de la Estación Policial Integral (EPI) Max Paredes y la Portada, explicó que por lo general funcionan en domicilios y tienen puertas de escape para evacuar a los clientes en caso de una redada. Además cuentan con cámaras de vigilancia (Celeste, El Caballito y otros que no tienen nombre); pero si carecen de ellas, poseen sus “campanas”, zapateros, vendedoras, etc., que les dan la alerta.

Hay “bares de remate”, dijo el coronel, que tienen sus abogados y que, ante la presencia de la fuerza del orden, saben cómo enredarlos para evitar su ingreso, exigiendo la presencia de un fiscal o una orden de allanamiento.

Esa demanda, sin embargo, viola la norma antialcohol, que establece que: quienes expenden bebidas alcohólicas no pueden “limitar de ninguna forma su acceso ni alegar allanamiento o falta de orden judicial para su ingreso, bajo sanción establecida en la presente Ley” (artículo 13), aunque el mayor castigo no pasa de un arresto de ocho horas en una celda policial.

“En un caso, la hija del propietario se hizo pasar por su abogada y por fiscal; en el Celeste, la hija de la administradora ocupa ese cargo. Cuando se interviene, vienen sus abogados y quieren intimidarnos, hacer denuncias de extorsión o allanamiento”, contó un oficial de la EPI La Merced, quien no quiere ser identificado.

“Hay dos tipos de abogados, los más astutos y los que ni siquiera conocen el proceso judicial”, agregó el coronel Almaraz.  También cuentan con seguridad privada. “Por más que toquen y toquen, si el cliente desconoce cuál es la clave, cómo debe golpear, no ingresa”, apuntó Ruiz.

Agentes de la EPI La Merced irrumpieron en un local clandestino ubicado en el segundo piso de un domicilio en la calle Miguel Aparicio, detrás del mercado de Villa Fátima, a las 17.00 del martes 3. Por fuera no existía ninguna señal que en el interior opera una cantina, ya que funciona a puertas cerradas. Tiene cinco mesas ocupadas que se vacían en menos de dos minutos.

A unos 50 metros, sobre la misma calle, opera otro bar clandestino, al que la fuerza pública no puede ingresar porque sus administradores fueron alertados de que realizan una batida. Los golpes a la puerta son inútiles.

“Hay más bares de este tipo en Villa Fátima (macro Periférica), en El Tejar (macro Max Paredes) y en la avenida Buenos Aires (Cotahuma), de  acuerdo con el intendente.

El presidente de la Federación de Junta Vecinales (Fejuve) de La Paz, Arturo Quispe, coincidió en que Villa Fátima es una de las zonas rojas.

El más controversial es El Caballito, que a pesar de haber sido clausurado definitivamente por la Alcaldía siete veces, sigue funcionando. Para burlar el decomiso de su mobiliario, los dueños hicieron construir mesas y sillas de ladrillo y cemento.

La EPI La Merced, cuya jurisdicción abarca Villa Fátima y Villa El Carmen, da cuenta de que hay unos diez negocios que operan todo el día y que están cerca uno de otro. En el macro Max Paredes son unos 14.

Flagrancia. En dos operativos realizados el 24 de agosto, la EPI La Merced comprobó que entre las calles 4 y 5 de Villa El Carmen un bar recibía estudiantes de 14 y de 17 años a cualquier hora en abierta violación a la ley antialcohol (artículos 20 y 21). “Sacamos a 17 menores a las 20.00 y los remitimos a la Defensoría de la Niñez”.

Ese mismo día, el bar karaoke Celeste, en la avenida 15 de Septiembre, fue clausurado. Los gritos de 23 clientes encerrados bajo llave permitieron a la Policía dar con el local. El negocio, cerrado en al menos cuatro oportunidades, funciona de 03.00 a 12.00. El 3 de septiembre, a  diez días de su clausura definitiva, La Razón comprobó que el precinto había sido arrancado.  

Ángel Alarcón, representante del Distrito 5 —Cotahuma, Tacagua, Tembladerani y otros—, identificó diez negocios. “Uno está cerca del colegio Canadá, su acceso es las 24 horas; todo ello genera peligro para los niños”, advirtió. Además explicó que entre las calles Antonio Ondarza y Tacagua el bar El Timbre continúa en funcionamiento. Agregó que existen otros dos locales situados en la final Landaeta y en la Manuel Jofré.

El presidente de la Fejuve consideró que estos bares continúan operando, pese a que su ubicación es un secreto a voces, porque existe una “falta de coordinación” entre el gobierno edil, la Policía y la Fiscalía. 

Lo que indica la ordenanza 634/2011

El artículo 12 de la normativa señala que los propietarios de los locales están prohibidos de vender bebidas adulteradas y tóxicas, y a menores de edad, por lo que deben exigir su carnet de identidad. En caso de que sean locales con licencia de funcionamiento categoría “C” (expendio de bebidas alcohólicas para el consumo al interior del establecimiento), el artículo 37 dispone que funcionarán de 20.00 a 04.00, de lo contrario se considera una falta gravísima y, por ende, el local es clausurado definitivamente.

Opinan:

Arturo Quispe: ‘Traen inseguridad ciudadana’ Estos bares de remate se posesionaron de varios distritos de nuestra ciudad. En zonas populares hay una proliferación de los mismos y como consecuencia se produce la inseguridad ciudadana. Tenemos más denuncias del Barrio Minasa, Villa Fátima y otros.

Lamentablemente no se logró parar el problema. Presidente de Fejuve.

Ángel Alarcón: ‘Tiene que haber acción de masas’ Lo extraño es que la Policía con Seguridad Ciudadana (de la Alcaldía) no pueden hacer nada. Tiene que haber una acción de las masas. Hace dos meses estábamos por organizarnos para entrar a estos lugares y desmantelarlos; la gente está cansada porque ahora ocurre robos en domicilios a pleno día. Dirigente del Distrito 5 (Cotahuma y Tacagua).

Oficial EPI La Merced: ‘Tienen hasta sucursales’

Hay aquellos que tienen hasta sucursales, identificamos por ejemplo que el bar peña Bennet tiene su sucursal metros más arriba, sobre la misma avenida Periférica, y funciona tarde y noche. Los dueños alegan que cuentan con el permiso de la Alcaldía de Palca para funcionar de día. (Operativo martes 3 de septiembre, de 15.00 a 17.00)

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