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El escándalo del caso Katanas salpica a funcionarios

Nohemy C. recordó que la primera denuncia que hizo sobre este caso data de enero de este año, cuando acudió, sin resultados, al Ministerio de Gobierno. Dijo que luego mandó varias cartas a la Alcaldía de La Paz y que finalmente, en junio, tuvo que acudir a la FELCC.

El club norturno Katanas

El club norturno Katanas

La Razón Digital / Baldwin Montero / La Paz

15:50 / 19 de septiembre de 2016

El escándalo que estalló por el caso de la denuncia de trata y tráfico en el centro nocturno Katanas salpicó a funcionarios de la Alcaldía de La Paz y a un exfuncionario de la Dirección Nacional de Migración.

La principal acusadora, Nohemí C., hija del propietario del club, denunció que los personeros recibían pagos a cambio de protección y encubrimiento.

Su abogada, Paola Barriga, dijo que las sospechas recaen incluso en el Servicio Nacional de Impuestos, que no tomó las acciones necesarias para controlar la emisión de facturas en este negocio, que trabajó sin licencia desde enero de este año.

De acuerdo a Nohemí C., su padre y su principal colaborador, Gustavo F. (ambos con orden de aprehensión en penales de La Paz) habían montado una red de protección que les alertaba sobre los operativos de control municipal y migratorio a cambio pagos en efectivo e incluso con los servicios que ofrecía el lugar, que además funcionaba como lenocinio.

Barriga dijo que existen pruebas suficientes de ello, entre ellas libros de registro encontrados durante una requisa que hizo la Fiscalía. “El Ministerio Público ha podido encontrar libros inclusive de pagos con nombres a funcionarios de la Alcaldía, a varios funcionarios que  vamos a ir demostrando en el trascurso del proceso”, dijo durante una entrevista en Cadena A.

“Lo mismo de Migración, lo propio. Llamaba la persona y decía: Gustavo, Marco, mira, va a bajar una batida fuerte de Migración y te avisamos la hora... Cuando llegaba Migración las tenían a las chicas en paredes ocultas hasta que acabe la batida”, complementó Nohemí C.

Más tarde Barriga dijo que se trataría de un exfuncionario de Migración y que por ello iniciarán una querella criminal contra estos funcionarios. “Ellos no podían haber permitido que esto ocurra. Cuántas mujeres habrán sido vejadas porque estos malos funcionarios jamás cumplían sus deberes”, lamentó.

Luego criticó la labor del Servicio de Impuestos. “¿Dónde estaba la Renta? ¿Dónde estaba Impuestos Internos cuando se tienen talonarios de tarjetas que no coinciden con los factureros?... Por cinco bolivianos clausuran un mes y si hay esta barbaridad nunca aparecieron”.

Hasta el inicio de esta tarde, ninguna de las tres instituciones se habían pronunciado oficialmente sobre estas acusaciones.

De acuerdo al relato de Nohemí C., los contactos de su padre y de su administrador Gustavo F. con funcionarios de la Alcaldía y el de Migración eran frecuentes, lo que dijo que es fácil comprobar haciendo un cruce de llamadas.

Reveló además que la primera denuncia que hizo sobre este caso data de enero de este año, cuando acudió, sin resultados, al Ministerio de Gobierno. Dijo que en esa oportunidad fue recibida por un asesor, pero al final “no hicieron nada”.

Agregó que luego presentó varias denuncias a la Alcaldía que tampoco prosperaron y que finalmente acudió, en junio de este año, a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para presentar una denuncia por trata y tráfico de personas.

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