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Tres exediles cruceños, condenados a tres años de cárcel por caso Dron

Los tres  participaron del proceso de calificación y contratación para la compra de un dron y un equipo de monitoreo móvil destinado a la seguridad ciudadana, “omitiendo realizar las observaciones ajustadas a procedimiento de contratación, adjudicando de manera irregular a la empresa Army Security”.

Dron- Santa Cruz

La Razón Digital / Daymira Barriga / La Paz

14:46 / 10 de julio de 2017

En un juicio abreviado, tres exfuncionarios del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra fueron sentenciados a tres años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado en el caso Dron.

Los condenados son Marcela Barrero Vaca responsable de Seguridad Ciudadana; Jhonny Huari Montaño, profesional B de la Secretaria de Seguridad Ciudadana y Ernesto Peterson Toledo,  encargado del área técnica jurídica de Seguridad Ciudadana, informó este lunhes el fiscal departamental de Santa Cruz, Freddy Larrea, según un boletín de prensa.

Los tres  participaron del proceso de calificación y contratación para la compra de un dron y un equipo de monitoreo móvil destinado a la seguridad ciudadana, “omitiendo realizar las observaciones ajustadas a procedimiento de contratación, adjudicando de manera irregular a la empresa Army Security”.

Se comprobó, además, que introdujeron datos falsos en el acta de recepción final, fechada el 26 de diciembre de 2015, aunque según la certificación emitida por Aduana Nacional el equipo ingresó a Bolivia en enero de 2016.

El escándalo estalló en marzo de 2016, cuando el Comando Departamental de la Policía se negó a recibir los equipos, adquiridos con una inversión de  Bs 3,7 millones.

"Resulta inviable la recepción de estos bienes porque existe afectación directa en el uso diario y útil para las operaciones policiales, siendo afectado el beneficiario final que es la ciudadanía", precisó entonces el coronel Sabino Guzmán.

En este caso está acusado formalmente por la Fiscalía y por los mismos delitos José Salvador Canudas, exsecretario municipal de Seguridad Ciudadana.

Carlos Alberto Padilla, representante legal de Army Security, y Paul Cuellar Bejarano, representante legal de la empresa Westeco SRL, que vendió el dron a compañía que se adjudicó la provisión, fueron acusados por los presuntos delitos de incumplimiento de contrato, enriquecimiento ilícito de particulares y uso de instrumento falsificado.

El 19 de julio de 2016, Westeco SRL  devolvió al gobierno local los Bs 3,7 millones. (10/07/2017)

 

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