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El Caballito fue clausurado 7 veces, pero nunca cerró

El bar de remate El Caballito, donde el domingo un suboficial de Policía mató a un joven, seguía funcionando a pesar de haber sido clausurado siete veces. La Intendencia Municipal de La Paz cerró el negocio definitivamente en 2007, pero no pudo hacer cumplir su orden.

Cautelar. Sentado a la derecha, el subteniente Daniel Ch. V., acusado de crimen en ese local.

Cautelar. Sentado a la derecha, el subteniente Daniel Ch. V., acusado de crimen en ese local.

La Razón / Micaela Villa / La Paz

02:42 / 04 de julio de 2012

Este local, que se encuentra en la calle Tcnl. Saavedra Nº 382, de Alto Miraflores, opera hace siete años y, según la Intendencia Municipal, funciona las 24 horas del día —violando la normativa edil que prohíbe la venta de alcohol y su consumo de 04.00 a 09.00— y comercializa bebidas adulteradas a mayores y menores de edad.

Sólo el crimen ocurrido el domingo en los servicios higiénicos de El Caballito logró paralizar momentáneamente sus actividades, debido a que el bar fue precintado hasta que los investigadores de la muerte violenta de Roy Campusano (24) terminen de colectar pruebas en el lugar del hecho.

“Se necesita una intervención del Ministerio Público y una acción penal contra los dueños del local, y eso ya no es competencia nuestra”, dijo el alcalde de la ciudad, Luis Revilla, quien recordó que la Fiscalía puede actuar de oficio en estos casos. Fernando Velásquez, director jurídico del Gobierno Municipal de La Paz, recordó que en 2008 se envió un memorial a Ministerio Público en el que se solicitaba su intervención debido al desacato a las clausuras. Sin embargo, la Fiscalía no atendió esta petición.

“Vamos a pedir que el fiscal que lleva el caso (de la muerte de Campusano) pueda realizar las diligencias correspondientes para que se constate esto”, agregó. El Caballito fue clausurado definitivamente en 2007, pero los precintos fueron quitados por sus propietarios, identificados como los hermanos Córdoba Santiváñez, por el subalcalde del macrodistrito de Periférica, Isaac Fernández. 

Ernesto y Luis Fernando Córdoba Santiváñez estuvieron en prisión por el asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach en enero de 2009. En julio, septiembre y octubre de ese año la Intendencia, tras evidenciar la violación a la clausura, decomisó sus equipos y mobiliarios. Sin embargo, para burlar los constantes decomisos, los dueños cambiaron sillas, sillones y mesas por construcciones de ladrillo y cemento cubiertas con cojines y manteles.

Desde 2011 —según la Alcaldía— los funcionarios ediles no pudieron ingresar debido a que el local ilegal está protegido por seguridad privada y por una triple puerta y sin letrero. Revilla dijo que la Intendencia tiene problemas con el funcionamiento clandestino de este tipo de locales, porque la Alcaldía no puede ingresar a una propiedad privada.

“Estamos recabando más información de todos los casos que se han presentado en el bar para que la Alcaldía o la Fiscalía vean el camino que deben tomar”, dijo ayer el subcomandante departamental de la Policía, coronel Edmundo Riveros.

Por su parte, el fiscal del caso, Santos Valencia, señaló que es un trabajo conjunto de las tres instancias. El subalcalde de Periférica indicó que en el interior de El Caballito también se habilitaron habitaciones para que funcionen como prostíbulos.

Intento de agresión al Policía

Al concluir la audiencia de medidas cautelares, ayer, los familiares de Roy Campusano intentaron agredir físicamente al policía Daniel Ch. V., acusado del crimen. Agentes emplearon gases para dispersar el tumulto. En la audiencia se reveló que el oficial tenía que prestar servicio el 2 de julio en Radio Patrullas de El Alto, pero fue a tomar unas copas al bar con un amigo, por lo que asistió con uniforme y su arma.

Oficial es suspendido y remitido a San Pedro

El subteniente Daniel Ch. V., quien mató con un disparo a Roy Campusano (24) en el bar clandestino El Caballito, e hirió a otro parroquiano, fue suspendido de la Policía y enviado por un juez cautelar con detención preventiva a la cárcel de San Pedro de La Paz. La Fiscalía le imputó por homicidio y lesiones graves.

El jefe de la División Homicidios de la Fuerza anticrimen, mayor Wálter Sosa, informó que “respetando la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía, inmediatamente se recibe una imputación se lo suspende mientras dure el proceso”. En la audiencia, la defensa del oficial alegó que la víctima fatal tenía antecedentes de robo y homicidio. “Mi hermano no tenía antecedentes, pero el subteniente sí y de robo”, dijo Ramses Campusano.

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