Ciudades

Carlos Romero :‘La labor de inteligencia de las FFAA puede ayudar a frenar la inseguridad’

El ministro informó que gestionan 10 millones de dólares para fortalecer a la Policía. Abre la posibilidad de debatir que la institución se dedique sólo a la parte operativa.

Estrategia. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, en una entrevista con La Razón, este martes.

Estrategia. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, en una entrevista con La Razón, este martes. Foto: Archivo Ángel Illanes

La Razón / Carlos Corz / La Paz

03:09 / 07 de marzo de 2012

— Cuando se plantea incorporar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la inseguridad, ¿es porque la delincuencia rebasó a la Policía?

— No me animaría a decir que la delincuencia rebasó a la Policía; preferiría hablar en sentido de que si tenemos un capital expresado en un conjunto de instituciones y recursos humanos que funcionalmente tienen mayores facilidades para desarrollar determinadas tareas y podemos complementarnos.

Lógicamente la participación de las Fuerzas Armadas podría ser un elemento muy positivo. La institución armada ha desarrollado capacidades en materia de inteligencia y control que pueden ser aprovechadas para reforzar el trabajo de la Policia Boliviana.

— ¿Las FFAA participarían a través de los premilitares?

— Es un tema que tendremos que debatir. Los premilitares son una posibilidad pero no necesariamente la única, porque los militares tienen también sus aparatos de investigación que podrían ser utilizados; pero además necesitamos que las tareas propias de las FFAA se articulen a la seguridad ciudadana, por ejemplo en el control de fronteras, siempre respetando el liderazgo de la Policía.  

— ¿Es necesario que los militares participen en la lucha contra la delincuencia?

— Sí, es necesario así como es necesaria la participación de alcaldías, gobernaciones y los sistemas de educación y salud. Debe involucrarse sobre todo en áreas de frontera, pero también podrían ingresar (a las capitales), pero insisto, siempre respetando el liderazgo de la Policía en esta materia.

— En determinados momentos identificaron a la corrupción como una debilidad de la Policía, ¿cuánto se avanzó en esta lucha?, ¿la corrupción es un factor más de inseguridad?

— La corrupción es un componente más de inseguridad ciudadana, porque puede generar la comisión de otros delitos. En el caso específico de la Policía, se han adoptado medidas de transformación estructural como el nuevo régimen disciplinario, de procedimiento y otras dirigidas a la institucionalización. Habrá que ver si es necesario adoptar alguna otra iniciativa, pero es difícil hacer una evaluación de la aplicación de las medidas, porque deben definirse indicadores verificables y que nos permitan constatar el impacto. Pediremos indicadores de verificación en todos los temas porque la corrupción puede ser un aspecto y la eficacia otro. Hay que definir indicadores para determinar cuántos casos se denuncian y qué porcentajes se resuelven. Es parte del trabajo que hay que encarar.

— La Policía tiene al menos 37 mil efectivos, ¿es posible que todos los uniformados hagan labor operativa y dejen lo administrativo a civiles?

— Es una muy buena opción que hay que estudiarla. Personalmente soy muy proclive a pensar que ese es un mecanismo que puede ayudar muchísimo, pero también es necesario fortalecer, con estos mismos recursos humanos, la capacidad operativa. Si tenemos un número de elementos distribuidos en una ciudad pero sin motorizados, medios de comunicación y tecnología, la acción entre ellos es débil. En las regiones y ciudades piden fortalecer el número de elementos policiales, pero eso tiene que ir acompañado de políticas de las gobernaciones y municipios para fortalecer las acciones contra la delincuencia.

— Entonces, ¿una reestructuración implicaría pasar la parte administrativa a civiles?

— Me parece una muy buena posibilidad, pero seguramente hay que debatirla con la misma Policía.

— En las actuales condiciones, ¿es una salida acertada?

— Esa es una opción, veremos si hay otras alternativas, no parece haber muchas. Si vamos a disponer de mayores elementos restringiendo los elementos destinados a la administración, es una opción que habría que estudiarla. Es apresurado decir si esa opción es inmediata, si la vamos a adoptar o no, porque la Policía tiene una manera de organizarse internamente en la que el Gobierno no interviene por respeto a su institucionalidad, pero sí nos gustaría debatir esta alternativa.  

— ¿Cuáles son las medidas inmediatas en la lucha contra la delincuencia?  

— Están relacionadas con la Policía y tienen que ver con estudiar la racionalidad de la distribución de los elementos, fortalecer la parte tecnológica y acentuar la presencia policial en zonas de riesgo, además de involucrar a la ciudadana para evitar que puedan autoorganizarse para utilizar violencia contra los delincuentes.

— Informó que gestionan créditos con China, Japón y Corea para la Policía, ¿en qué consistirá el fortalecimiento policial?

—  No puedo hablar de cifras definitivas porque, por ejemplo con Corea, seguimos en un proceso de negociación que involucra a una empresa privada, que también requiere la intervención del Gobierno. Básicamente nuestra proyección está en alrededor de 10 millones de dólares, fundamentalmente para sistemas de cámaras de seguridad y dotación de equipamiento para la institución.  

— ¿Hay necesidad de hacer acuerdos con países vecinos para luchar contra el delito?

— Hay que definir una agenda de seguridad ciudadana, porque éste es un tema de la comunidad internacional y regional.

Perfil

Nombre: Carlos Romero 

Profesión: Abogado

Cargo: Ministro de Gobierno

Abogado y exconstituyente

Es abogado y fue director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales (CEJIS), dirigente de la Federación Universitaria Local (FUL) y constituyente por el Movimiento Al Socialismo (MAS). Fue designado ministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, y luego titular del novedoso Ministerio de Autonomías, creado en el marco del modelo autonómico establecido en la Constitución Política del Estado, vigente desde febrero de 2009. En junio de 2011, asumió la responsabilidad de dirigir el Ministerio de la Presidencia en reemplazo del renunciante Óscar Coca. El 24 de enero, el presidente Evo Morales le designó como responsable de la cartera de Gobierno.

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