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Policía interviene bloqueo en la carretera Oruro-La Paz

Comunarios bloquearon la vía Oruro-La Paz en demanda de la renuncia del alcalde Federico Villán, a quien acusan de malversar los fondos aprobado para la construcción de una unidad educativa. Un oial despejó la ruta.

La Razón Digital / Milenka Villarroel / La Paz

11:59 / 13 de noviembre de 2013

La Policía intervino y levantó este mediodía el bloqueo instalado en la mañana por alrededor de 200 personas en la vía entre Oruro-La Paz, quienes exigen la renuncia del alcalde Federico Villán Herrera y la construcción de una unidad educativa que tenía el financiamiento del programa Bolivia cambia, Evo cumple. Acusan al alcalde de haber malversado los recursos destinados para la unidad educativa.

El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción informó que se inició un proceso contra esa autoridad, contra quien existe una imputación formal por el delito de incumplimiento de contratos, proceso que se encuentra a la espera de un pronunciamiento judicial para definir su situación procesal.

“Con el programa nos hemos adjudicado la construcción de una nueva infraestructura en la provincia Tomás Barrón en la capital Eucaliptus, del colegio Nacional Eucaliptus. Lamentablemente los beneficiarios no conocíamos esta situación y el alcalde corrupto (Villán) ha empezado a manejar en forma oculta el dinero y a robarlo y hemos salido a Panduro a bloquear hasta que renuncie”, señaló en la mañana uno de los dirigentes de los padres de familia, Santiago Cáceres, en radio Erbol.

Anunció que la medida de presión continuará hasta que la autoridad edil se haga presente, rinda cuentas sobre el dinero destinado a la obra y extienda su renuncia irrevocable.

Al mediodía de hoy un contingente policial, según informó Erbol desde el lugar de los hechos, intervino y levantó el bloqueo en medio de la resistencia de los movilizados. Los pasajeros de los buses de transporte interdepartamental parados en el lugar ayudaron a desbloquear la carretera para continuar viaje hacia La Paz o a Oruro.

Cáceres indicó que el proyecto gubernamental destinó Bs 1,9 millones para la construcción del colegio, obra que está paralizada desde 2011 y que la superficie construida se redujo en al menos 240 metros cuadrados. Además, dijo que la suspensión de una audiencia cautelar contra el Alcalde y la empresa constructora ocasionó malestar en la población.

Explicó que ayer padres de familia y alumnos tomaron la Alcaldía y se precintaron las oficinas para evitar la sustracción de documentos. Informó que por el incumplimiento de obra, no solo está procesado el alcalde Villán (MAS), sino también el supervisor de obra Roberto Carlos Conde Ordóñez y la constructora MAPA SRL. 

En la página oficial del Gobierno Departamental de Oruro, la construcción de nuevas aulas para el citado  colegio figura como un logro de la gestión.

Mediente un comunicado, el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción informó que el 9 de marzo de 2013 presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra Villafán y contra Roberto Carlos Conde Ordóñez, servidor público de dicho Municipio, por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias y contra Gualberto Mamani Paco, representante legal de la empresa constructora MAPA SRL., por el delito de incumplimiento de contratos.

Lo hizo tras haberse identificado presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto Colegio Nacional Mixto Eucaliptus, previsto dentro del Programa Bolivia Cambia Evo Cumple, puesto que la empresa adjudicada a la construcción de la obra MAPA SRL. habría efectuado, "sin autorización ni respaldo técnico – legal alguno, modificaciones a las especificaciones técnicas del proyecto, reduciendo el área de construcción y  utilizando materiales de baja calidad, ocasionando, así serias deficiencias técnicas en la estructura".

Agrega que las irregularidades fueron puestas a conocimiento del Alcalde Municipal y del Supervisor de Obra, quienes no observaron  las irregularidades y no  asumieron las acciones pertinentes contra la empresa,  "generando un grave  daño económico al Municipio, puesto que un peritaje técnico efectuado en julio de 2013 dentro del proceso de investigación, determinó que la edificación debe ser demolida por que corre riesgo de derrumbarse".

En septiembre de 2013, según el informe del Ministerio de Transparencia, el Ministerio Público emitió una imputación formal contra Gualberto Mamani Paco por el delito de incumplimiento de contratos, federico Villán Herrera y Roberto Carlos Conde Ordoñez, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, "quedando pendiente la realización de una  audiencia de  medidas cautelares para  definir la situación procesal de los imputados".

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