Ciudades

Conaljuve teme que nueva ley sólo beneficie a loteadores

Propiedad. El anteproyecto de Ley de Regularización genera debate

Fuego. Vecinos de Andalucía, Cochabamba, queman casas que construyeron loteadores. Fue en 2011.

Fuego. Vecinos de Andalucía, Cochabamba, queman casas que construyeron loteadores. Fue en 2011. Foto: Archivo Fernando Cartagena

La Razón / Micaela Villa / La Paz

02:38 / 24 de febrero de 2012

La Confederación Nacional de Juntas Vecinales (Conaljuve) considera que el anteproyecto de Ley de Regularización del Derecho Propietario Urbano debe ser coordinado con los vecinos y los gobiernos municipales para evitar que los avasalladores y loteadores se beneficien.

“Sabemos que es una ley de los Sin Tierra, de los Sin Techo. Están tratando de aprovechar para legalizar los avasallamientos que cometen en determinadas zonas en los centros urbanos”, enfatizó su presidente Benjamín Cáceres.

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidenta de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara Baja, Betty Tejada, en entrevista con este medio, indicó que este anteproyecto tiene el objetivo de regular las condiciones de ocupación del hábitat urbano, establecer lineamientos marco para el ordenamiento urbano y regularizar el derecho propietario. El proyecto será socializado en abril y se prevé su aprobación.

“Existe un serio conflicto de derecho propietario, personas que viven  por muchos años, que compran terrenos o construyeron una casa y tienen problemas por estafa o conflicto de derecho propietario; se pretende hacer una ley que dé solución a todo esto”, dijo la parlamentaria.

Uno de los propósitos de la norma —que también buscará abreviar el procedimiento de la usucapión (adquisición de la propiedad por la posesión quinquenal o decenal)— es la de crear juzgados especiales de regularización de la propiedad urbana, talón de Aquiles de las normas que se aprobaron con este mismo propósito en el pasado.

“Creemos que, en su esencia, la ley puede tener una visión interesante para el pueblo, pero en este momento algunos sectores van a tratar de aprovecharse. Esta ley debería ser consensuada con los gobiernos municipales y el Gobierno nacional debería recurrir a las organizaciones sociales, que son la juntas vecinales, para tomar definiciones al respecto”, indicó Cáceres.

La aprobación de una nueva ley para regularizar el derecho propietario urbano fue demandada al Gobierno por la Conaljuve durante la cumbre social realizada a principios de año en Cochabamba, en la que el Ejecutivo y los movimientos sociales definieron los pasos para profundizar el llamado proceso de cambio.

Cáceres añadió que  lo “más correcto” es que se coordine con las diferentes alcaldías, pues sólo ellas conocen qué es lo que pasa en su jurisdicción. “Por eso vamos a hablar con los municipios para ver esta ley”, anticipó.

Tejada explicó que cuando se socialice la ley,  los municipios, Conaljuve y otras instituciones serán consultadas, y podrán presentar sus propuestas como anteproyectos.

Según el cronograma de trabajo de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Diputados, todas las propuestas serán recibidas hasta principios de marzo.

Además se ha previsto un trabajo técnico en el que intervendrá el Ministerio de Obras Públicas, la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, Conaljuve, colegios de profesionales, entre otros.

Una vez definido el anteproyecto de ley, éste será socializado con la mayor cantidad de actores sociales para darle legitimidad, manifestó Tejada.

Normativa precedente en Bolivia

La regularización de la propiedad urbana es un problema de larga data en Bolivia. La ley que está vigente es la 2372, promulgada en mayo de 2002 por el presidente Jorge Quiroga. Ésta modificó otra aprobada en la gestión de su predecesor Hugo  .

Oposición política pone reparos a nueva ley

La oposición en la Asamblea Legislativa planteó ayer sus objeciones a la aprobación de una nueva Ley de Regularización del Derecho Propietario Urbano. Adrián Oliva, diputado de  Convergencia Nacional (CN), dijo que se “está robando una competencia que es de carácter municipal”.

“El Viceministerio de Vivienda será el que determine cuáles son los procedimientos. Esta ley lo que quiere es legalizar la actuación de muchas personas que se han beneficiado y se siguen beneficiando con el loteamiento de tierras. Se va a afectar la planificación urbana y se va a generar dualidad de competencias y de autoridades”, dijo. Su comentario tiene como base un anteproyecto de ley atribuido al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

Fabián Yaksic, diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM), considera que se debe  “reorganizar” la oficina de Derechos Reales, pues existen dificultades cuando se elaboran los trámites. “Hay mucha incertidumbre, no conocemos qué se hace ahí, obviamente existen dificultades para regularizar los trámites, quizás esta ley oriente qué hacemos con esta oficina”, expresó.

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