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Jueza ordena la detención preventiva de 4 arrestados

El periodista Jorge Paco Veramendi fue enviado al penal de San pedro

Cautelar. El periodista Paco Veramendi (centro) tras la audiencia en la que se ordenó su detención.

Cautelar. El periodista Paco Veramendi (centro) tras la audiencia en la que se ordenó su detención. José Lavayén.

La Razón (Edición Impresa) / Kattya Valdés / La Paz

02:55 / 25 de julio de 2015

Dos mineros y un periodista potosinos, imputados por los delitos de atentados contra bienes y contra funcionarios públicos en los disturbios del miércoles en La Paz, fueron enviados con detención preventiva a la cárcel de San Pedro, ayer. La Asociación Nacional de la Prensa y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia exigen la liberación de Juan Carlos Paco Veramendi.

El reportero, quien trabaja en radio Líder de Potosí, fue delegado por su federación para acompañar la marcha que partió de la Villa Imperial el 26 de junio rumbo a La Paz y enviar despachos informativos sobre el desarrollo de los acontecimientos.

La jueza 2ª de Instrucción en lo Penal Cautelar, Lía Cardozo, ordenó la detención de los cooperativistas mineros Fabián Choque Uño, Agustín Mendoza Mamani y Jorge Coparico Colque. Su organización sindical exige su liberación.

A las 09.30 comenzó la audiencia cautelar de tres de los cuatro imputados. Jorge Coparico Colque no estuvo presente porque está internado en el Hospital de Clínicas.  Su situación legal se definió por la tarde y en ese nosocomio. También será enviado a la cárcel una vez que reciba el alta médica.

La comisión de fiscales presentó la imputación formal. “Se han colectado diferentes elementos, como una piedra de 20 centímetros, pedazos de concreto que han sido arrancados de la pared del Ministerio de Gobierno producto de los dinamitazos que ha sufrido esa entidad pública y un objeto metálico de 43 centímetros”, argumentó el fiscal Ramiro Jarandilla.

“El informe de acción directa amplía la situación de flagrancia en la cual han sido aprehendidos los ahora imputados (…) y en el informe técnico se puede apreciar la magnitud de los daños sufridos en el Viceministerio de Gobierno”, agregó.

Argumentos. La defensa  —cuatro abogados potosinos con residencia en La Paz— adujo que la imputación no estaba respaldada en pruebas y que la Fiscalía no pudo demostrar que sus defendidos sean autores de esos delitos. Además criminaliza la protesta, argumentaron. Paco fue aprehendido en la avenida Arce, cerca del supermercado Ketal, varios minutos después de que se hubieran iniciado los enfrentamientos entre mineros y policías.

“Lo vi trabajando, estaba con su reportera y su cámara fotográfica tomando fotos, haciendo despachos”, contó la periodista Mabel Pericón de El Diario de La Paz. El periodista de La Razón que hizo la cobertura de los violentos sucesos de ese día fue testigo de su arresto. Paco tenía una grabadora y una cámara en la mano, se identificó como periodista, pero no tenía su credencial. Tras escuchar a las partes, la jueza Cordozo dijo que si bien todos los bolivianos tienen derecho a la protesta, éste tiene límites.

“Han existido excesos que han ocasionado daños. Al intentar ingresar al despacho, han hecho detonar dinamitas en la puerta del viceministerio, estos son los elementos de convicción que tiene la suscrita”. La defensa no presentó domicilio legal de ninguno, circunstancia en la que la autoridad sustentó su orden de que sean detenidos preventivamente porque existiría riesgo de fuga.

En lo que respecta al reportero, Cardozo argumentó que “un periodista (comete) una vulneración de su propia ética al ingresar y ser parte de un movimiento y no mantenerse imparcial”. La defensa no presentó una certificación de que el profesional estuviera en la ciudad de La Paz en comisión de trabajo, apuntó. “Es una injusticia, estaba trabajando”, exclamó Paco cuando era trasladado a las celdas judiciales.

El asesor jurídico de la ANP, Eduardo Olivares, anunció la presentación de una acción de libertad y no descartó iniciar un proceso penal contra la jueza por no tomar en cuenta que fue enviado por la Federación de los Trabajadores de la Prensa de Potosí como corresponsal.

“Es una vulneración a sus derechos, es un atentado no solo a su libertad de expresión, sino a su libertad de trabajo ya que estaba de manera circunstancial en el lugar”, dijo a Erbol el ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Héctor Aguilar. Beto Ignacio, dirigente de los cooperativistas de Potosí, anticipó que no se irán de La Paz sin sus compañeros. “Son tres los mineros que están (detenidos) y un periodista, y los mineros vamos a retornar a Potosí todos juntos, si no, no regresamos”.

El Defensor anuncia seguimiento

Periodista

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, anunció un seguimiento al caso de Juan Carlos Paco, periodista de Radio Líder de Potosí.    “Conocido este hecho, que nos preocupa particularmente, instruí un seguimiento minucioso al proceso.  Tenemos la denuncia de este periodista respecto de la violencia con que fue detenido”.

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