Ciudades

Desirée Bravo logra poner tras las rejas a dos concejales

Suspensión. La crisis política se ahonda en el Gobierno Municipal de Santa Cruz

La Razón / Iván Condori / Santa Cruz

01:23 / 11 de abril de 2012

El concejal Óscar Vargas, de Santa Cruz para Todos (STP), y la concejala masista Arminda Velásquez fueron aprehendidos ayer después de prestar sus declaraciones informativas ante el fiscal Freddy Pérez.

Ambos votaron por la suspensión temporal de la presidenta del  legislativo edil, Desirée Bravo —como otros cinco concejales de STP—  y fueron denunciados por ella, que los acusa de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.

Bravo, que enfrenta un proceso penal por la presunta falsificación del certificado de estudios del cuatro grado de Secundaria, fue suspendida el 19 de marzo con el voto de siete concejales, seis de su misma agrupación ciudadana y una del Movimiento Al Socialismo (MAS). La extitular del legislativo edil interpuso una denuncia penal en el Ministerio Público contra todos los que votaron por su suspensión temporal.

Los denunciados son los oficialistas Sibele Ortiz, Carlos Manuel Saavedra, Yanine Parada, Enrique Landívar, Leonardo Roca, Óscar Vargas y la masista Arminda Velásquez. Después de que el fiscal Freddy Pérez ordenara la aprehensión de Vargas y Velásquez, ambos fueron trasladados hasta las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde permanecerán hasta la instalación de la audiencia de medidas cautelares que podría llevarse a cabo la jornada de hoy.

Los concejales Yanine Parada y Leonardo Roca, que también prestaron sus declaraciones informativas ayer, salieron libres. Para hoy está prevista la comparecencia de Enrique Landívar, Carlos Manuel Saavedra y Sibele Ortiz.

Protestas. La concejala del MAS tachó de político el proceso y argumentó que los concejales cruceños que votaron por la suspensión temporal de Bravo sólo dieron cumplimiento a la Ley Marco de Autonomías, que establece la suspensión de las autoridades electas que tengan una imputación formal.

Vargas —cabeza de los concejales rebeldes del STP, agrupación del alcalde Percy Fernández— dijo que su aprehensión es una injusticia y es fruto de la persecución política. Extraoficialmente se conoció que el Fiscal habría ordenando la aprehensión de los dos concejales porque no presentaron un domicilio conocido, familia, ni trabajo. Esta información no fue confirmada por el fiscal Pérez.

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