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Directivos de EPSAS, bajo denuncias

Corrupción. Una es por falsificación y extorsión, y la otra por extorsión

Presión. Trabajadores de EPSAS durante una huelga, en este año.

Presión. Trabajadores de EPSAS durante una huelga, en este año. Foto: archivo Nicolás Quinteros

La Razón / Juan René Castellón - La Paz

23:41 / 29 de enero de 2012

Dos integrantes del directorio de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) enfrentan dos acusaciones: una por supuesta falsificación y extorsión, y otra por extorsión en contra de una confederación de trabajadores y de una empleada de la misma empresa.

De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso La Razón, los dos acusados son miembros del directorio actual de EPSAS: su presidente Julián Romero, y el representante del sindicato, actualmente en el puesto de control social dentro del directorio, Pedro Castro.

En el último caso, Pedro Castro, también encargado de controlar conexiones clandestinas, habría cobrado a la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB) 5.000 bolivianos por una conexión clandestina, pero el dinero no depositó en cuentas de EPSAS y para justificar ese cobro habría falsificado una factura.

De acuerdo con León Cuevas, secretario de hacienda de esa organización, que habló con La Razón, a inicios de 2010, Pedro Castro les hizo llegar un memorando con una multa de 7.000 bolivianos por una conexión clandestina. El 13 de febrero de ese mismo año, Cuevas le entregó a Castro 5.000 bolivianos. “Él dijo que nos hará el favor de depositar el dinero en EPSAS, yo también son dirigente, nos dijo”.

“Cuando fuimos a las oficinas de EPSAS para recoger la factura, nos enteramos que el dinero no había sido depositado y que debíamos pagar 1.200 por la conexión clandestina”.

Cuevas reclamó a las gerencias de esa institución y Castro les hizo llegar una factura de 5.000 bolivianos, pero luego resultó que era falsificada.  El dirigente fabril contó que Castro también falsificó su firma en el formulario de multas. Este asunto conocen las gerencias y el gerente general, William Marca. El 11 de enero de este año, el gerente técnico, ingeniero Jorge Zotez, envió un informe, que tiene el número GT/003/2012, al gerente general en el que le pide sanciones en contra de Castro.  “Se concluye, dice, que el monto de 5.000 bolivianos que el señor León Cuevas, hubiera entregado a Pedro Castro, no ingresó a las cuentas de EPSAS”. “La fotocopia de la factura 119219 de la empresa de agua, que remite la confederación, no corresponde al importe señalado en la copia de la misma factura”. “El formulario de multas Nro. 000445, lleva la firma del señor Cuevas, quien afirma no corresponder a la suya”.

“Por ello y en cumplimiento del reglamento interno del personal, esta gerencia considera que se ha infringido en el artículo 61 del citado reglamento, considerando estos hechos como falta grave, por lo que en aplicación del artículo 63, solicito a su gerencia general la aplicación de la misma”, concluye el informe.

Castro hasta ahora no fue despedido. La Razón no pudo contactarse con él porque éste no contestó su celular. Cuevas fue citado a EPSAS mañana “para aclarar esta situación”. Pero él teme que la empresa quiera cobrarle “otra vez 5.000 bolivianos. Creerán que han pillado unos mansos”.   Los cambios y la presión sindical En agosto del pasado año, una huelga convocada por los trabajadores de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) obligó al exgerente, Víctor Hugo Rico, a renunciar a su cargo. Posteriormente, el Ministerio del Agua posesionó a un nuevo directorio, el cual tuvo varias observaciones. Una de ellas fue que los dirigentes de Fejuve La Paz desconocieron a quien fue posesionado como su representante en ese organismo.

Despiden sin justificación a una empleada

La otra denuncia involucra al actual presidente del directorio de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), Julián Romero, que no atendió su celular. La Razón dejó en el buzón de mensajes el tenor de la denuncia, pero éste no devolvió la llamada.

De acuerdo con la acusación de extorsión presentada por Carol Ivana Omonte, ante el Ministerio Público, Julián Romero le habría pedido 15 mil bolivianos para reincorporarla a su fuente laboral.

Meses antes, el 2 de junio de 2011, Omonte fue despedida de EPSAS “arbitrariamente”, porque después de que ella se quejó ante el Ministerio de Trabajo, éste ordenó a EPSAS su restitución inmediata.

Pero la empresa no cumplía con la instrucción, lo que provocó otro reclamo de Omonte que derivó en la extorsión. El 23 de noviembre, dice ella, “grande fue mi sorpresa al recibir una llamada del referido asesor jurídico, al transmitirme el mensaje del vicepresidente del directorio de EPSAS (Julián Romero, ocupaba ese cargo en esa fecha), que se entregaría el memo de reincorporación, siempre y cuando erogue en favor de dicho representante el equivalente a tres sueldos míos, es decir, 15 mil bolivianos”.

Ella cuenta que cuando recibió el memo de reincorporación, la citaron a la plaza Villarroel para que entregue el monto, pero ella movilizó a efectivos policiales   para que sean testigos del hecho.

La denuncia es de conocimiento de las gerencias de EPSAS. Omonte estuvo fuera de la institución seis meses y la empresa de aguas tuvo que pagarle 30 mil bolivianos como daños y perjuicios por un despido injustificado. 

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