Ciudades

Precintan oficinas de Control Social tras hallar anomalías

Reclamo. Dirigentes desconocen los motivos y piden explicaciones

Resguardo. Tres guardias municipales vigilan la entrada a las oficinas de Control Social de El Alto.

Resguardo. Tres guardias municipales vigilan la entrada a las oficinas de Control Social de El Alto. Miguel Rivas.

La Razón (Edición Impresa) / Miguel Rivas / El Alto

01:25 / 12 de febrero de 2016

Las oficinas de Control Social de El Alto fueron precintadas por la Alcaldía de esta ciudad luego de que se hallara irregularidades, por lo que se decidió proteger los bienes muebles que se encuentran en el lugar. Las oficinas, ubicadas en el cuarto piso de un edificio de la calle 5, entre la calle Jorge Carrasco y avenida 6 de Marzo, eran alquiladas y pagadas por la municipalidad, por lo que no se descarta iniciar procesos a las autoridades responsables de anteriores gestiones por daño económico.

“No es correcto pagar los alquileres para las organizaciones sociales, esto tiene varias figuras legales que deben ser tratadas por la unidad jurídica, entre ellas daño económico a la Alcaldía”, informó la secretaria general municipal, Nancy Mamani.

La autoridad edil explicó que cada  mes se erogaba para el pago de estas oficinas Bs 6.000 por concepto de alquiler; ahora se investigará en detalle si otros edificios o inmuebles están en la misma situación.

DESCONOCEN. Los miembros y representantes de Control Social de esta ciudad dijeron desconocer los motivos por los que se precintó el lugar y llevarán a cabo una reunión para definir acciones y pedir informes a los técnicos de la Alcaldía. “No sabemos cuál es la razón del precintado, no es justificable, queremos que haya una explicación coherente de las autoridades de la municipalidad”, dijo Teófilo Maqui, presidente y representante del Control Social.

En marzo de 2013, la Unidad de Gestión y Evaluación Financiera de la Gobernación de La Paz detectó movimientos económicos sin justificación en el Comité de Vigilancia de El Alto que alcanzan a Bs 234.000, por lo que determinó congelar sus cuentas.

Tres meses después, la Ley Municipal de Participación y Control Social, aprobada por el Concejo alteño, eliminó al Comité de Vigilancia y creó en su lugar el Comité de Participación y Control Social de El Alto, al que se le otorgó 30 días para devolver los bienes muebles y el dinero sobrante, aspecto que está en investigación.

“Todos los bienes, entre escritorios, muebles, computadoras y otros equipos, pertenecen a la Alcaldía y para resguardarlos se ha precintado, ya que nadie sabe quién colocó candado a las rejas de ese piso”, indicó Mamani.

Sin embargo, Maqui aseguró que todo el equipo que se halla en estas oficinas le pertenece a esta organización. “Todo ha sido adquirido con dinero del Control Social. Le quitaron la llave a la portera y estamos molestos por este accionar, queremos decirles que no debemos generar confusiones  ni tener color político a la hora de actuar, más aún cuando hay una verdad de por medio en todo esto”.

Todos los dirigentes se declararon en emergencia y dijeron que podrían asumir algunas medidas de presión en caso de que no haya respuestas y explicaciones por parte de las autoridades ediles que precintaron el lugar.Maqui dijo que sin las oficinas y la documentación que se halla en los escritorios no se podrá hacer el seguimiento a las obras y trabajos en los 14 distritos municipales de El Alto.

En el edificio donde funciona el Control Social también están, un piso más abajo, las oficinas del Centro de Investigación, Educación y Servicios (CIES) y en el quinto piso, la Dirección municipal de Deportes y de Higiene. La oficina fue precintada con una hoja bond, con sellos ediles y tiene el resguardo de tres guardias.

El comité nace en 1994

Vigilancia

Los comités de vigilancia nacieron con la Ley de Participación Popular, promulgada en 1994. De acuerdo con su reglamentación, éstos “articulan las demandas de las organizaciones, con la planificación y la vigilancia social de la administración municipal”.

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