Ciudades

Elaboran un protocolo de atención a esta población

El Viceministerio de Seguridad Ciudadana desarrolla con 16 instituciones un protocolo de atención a niños y adolescentes en situación de calle. El documento será presentado el próximo mes.

La Razón (Edición Impresa) / K. Valdés

00:00 / 13 de septiembre de 2015

El Viceministerio de Seguridad Ciudadana desarrolla con 16 instituciones un protocolo de atención a niños y adolescentes en situación de calle. El documento será presentado el próximo mes.

“La intención de este protocolo es profesionalizar el trabajo que realizan los educadores de calle —aquellos cuya  acción educadora se dirige a niños y adolescentes en la calle— y de todas las instituciones que trabajan de manera coordinada con esta población”, explica Miguel Román, técnico del Viceministerio de Seguridad Ciudadana.

Alianzas. María Paula Vargas, oficial de protección del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), destaca  la coordinación y las alianzas públicas entre diferentes instituciones y organizaciones no gubernamentales para desarrollar el proyecto.

En el protocolo se identificarán las fases clave para trabajar en tareas de prevención y se darán lineamientos generales para fortalecer a las familias más vulnerables. El protocolo se enfocará también en el componente de atención en tres fases: el abordaje ambulatorio (en la calle); el proceso de rehabilitación en comunidades terapéuticas y hogares socioeducativos, y la fase de reinserción  en el núcleo familiar.

“Se propone crear programas ambulatorios de fortalecimiento de la familia, que estarían a cargo de los gobiernos municipales, con el objetivo de preparar a los padres para que faciliten la reinserción” de los menores de edad, puntualiza Denis López, educador de la no gubernamental Maya Paya Kimsa.

Este programa permitirá enseñar a los progenitores el uso del tiempo libre para fortalecer los vínculos familiares, ya que niños y adolescentes necesitan espacios de distracción, escuelas de fútbol, ballet y otras actividades.

También se pretende desarrollar el control social para que sea la población —vecinos, juntas, etc— la que denuncie y visibilice la violencia intrafamiliar.

“Se deben crear en cada municipio instancias de protección para los menores víctimas de cualquier tipo de violencia”, explica el profesional.Una vez presentado, el documento debe ser validado por las instituciones involucradas antes de ser aplicado.

Pueden ser captados ‘para delinquir’

Niños y adolescentes en situación de calle corren el riesgo de ser captados por antisociales para delinquir, advierte el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, coronel Gary Omonte.

Este grupo poblacional está abandonado y su vida corre peligro a diario. Sin embargo, también son un riesgo para la sociedad porque pueden convertirse en delincuentes, sostiene el jefe policial.

“Estos jóvenes pueden ser captados por alcohólicos o drogadictos que pueden llevarles a delinquir o ser aleccionados para obtener dinero fácil y así sobrevivir”.

También está presente el peligro de ser víctimas de trata y tráfico, de violencia sexual comercial o de los microtraficantes de drogas, entre otros.

Sin embargo, el educador  Denis López, de la organización no gubernamental Maya Paya Kimsa, opina que no se debe estigmatizar a esta población. “En la calle conviven con una infinidad de poblaciones y estructuras delincuenciales que cometen asaltos y atracos, pero los chicos solo quieren sobrevivir y satisfacer necesidades inmediatas”, apunta.

Batidas. La relación entre agentes y personas en situación de calle da pie a la controversia. Omonte explica que la función de la Policía es cuidar de que no cometan delitos y  brindarles charlas para que retornen a sus hogares.

Aunque, según el diagnóstico del Viceministerio de Seguridad Ciudadana y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el 52% de los menores de edad que viven en las calles declararon que fueron agredidos por los agentes.

“A través de entrevistas, los menores aseguraron que han sido víctimas de violencia física, psicológica y hasta sexual durante las batidas”, informa Daniela Riveros, de la Fundación Alalay.

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