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Emavías devela estafa en venta de cemento asfáltico de Bs 2,7 MM

La firma Buró & Asociados no tiene domicilio legal y el gerente de Emavías teme  que sus responsables cambiaron de razón social y pide su detención preventiva.

La Razón (Edición Impresa) / Guadalupe Tapia / La Paz

00:00 / 03 de agosto de 2014

La Empresa Municipal de Asfaltos y Vías (Emavías) de La Paz sigue un largo proceso penal a dos ejecutivos de la firma privada Buró & Asociados SRL, que no le pagan desde 2010 una deuda por la venta de cemento asfáltico que asciende a Bs 2.741.740,62.

Martín Fabbri, gerente de Emavías, informó que se sigue un proceso judicial contra Fernando V. S. y Javier V. S., representantes legales de la sociedad implicada y a quienes acusó de recurrir a la “chicana jurídica” desde hace cuatro años para evitar cumplir la obligación contraída.

Emavías y Buró & Asociados suscribieron el 22 de octubre de 2010 el contrato administrativo 02/2010, mediante el cual la firma privada efectuó la contratación de la empresa edil para la prestación del servicio de provisión y colocación de carpeta asfáltica para el mejoramiento de la vía Mallasilla-Achocalla, que es parte de la red vial departamental.

El plazo del contrato era de un mes y Emavías cumplió con la dotación del material por el que se le debía pagar la suma de Bs 2.741.740,62. El 14 de marzo de 2011, cuatro meses después, la sociedad emitió dos cheques.

El primero por un monto de Bs 300.000 y el segundo por Bs 123.000. Poco después, el 7 de abril, se emitió el cheque por la suma de Bs 300.000, todos girados a nombre de una cuenta en el Banco Bisa.

Los funcionarios municipales que intentaron cobrarlos no pudieron hacerlo, porque la firma no coincidía con la registrada ante esa institución bancaria.

“A partir de ahí empieza el problema legal. El 9 de mayo de 2011 se envió una carta notariada a la empresa sobre el rechazo de los cheques y exigiendo el pago. Sin embargo, recibimos como respuesta una negativa. Fue entonces que iniciamos una demanda por el delito de estafa”, informó.

La Razón intentó contactarse con la empresa en cuestión, pero los números que registran en la guía telefónica están fuera de servicio. Buró & Asociados fue la sociedad que desde finales de los 90 hasta principios de 2004 se encargó del dragado del río Desaguadero y realizó similar trabajo en la laguna de Achocalla hasta 2005.

En 2010, esta sociedad se adjudicó la primera fase de la construcción de la carretera Botijlaja-Corocoro, licitada por el Gobierno Departamental de La Paz.

Este medio encontró en internet la dirección de Buró & Asociados SRL: Calle 21 de Calacoto, N° 100, edificio Villa Lanza. Sin embargo, esas señas corresponden a las oficinas de una institución que no tiene que ver con construcciones. Nadie pudo dar explicaciones sobre los anteriores inquilinos.

“Hemos tenido en estos dos últimos años problemas con las notificaciones. Primero, porque ya no tenían domicilio legal y, segundo, porque al parecer la empresa cambió de razón social, por eso es que no tenemos rastro”, explicó el ejecutivo de Emavías.  

Sin embargo, aunque ni la Policía ni la Fiscalía ubican un domicilio legal, los acusados están enterados de todo el proceso que se les sigue, pues respondieron con incidentes a cada una de las medidas legales que se pretendían tomar en su contra.

Con el último recurso lograron que se revoque tanto la declaratoria de rebeldía como la orden de aprehensión de los representantes legales de la constructora.

“Por ejemplo, se los notificó para que se presenten a las audiencias. Primero acudieron a una serie de ‘chicanas jurídicas’ para no hacerlo. Se los pudo notificar una vez, pero luego ya no tenían domicilio legal”, dijo Fabbri.

“Posteriormente, se sacaron órdenes de aprehensión, pero ellos impugnaron la rebeldía y pidieron presentarse en una siguiente audiencia que fue programada antes de la vacación judicial, pero nunca aparecieron. Están burlando a la Justicia”, acusó.

Emavías no solo pidió la aprehensión de ambos, también logró la anotación preventiva de los bienes de los implicados y su arraigo, aunque no pudo continuar con el trámite hasta ahora.

Este es el primer caso por estafa que llega hasta una demanda penal, precisó el gerente.

El proceso es ventilado en la Sala Penal 3ª de la Corte Superior de Justicia, donde el juicio se instauró por el delito de ganancias ilícitas, mientras que las medidas cautelares están en la Sala 6ª Penal Cautelar. Este medio intentó conocer el estado de las acciones cautelares, sin embargo, en la mencionada oficina dijeron que el caso no. Entre tanto, en la

Sala Penal 3ª no se pudo ubicar al fiscal que investiga el hecho.  

Aunque la perspectiva para la recuperación del dinero adeudado no es la mejor, el gerente de Emavías aseguró que el departamento jurídico hará todo lo que esté a su alcance para que el proceso termine con la sanción a los representantes de la sociedad.

Firma edil mejora control de la salida del asfalto   

Guadalupe Tapia

Ha pasado casi un año desde que la Alcaldía de La Paz ordenara la intervención de la Empresa Municipal de Asfaltos y Vías (Emavías), y hasta la fecha implementó las tres recomendaciones para mejorar el funcionamiento de la empresa y garantizar su crecimiento, informó su gerente ejecutivo, Martín Fabbri.

El 18 de junio de 2013, el gobierno local de La Paz intervino Emavías tras detectar al menos cinco hechos irregulares.

En octubre del mismo año, la Unidad de Transparencia emitió un informe en el que recomendó ajustar el proceso administrativo, iniciar procesos sumarios a los responsables de haber incumplido sus funciones y mejorar el control de la salida del cemento asfáltico y otro material.

En el primer punto, Emavías inició las investigaciones sobre los cinco hechos irregulares y hasta la fecha concluyó tres. Debido a los resultados arrojados en las pesquisas, seis funcionarios, de quienes aún no se puede revelar su identidad porque presentaron observaciones, fueron separados.

Las averiguaciones en los dos casos restantes todavía no concluyeron y cuando finalicen es probable que se detecte si existió algún daño económico.

“No hubo delitos sino mal manejo de documentación, lo que fue sancionado, juzgado (sic) por la gerencia general de Emavías. Es probable que con la conclusión de los otros casos se amplíe el número de implicados”, explicó Fabbri.

En estos procesos internos se verificaron fallas en el manejo de bienes, servicios y mala administración del personal. También se revisaron procesos de contratación que no contaban con la documentación adecuada.

Se verificó además que hubo casos en los que se dispusieron los bienes de Emavías de forma unilateral. Por ello se mejoraron los sistemas de control internos.  Respecto al último punto, para mejorar el control de la salida de material, desde el 1 de enero de este año Emavías hace uso de una moderna balanza.

“Cuando la volqueta ingresa vacía, se la pesa. Luego la cargamos (volvemos a pesar) y sabemos cuánto de cemento asfáltico se está movilizando y se está llevando a la obra”, explicó. El reporte de la disposición del material es puesto en conocimiento del gerente general para que haga el seguimiento y hasta la fecha todos los datos cuadraron.

El precio de una tonelada de cemento asfáltico oscila entre Bs 9.500 y Bs 10.000.  

Además, explicó Fabbri, la planta tiene un sistema de control electrónico que permite hacer seguimiento de todo el material usado en la elaboración del producto. Para Fabbri, si bien hubo una intervención, ésta se produjo por la necesidad de reactivar la empresa municipal.

En 2011, Emavías cerró la gestión con un déficit de Bs 5,7 millones, según datos de la Alcaldía. En 2012 mejoró su situación y concluyó el año con una ganancia de Bs 750.160.80. En 2013, gestión donde se efectuó la intervención, reportó utilidades de Bs 4.056.240,61. Al 30 de junio de 2014, éstas llegaron a Bs 5.496.663. La explicación es que la firma se abrió a prestar servicios externos. Por ejemplo, ahora apoya en el bacheo de la autopista La Paz-El Alto y la vía Río Seco-Desaguadero, explicó el gerente.

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