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Gobierno destina Bs 400.000 para heridos en el Carnaval de Oruro

Tragedia. El miércoles 19 aprobó un decreto supremo que asigna estos fondos

Homenaje. Dos músicos de la banda Poopó pasan delante de los restos de la pasarela, el 2 de marzo.

Homenaje. Dos músicos de la banda Poopó pasan delante de los restos de la pasarela, el 2 de marzo. Wara Vargas.

La Razón (Edición Impresa) / Carlos Corz / La Paz

02:20 / 25 de marzo de 2014

El Gobierno nacional asignó un presupuesto de Bs 400.000 para el pago de los gastos médicos de los 92 heridos por el derrumbe de una pasarela  durante la Entrada Folklórica del Carnaval de Oruro. El siniestro ocasionó la muerte de cinco personas.

El Decreto 1938, aprobado el 19 de marzo por el gabinete ministerial, establece que con esos recursos se cancelarán los gastos de atención de las víctimas en los establecimientos públicos, privados y de la seguridad social de salud.

“El nivel central del Estado Plurinacional de Bolivia, solidarizándose con los afectados del accidente suscitado en la ciudad de Oruro en ocasión de la Entrada del Carnaval 2014, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a realizar un traspaso presupuestario interinstitucional a favor del Ministerio de Salud, por un monto de hasta Bs 400.000”, señala la norma.  El organismo financiador es el Tesoro General de la Nación.

La tarde del sábado 1 de marzo se desplomó un puente peatonal metálico cuando pasaban por debajo las filas de trompetistas de la Banda Espectacular Poopó. La estructura, de cinco toneladas de peso y 70 metros cuadrados de superficie, de propiedad edil, ocasionó la muerte de cuatro instrumentistas y un espectador.

Investigación. El Ministerio Público comenzó una investigación y el viernes 21 imputó penalmente a tres funcionarios de la Alcaldía —Róger Joaquín Copa Condori, oficial mayor de Gestión Urbana; Shirley Teresa Javier Sejas, funcionaria de Obras Públicas, y Patricia López Bermúdez, de la Unidad de Mantenimiento de Vías— por los delitos de lesiones culposas, homicidio culposo e incumplimiento de deberes.

Tras la tragedia, el Gobierno nacional anunció su disposición de colaborar con las decenas de víctimas; organizó operativos para trasladar en un avión de la Fuerza Aérea Boliviana a los heridos más graves a hospitales de La Paz y Cochabamba, y adelantó que los niveles central, departamental y nacional correrían con los gastos de curación.

En Oruro, los hospitales Obrero y San Juan de Dios, el policlínico Oruro y las clínicas de la Caja Petrolera de Salud, Cristo Rey y Natividad atendieron a los lesionados. Quince pacientes fueron transferidos a nosocomios de otras capitales, siete al hospital Arco Iris de La Paz y ocho a la clínica Los Olivos de la capital cochabambina.

El martes 11, un proyecto de modificación presupuestaria del Ejecutivo edil para destinar Bs 600.000 para cubrir los gastos de curación de los lesionados fue rechazado por el Concejo de Oruro. La Alcaldía adquirió tres pasos peatonales usados en el Carnaval, cada uno costó Bs 240.000.

Municipales marcharon en defensa de tres imputados

Juan Mejía

Funcionarios, obreros y concejales tomaron ayer las calles de Oruro para condenar la imputación formal contra tres municipales por el desplome de una pasarela, el sábado 1 de marzo, que causó la muerte de cinco personas.

Los manifestantes acusaron al presidente de la Federación Departamental de Bandas Profesionales de Oruro, Gonzalo Choque, de manipular a la comisión de fiscales para inculpar a los tres funcionarios. La Razón no logró contactar al aludido para conocer su punto de vista sobre este cargo.

La marcha fue dirigida por un grupo que llevaba cascos de la Federación de Cooperativas Mineras, entre ellos el concejal Alfredo Valles, quien dijo que la imputación es una injusticia y que responde a una intromisión política de Choque, quien anunció que pedirá la ampliación de la acusación contra la alcaldesa Rossío Pimentel.

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