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Funeraria tiene monopolio sobre los muertos en accidentes viales

La propietaria de la empresa Monte Sacro informó que el acuerdo con la Federación de Transporte Interprovincial de La Paz data de 2008, el anterior dirigente lo niega.

Luto. El accidente de un bus de flota Yungueña dejó una decena de muertos en La Rinconada (2010). Archivo Ángel Illanes

Luto. El accidente de un bus de flota Yungueña dejó una decena de muertos en La Rinconada (2010). Archivo Ángel Illanes

La Razón (Edición Impresa) / Micaela Villa / La Paz

00:00 / 01 de abril de 2013

La Funeraria Monte Sacro tiene la exclusividad del traslado de cadáveres, servicios funerarios y el trámite de la indemnización del Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT) por un acuerdo con la Federación de Transporte Interprovincial de La Paz.

El convenio —revalidado el 20 de marzo de 2013— indica que Monte Sacro debe hacerse  “cargo de la atención de los servicios funerarios por muerte en accidentes de tránsito y otros, del trámite para el traslado de cadáveres de los lugares del accidente a la morgue (judicial), la entrega (de los cuerpos) a los familiares y realizar cuanto trámite sea necesario, inclusive el del SOAT”.

Según Crispín Aruquipa, ejecutivo máximo de la Federación —que tiene cerca de 3.000 socios, divididos en 70 sindicatos—, el convenio con Monte Sacro garantiza la atención no sólo a los propietarios de vehículos, choferes y ayudantes, además de sus familiares, sino se extiende a los pasajeros que transportan, en camiones, buses (36 pasajeros), minibuses (14 pasajeros), vagonetas, etc.

¿No habría un monopolio? preguntó La Razón, a lo que el dirigente respondió: “Sí habría, pero en algunas funerarias no hay confianza y tenemos que trabajar con las conocidas”.

La razón por la que se firmó este tipo de acuerdo, explicó Aruquipa, es porque otras funerarias realizan cobros excesivos por los servicios fúnebres y porque los familiares desconocen a menudo cuáles son los trámites que se deben efectuar para acceder a la indemnización ofrecida por el SOAT y para realizar el entierro.

“Monte Sacro —sostuvo— trabajaba siempre con nosotros, a una llamada se moviliza, hace creo autopsia de ley (sic.) y llevan los muertos hasta las localidades, se encargan de recoger, de llevar a la morgue, porque uno que no conoce, no sabe”.

Circuito. Verónica Quispe, administradora de la funeraria, indicó que este convenio lo renuevan cada año.

“El convenio con la Federación debe ser cinco años, y tres años que yo trabajo legalmente con ellos, cada año lo renovamos y justo ayer (20 de marzo) lo hicimos. Cuando pasa un accidente, el chofer se contacta con la Federación y ellos conmigo, y recién vamos”, explicó.

Cuando comenzó la indagación de este convenio, la periodista de La Razón fue advertida a través de un tercero de no seguir investigando ni publicar sobre el tema porque podía “tener problemas”.

Pese a la data del acuerdo señalado por Quispe, Mario Mamani, predecesor de Aruquipa como ejecutivo de la Federación de Transporte Interprovincial negó que en su gestión se haya pactado algún acuerdo con Monte Sacro ni “con ninguna funeraria. Yo estuve de 2011 a 2012, cada dos años cambiamos la directiva”.

Una fuente vinculada a este sector advirtió de que existen convenios de este tipo y que no están prohibidos. “Lo complicado”, precisó, se da cuando las funerarias ejercen funciones de las autoridades judiciales.

El jefe de la División Accidentes del Comando Departamental de Tránsito, coronel José Luis Cuevas, dijo que una funeraria no puede trasladar un cadáver del lugar del accidente ya que esa tarea es de la Policía, tal como indica el Reglamento del Código de Tránsito y el Código de Procedimiento Penal.

“Nosotros vamos al lugar del hecho, subimos el cadáver en la camioneta y hacemos la acción directa, y se lo deja en la morgue. No está permitido que otras personas recojan los cuerpos”, recalcó.

Sin embargo, Tránsito no realiza el levantamiento legal del cadáver cuando los parientes se oponen y firman un acta de oposición.

“Las normas de Tránsito se respetan, una funeraria no puede levantar, siempre es con el informe de Tránsito”, precisó el dirigente.El coronel Cuevas informó también que el lunes 25 algunas funerarias solicitaron hacer convenios con la unidad policial, algo que fue rechazado por ilegal por la autoridad.

“El servicio que ofrecemos es desde el cajón —cuyos precios oscilan entre Bs 800 a Bs 3.000— carroza, catafalco, trámites, Registro Civil, velas, el nicho, y la misa en el Cementerio General”, dijo Quispe.

Pero, ¿qué pasa si una familia desea contratar otros servicios? “Puede elegir, pero no hay confianza”, respondió Aruquipa.El esposo de Cinthia (nombre ficticio) murió el 21 de diciembre de 2012 en un hecho de tránsito a pocos metros de llegar a La Paz, el cuerpo fue trasladado a un hospital de El Alto, de donde personal de Monte Sacro lo recogió.

“No sé cuánto nos va a cobrar, tampoco me han pagado la indemnización, pero por el ataúd fue Bs 5.000, yo lo elegí”, indicó.

Para la abogada penalista Teresa Montaño, el monopolio está prohibido, ya que los familiares no están obligados a tomar los servicios de una sola funeraria.

Quispe también dijo que tiene un acuerdo con una aseguradora. “La idea de Seguros Illimani es que la familia debe recuperar más dinero (del SOAT) y la funeraria no debe aprovecharse. Les hemos hecho la propuesta y nos aceptaron”, apuntó.

La indemnización del SOAT en caso de muerte asciende a 2.300 DEG (Derechos Especiales de Giro), que serían entre $us 3.400 a $us 3.600. En caso de que los servicios funerarios cuesten Bs 2.500, la aseguradora cancela la indemnización descontando esa cantidad. La Razón buscó en su despacho al presidente de la aseguradora y planteó el requerimiento, pero su secretaria indicó que llamaría después para dar su versión, mas no lo hizo.

Lo que indica el código de tránsito

El artículo 349 del reglamento del Código de Tránsito dice, “conforme al artículo 117 (es el 177) del Código de Procedimiento Penal (CCP), el Servicio Nacional del Tránsito ejercerá funciones de Policía Judicial en los accidentes ocurridos dentro de las actividades reguladas en este ramo”. En el CPP se señala que la Policía “procederá a levantar el cadáver, disponiendo su traslado a los gabinetes médicos forenses o al lugar en el que se practicará la autopsia, a su identificación final y a la entrega a sus familiares”.

Gobierno investigará el acuerdo firmado; surgen otras denuncias

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó que se investigará el convenio firmado entre la funeraria Monte Sacro y la Federación de Transporte Interdepartamental de La Paz por el que, cuando sucede un accidente en las carreteras provinciales del departamento, la empresa traslada los cadáveres a la morgue judicial.

“Me sorprende, es una tarea de la Policía recoger los cuerpos de la gente que perdió la vida y trasladarlos a la morgue. Este circuito no es muy transparente”, dijo Romero, quien precisó que “ésta es una opinión preliminar”.

En el Código de Tránsito y en el Código de Procedimiento Penal se señala que en caso de accidentes, Tránsito actúa como Policía Judicial, es decir está facultado para hacer el levantamiento legal de los cuerpos, trasladarlos para su autopsia a la morgue y hacer la entrega a los familiares.

El ministro mostró su extrañeza sobre el convenio entre ambas partes e indicó que no pueden atribuirse competencias que no son legales.

“Vamos a investigar y tomaremos las medidas que sean correspondientes. Se puede firmar convenios para la prestación de un servicio, pero no para cumplir una función pública, que corresponde al Estado. Eso de recoger cadáveres no corresponde a una entidad privada, en este caso a una funeraria, vamos a pedir un informe a Tránsito”, sostuvo.

Denuncias. Dos fuentes que pidieron no ser identificadas denunciaron a este medio que la administradora de Monte Sacro, Verónica Quispe, recoge los cuerpos y los lleva directamente a su funeraria, luego se comunican con los parientes y les informan del costo del servicio.  

“Sus hermanos trasladan, luego a los familiares les obligan a tomar el servicio y les dice que tienen que aumentar por el cajón otra suma (aparte de Bs 2.500 por el servicio)”, dijo uno de ellos.

Otra fuente denunció que la empresa de pompas fúnebres tiene convenios con dos forenses, que facilitan la expedición del certificado, por lo que cobran Bs 300 y Bs 400 adicionales.

“Sólo si son no identificados los llevan a la morgue”, sostuvo la fuente consultada.

Quispe negó estas denuncias y manifestó que sólo cobra Bs 2.500 por sus servicios. “No es verdad (que lleve los cadáveres a su funeraria), si hago algo malo que me saquen al aire, voy a corroborar con documentos, pero que no me hagan daño, estoy haciendo obra social, nunca nos hemos aprovechado”, apuntó.

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