Ciudades

‘Gobernaciones y alcaldías destinarán Bs 470 MM a la seguridad ciudadana’. Carlos Romero

Las propuestas de inversión del 10% de los recursos del IDH deben ser analizados por el Gobierno nacional, los gobiernos municipales y las nueve gobernaciones del país

Respuestas. El ministro Romero en una entrevista con La Razón en su despacho, el 27 de febrero.

Respuestas. El ministro Romero en una entrevista con La Razón en su despacho, el 27 de febrero. Víctor Gutiérrez.

La Razón / Micaela Villa / La Paz

00:00 / 03 de marzo de 2013

— ¿Qué entidades territoriales autónomas ya presentaron sus planes de seguridad ciudadana?

— Tenemos un 60% de departamentos que cuenta con su Plan de Seguridad Ciudadana. Estamos hablando de La Paz, Cochabamba, Pando, Potosí, Oruro, Tarija y Chuquisaca. En el caso de Santa Cruz, no hay un plan que nos hayan enviado o puesto en conocimiento y tampoco Beni.

— ¿Cuál es la razón por la que los gobiernos de estos dos departamentos no presentaron sus planes?

— En el caso del Beni, la coyuntura electoral es la que ha imposibilitado un cumplimiento de fechas establecidas, aunque se han definido los reglamentos estratégicos de acción de su Consejo de Seguridad. (En el caso) de Santa Cruz, desconozco las razones. Esperemos que lo hagan y que sean más ágiles.

— ¿Hasta cuándo tienen plazo  los Consejos Departamentales de Seguridad Ciudadana para cumplir este requisito?

— No hay una norma que establezca un plazo para la presentación de los planes, pero en la última Cumbre de Seguridad Ciudadana (del 25 al 26 de octubre en Cobija, Pando) hemos establecido que lo ideal es que sea durante el primer mes de cada año.

— ¿Entonces tendría que haber sido hasta enero?

— Correcto.

— ¿Se ha establecido un nuevo plazo de presentación?

— En la próxima cumbre (que se efectuará en Sucre) vamos a pedir que gobernaciones y municipios de capitales expongan su Plan de Seguridad Ciudadana, y los ajustaremos y compatibilizaremos  ahí mismo, entre gobernaciones, municipios y el Gobierno.

— ¿Por qué hasta esta fecha?

— Planteamos adelantar la Cumbre de Seguridad Ciudadana, que está programada para la finalización del primer semestre y será en Sucre, a efectos de poder analizar los distintos planes.  Es una tarea nueva para las gobernaciones y municipios. Al haber asignado el 10% del IDH para municipios de más de 50 mil habitantes y para gobernaciones, y 5% para municipios de menos de 50 mil habitantes, que sumará para la presente gestión una cifra de Bs 470 millones como aporte de gobernaciones y municipios.  

— ¿Qué pasará si no ejecutan esos fondos?

— Les hemos planteado que se haga una evaluación a mitad de semestre de los avances de planes y políticas. Si no ejecutan los compromisos asumidos en ese semestre, se aplicaría la fórmula del débito automático para que el Gobierno nacional se haga cargo de la ejecución (como dispone la Ley del Presupuesto 2013).

En contrapartida, ellos han pedido que se flexibilicen los procedimientos administrativos, que  eran demasiado burocráticos y dilatorios e impedían la ejecución de sus recursos, por eso recientemente se ha dictado un decreto que permite contrataciones directas hasta Bs 50 mil.  

Por ejemplo, el año pasado la Gobernación de Santa Cruz ha programado Bs 30 millones para seguridad ciudadana y, de acuerdo con la información que tengo. sólo Bs 5 millones han sido ejecutados. Cuando no hay un plan, los aportes son de buena voluntad  para (cubrir) algunos requerimientos materiales de la Policía, pero no contemplan una articulación de políticas preventivas, de control, de coerción, que respondan a una estrategia integral, a las necesidades de la desconcentración de la Policía, que requiere infraestructura; a las necesidades de incremento de la cobertura del trabajo de vigilancia policial, que requiere tecnología; a la articulación de operadores y administradores de justicia en las Estaciones Policiales Integrales (EPI), etc.

— ¿Qué se conoce de algunos planes que son elaborados?

— El caso de Cochabamba es un ejemplo de un plan que tiene acciones muy concretas, compromisos muy claros y participación de todos los niveles del Estado. En Cochabamba hemos partido del reconocimiento que son tareas prioritarias encarar la producción de un nuevo centro penitenciario y llevar adelante la construcción de las EPI, edificar un centro de rehabilitación para jóvenes drogodependientes, implementar el centro de mantenimiento de motorizados de la Policía y un sistema de monitoreo inteligente a través de cámaras de vigilancia.

— ¿Y en otros departamentos?

— En Tarija hay compromisos muy significativos con la Alcaldía. En el caso de Potosí, su Gobernación está asumiendo la construcción de una nueva infraestructura para el Comando, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen  En el caso de Pando, la Gobernación ha entregado dos edificios, uno para la Brigada de Protección a la Familia y otro para la FELCC.

— ¿Y qué sucede en La Paz?

— Ustedes saben que son muy débiles los recursos de la Gobernación de La Paz, que tiene un plan pero no cuenta con financiamiento para cumplirlo. Es posible que el Gobierno nacional tenga que hacer un esfuerzo adicional para definir una contraparte. De hecho la reubicación de la cárcel de San Pedro la asumiremos nosotros.

— ¿Que se necesita para mejorar la seguridad?

— Depende de los casos, por ejemplo en Santa Cruz, (se necesita) entre seis a ocho EPI. Se requiere una nueva infraestructura carcelaria y centros de rehabilitación. Los costos de una cárcel deben ser de Bs 12 millones, sólo infraestructura.

Perfil

Nombre: Carlos Romero Bonifaz

Profesión: Abogado

Cargo: Ministro de Gobierno

Abogado e investigador

Estudió Derecho y es investigador en temas constitucionales, problemática agraria e indígena de tierras bajas, analista social y escritor. Desde su juventud se relacionó con los movimientos sociales y desempeñó cargos dirigenciales en la Universidad Mayor de San Andrés. Entre 1995 y 2000 fue responsable del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social CEJIS-Trinidad. En 2000, asumió la dirección ejecutiva nacional del CEJIS. Representó a Santa Cruz en la Asamblea Constituyente. A partir de 2008 fue ministro de Desarrollo Rural Agropecuario, de Autonomías, de la Presidencia y de Gobierno, su cargo actual.

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