Ciudades

Gobierno y Fejuve crean consejo de seguridad y activarán brigadas

Tras una marcha de miles de ciudadanos alteños que clamaron por seguridad y justicia, el Gobierno y la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto acordaron conformar el Consejo Alteño de Seguridad Ciudadana y activar brigadas vecinales.

Condena. Vecinos alteños movilizados, en demanda de la pena de muerte, protestan en el centro paceño.

Condena. Vecinos alteños movilizados, en demanda de la pena de muerte, protestan en el centro paceño. Foto: Miguel Carrasco

La Razón / M. Rivas / J. R. Castellón / El Alto

03:19 / 03 de marzo de 2012

La jornada de ayer estuvo marcada por dos movilizaciones, una en La Paz y otra en El Alto, ambas convocadas ante el incremento de la ola delincuencial en la urbe alteña. En esta ciudad, los trabajadores afiliados a la Central Obrera Regional (COR) marcharon desde la avenida 6 de Marzo hasta puertas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Una vez en el lugar, el dirigente Remigio Condori pidió al Gobierno la implementación de un referéndum nacional para que la población decida si está de acuerdo o no con la pena capital.

También se emitió un voto resolutivo de 12 puntos, uno de los cuales demanda que los minibuses decomisados a los cogoteros pasen a poder de la Policía.

En La Paz, marcharon los vecinos convocados por la Fejuve, que partieron en el Multifuncional de la Ceja, y llegaron a las puertas del Ministerio de Justicia. En su discurso, el presidente de la Fejuve, Rubén Paz, le dio al Gobierno 24 horas para que tome acciones en contra de la inseguridad.

Los marchistas portaban pancartas en las que pedían la pena de muerte y justicia, y lanzaban estribillos, como: “pena de muerte para los cogoteros”, “ladrón, cogotero, El Alto te quemará vivo”.  

En el recorrido recibieron el aplauso de los transeúntes paceños que se cruzaron con ellos.

En la caminata participaron decenas de víctimas y familiares de personas asesinadas por los cogoteros, que narraban sus historias a los medios de comunicación. Incluso, uno de ellos mostró sus cicatrices en el estómago, que le fueron provocadas durante un asalto del que logró sobrevivir.

Los movilizados, que habían anunciado su intención de ingresar a plaza Murillo, desistieron por la presencia de discapacitados, que continuaban en vigilia en inmediaciones del Kilómetro cero. De modo que descendieron por la calle Genaro Sanjinés y pasaron por puertas de la Corte Superior de Distrito, donde arengaron en contra de los fiscales, a los que tildaron de “corruptos”.

En las puertas del Ministerio de Justicia (en El Prado) los alteños exigieron la renuncia de la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, porque ésta no salió a atenderlos como pedían a gritos.

Por la tarde, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, convocó a los dirigentes de la Fejuve a un hotel en la urbe alteña para proponerles un plan de seguridad ciudadana para El Alto.

Tras horas de negociación, se acordó crear el Consejo Alteño de Seguridad Ciudadana, integrado por diez instituciones, encabezadas por el Ministerio de Gobierno, y secundado por la Fejuve y entidades como la Federación de la Prensa de esa ciudad, la COR y la Alcaldía alteña, entre otras.

En el encuentro quedó pendiente la principal demanda de los vecinos alteños, la implantación de la pena de muerte para cogoteros y violadores. Romero argumentó que esta medida está en contra de la Constitución Política del Estado, pero ante la insistencia de la dirigencia “su estudio quedó pendiente, según el presidente de la Fejuve.

Defensor del Pueblo se opone a la pena capital

El Defensor del Pueblo expresó su desacuerdo con el pedido de pena de muerte de los vecinos alteños.

“Se puede entender la preocupación si nos ponemos en el lugar de la gente, de tantas familias que han visto segadas las vidas de sus seres queridos, hay razones para decir la pena muerte, pero no estoy de acuerdo como Defensor del Pueblo”, sostuvo Rolando Villena.

Villena agregó que éste no es el camino de solución, porque sería un retroceso social pues implica la aplicación de la Ley de Talión.

La ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, también se manifestó en contra del pedido. Afirmó que la demanda va “en contra de los mandatos constitucionales”, que defienden la vida.

En la misma línea, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que la pena de muerte “no es procedente jurídicamente por mandato de la Constitución”.

Pero los choferes insistieron en la demanda alteña. El dirigente de la Confederación de Choferes, Franklin Durán, sugirió la realización de un referéndum para que la población defina si se aplica o no.

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