Ciudades

El Gobierno propone condenas acumulativas que superen 30 años

La estrategia también establece endurecer y anular la fianza juratoria para delincuentes reincidentes. La ciudadanía, a través de la junta de vecinos, es clave en el nuevo plan.

Protesta. Vecinos de la ciudad de El Alto demandaron el lunes pena capital para los asesinos.

Protesta. Vecinos de la ciudad de El Alto demandaron el lunes pena capital para los asesinos. Foto: Miguel Carrasco

La Razón / Carlos Corz y Miguel Rivas / La Paz y El Alto

03:16 / 07 de marzo de 2012

Para frenar la ola delictiva y responder a las demandas de seguridad, el Gobierno propone incorporar en la legislación penal la acumulación de condenas para los delincuentes, además de la restricción del beneficio de fianza juratoria y ‘drásticas sanciones’ para los reincidentes.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó ayer en un encuentro con periodistas que es preciso establecer nuevos mecanismos jurídicos para afianzar la lucha contra la delincuencia en Bolivia, la que en los últimos días motivó protestas de vecinos de El Alto y comunarios de tres provincias paceñas que exigen pena capital para asesinos y violadores.

Una de las iniciativas de la estrategia —denominada Alianza Estado-Policía-Ciudadanía— es modificar el Código Penal para que las condenas contra los delincuentes sean acumulativas, es decir que cada delito sea juzgado de forma individual a otro, de modo que el mayor (por ejemplo un asesinato) no pese sobre el resto de los ilícitos cometidos por el antisocial.

“Que los delitos se sancionen independientemente y que la ley de fianza juratoria se aplique a personas sin antecedentes”, propuso Romero.

Parte del actual artículo 27 del Código Penal refiere, precisamente, que “el presidio se aplicará a los delitos que revistan mayor gravedad y tendrá duración de uno a treinta años (la mayor pena aplicada en el país). En los de concurso, el máximo no podrá, en ningún caso, exceder de 30 años”.

El constitucionalista y exministro de Justicia Luis Vásquez sostiene que esta iniciativa debe aplicarse a quienes “hacen del delito una forma de vida” y para tener éxito debe estar acompañada por una reforma de la Policía y del aparato judicial, además de una alianza estratégica con la sociedad, a través de sus instituciones.

La propuesta del Ejecutivo consigna un paquete de 10 leyes: de Seguridad Ciudadana; reformas al Código Penal; de Fianza Juratoria; de Tránsito y Seguridad Vial; de Armas, Municiones, Explosivos y otros; Justicia Penal contra la Delincuencia Juvenil; Contra el Consumo y Expendio de Bebidas Alcohólicas; Regulación de la Seguridad Privada; Ley del Ministerio Público (incorporación del delito de prevaricato contra fiscales que beneficien a delincuentes); y la Ley de Faltas y Contravenciones para la Policía.

Añade endurecer las penas y reformar la fianza juratoria para que no beneficie a reincidentes. Esta figura consiste en la promesa jurada del encausado de acceder a su libertad bajo las condiciones de comparecer ante autoridad judicial, concurrir a audiencias y no cambiar de domicilio, hasta que el juicio se lleve a cabo.

En la estrategia también se identifica a la población, a través de las juntas vecinales, como elemento clave, ya que una vez capacitada puede alertar y prevenir el delito en coordinación con la Policía que —dice Romero— será fortalecida con tecnología.

Crisis. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Miguel Vásquez, afirma que hay una crisis en materia de seguridad ciudadana y que es necesario trabajar en algo parecido a lo que eran las granjas de rehabilitación, lo que permitiría “sacar de las calles” a unos 1.500 delincuentes. Para el constitucionalista Óscar Davesiez, hoy debe hablarse de “seguridad humana” para garantizar que las políticas públicas estén acompañadas de acciones de educación y así generar una cultura donde la población juegue un rol determinante en su protección.

El fiscal general, Mario Uribe, coincide con el Gobierno en que es prioritario reformar el Código Penal y de Procedimiento Penal, aunque advierte que no será suficiente si no se otorga a la Policía, fiscales y operadores de justicia, los medios necesarios.

Romero ve importante la participación de los medios de prensa.

El Alto invertirá Bs 10 millones

El Gobierno Municipal de El Alto programó la inversión de Bs 10 millones para seguridad en el Plan Operativo Anual (POA) 2012.

El burgomaestre de esta ciudad, Édgar Patana, detalló el destino que tendrá el dinero. Indicó que “tres millones y medio de bolivianos serán para seguridad ciudadana (instalación de cámaras de control en puntos clave, dotación de equipos de comunicación para las brigadas vecinales y otros), un millón y medio irán a costear la gasolina de los vehículos de la Alcaldía y otros insumos, y cinco millones para el plan zonas seguras”.

Éste consiste en ejecutar una serie de acciones, en coordinación con los vecinos, con la idea de intervenir en las zonas de más riesgo. Por ejemplo, en ésas funcionarán las brigadas vecinales equipadas; aún se analiza en qué sectores aplicar el plan.

Por otro lado, el Alcalde admitió que en 2011 no pudo cumplir con todas las obras prometidas y anunció que 2012 será el año de los grandes proyectos.

Según el presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, Rubén Paz, la gestión de Patana “es una de las mejores que hemos tenido, pero hay que encaminarla mejor, tenemos muchas cosas que debemos resolver aún”.

El concejal opositor Óscar Huanca (MSM), presidente de la Comisión de Desarrollo, expresó su malestar por las pocas obras que recibió la ciudad. “Se inaugura un hospital sin equiparlo, se presentan inicios de obras, pero no hay obras para destacar y que los alteños esperan desde hace años, como la terminal, el palacio consistorial, entre otras”.

Patana anunció el inicio de la ampliación de la avenida Héroes del Kilómetro 7, la carretera El Alto-Viacha, la construcción del palacio consistorial y la terminal de buses y obras viales menores en diversos distritos. Éstas serán anunciadas por el presidente Evo Morales, agregó el Alcalde.

El número de pandillas pasó de 400 a 700 en un año

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Miguel Vásquez, informó ayer que en Bolivia fueron registradas en 2011 al menos 700 pandillas juveniles, es decir 300 más respecto a las que existían en 2010. Atribuyó el hecho a la falta de una cultura de seguridad ciudadana y la atención a los hijos.

“Hemos olvidado fortalecer los valores en los hogares bolivianos; no hay comunicación entre padres e hijos, ésto deriva en inconductas y baja autoestima de niños y niñas. Estamos generando materia prima para ser reclutada por pandilleros”, advirtió la autoridad en una reunión con periodistas en el que, junto al ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó la estrategia para combatir el delito.

Para 2010, las 400 pandillas contaban con al menos 11.000 integrantes, agregó la autoridad.

Romero explicó que la construcción de una cultura de seguridad ciudadana es tarea de todos y no sólo de la Policía. “Un pequeño puñado de delincuentes no puede atemorizar a toda la población”, reflexionó y propuso una alianza Estado-sociedad en el desafío planteado. Vásquez insistió en que es necesario equipar a la Policía, aunque precisó que la participación de la sociedad en las reformas es vital para el éxito de la estrategia.

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