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Alcaldía de La Paz se querella contra el dirigente vecinal Jesús Vera

El dirigente fue denunciado por ante el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen por obstruir  los servicios públicos y de la función pública.

Jesús Vera, presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) La Paz.

Jesús Vera, presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) La Paz. Foto: Pedro Laguna - archivo

La Razón Digital / Daymira Barriga / La Paz

13:00 / 14 de junio de 2017

El gobierno municipal presentó hace unos minutos una querella penal contra Jesús Vera, presidente de una de las tres federaciones de juntas vecinales (Fejuve) que hay en La Paz, y quieren resulten cómplices y encubridores en los presuntos delitos cometidos durante las movilizaciones de este sector contra la Ley 233.

“El día de hoy se ha formalizado una denuncia ante la fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) contra el señor Vera y quienes resulten cómplices y encubridores de los delitos que se han cometido y se vienen cometiendo todos estos días”, informó en una rueda de prensa el director jurídico edil, Fernando  Velásquez.

Vera —cuyas bases mantienen cercado el Palacio Consistorial desde el mediodía de ayer— es sindicado de obstaculizar el ejercicio de  la función pública  al impedir el acceso de los funcionarios municipales, y delitos contra la salud pública, ya que los piquetes de bloqueadores impidieron ayer el paso de los carros recolectores de desechos al relleno sanitario de Alpacoma.

“La ciudadanía es testigo de que se ha perjudicado el servicio de recolección de basura, que se ha impedido el ingreso al relleno sanitario, ha habido obstrucción a servicios públicos, ahí se ha cometido un ilícito; y el día de ayer ha sido lo más patente y grave, se ha retenido contra su voluntad a ciudadanos que no tenían nada que ver con el conflicto y hoy día lo mismo se han cerrado las oficinas impidiendo ejercicio funciones de los funcionarios”.

El artículo 214 del Código Penal —atentado contra los servicios públicos— dispone una pena de privación de libertad de dos a seis años para quien  por cualquier medio, atentare contra la seguridad o el funcionamiento normal de los servicios públicos de agua, luz, substancias energéticas, energía eléctrica u otras, y la circulación en las vías públicas.

El mismo cuerpo legal, en el artículo 161 —impedir o estorbar el ejercicio de funciones— dispone una pena de reclusión de un mes a un año para quien estorbe a un funcionario público el ejercicio de sus funciones.

 

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