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Paro indefinido en el Hospital del Niño; exigen libertad de 6 colegas

La Federación de Sindicatos de Ramas Médicas en Salud Pública (Fesirmes) se declaró   en emergencia y no descarta sumarse a la medida de presión si no es escuchada

Protesta. El ingreso principal al Hospital del Niño, Miraflores, fue cerrado al público ayer al mediodía.

Protesta. El ingreso principal al Hospital del Niño, Miraflores, fue cerrado al público ayer al mediodía. Pedro Laguna.

La Razón (Edición Impresa) / Guadalupe Tapia, Wilma Pérez / La Paz

01:12 / 18 de noviembre de 2014

“No somos asesinos”. Con esa consigna, médicos, enfermeras  y personal de apoyo del Hospital del Niño declararon al mediodía de ayer un paro indefinido con el que exigen la liberación del equipo imputado por el infanticidio de Alexander y por complicidad.

El sábado, la Fiscalía imputó a siete personas por el fallecimiento, la noche del jueves, de Alexander Ch. V., un bebé de ocho meses que estaba internado en el Hogar Virgen de Fátima de La Paz. La juez Lía Cardoso ordenó la detención preventiva de Madeleine Paola P. Ch. (del establecimiento de acogida) en el centro de rehabilitación de Calahuma y de las enfermeras Naty Ch. B. y Martha T. A. en los centros de Orientación Femenina de Obrajes y Miraflores, respectivamente. A las tres se les acusa de infanticidio.

La enfermera Isabel C. C., la médico Sandra D. M. C., el estudiante Darío R. T. y el médico José Luis D. A. son acusados de encubrimiento y están con detención domiciliaria. El paro que comenzó ayer no implica la suspensión del servicio de emergencias, informó Joseph Henao, director de ese nosocomio.  Los directores del Hospital de la Mujer, Gustavo Marconi; del Instituto Nacional de Oftalmología, Joel Moya; del Instituto Nacional del Tórax, Germán Villavicencio; del Gastroenterológico, Ernesto Loza, y el de Clínicas, Jorge Juaniquina, dieron su apoyo moral a sus colegas Del Niño.

La asamblea que decidió adoptar la medida de presión, también votó por contratar abogados para que defiendan a sus colegas y poner cuotas para pagar sus servicios, conformar una comisión de médicos especialistas que solicitará la necropsia del bebé. Además, declaró vigilia permanente y garantías para el ejercicio de su profesión ante la precariedad del sistema público de salud.

Henao reiteró que el día que fue internado Alexander, los ocho cubículos de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) estaban ocupados y no había espacio para más, motivo por el que se coordinó su traslado al hospital Juan XXIII. La prioridad era reanimarle, porque llegó sin signos vitales.

Los ánimos se enervaron más tras una visita del ministro de Gobierno, Jorge Pérez; la fiscal Lizeth Zarco y policías investigadores, quienes se reunieron con la administración del hospital. Allí fueron informados de cómo trabajan, visitaron la UTI y presenciaron cómo se realiza una reanimación.

“Hemos estado conociendo dónde fue atendido el menor, cómo fue atendido”, dijo Pérez. Al concluir la verificación, Zarco señaló que no estaba autorizada a formular declaraciones. El pediatra Wilfredo Pastén informó que recibieron apoyo de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas en Salud Pública, que se declaró en emergencia.

“Si es que no hay respuesta, es probable que se sumen a nuestra medida”, advirtió. El Hospital del Niño cuenta con 300 trabajadores; al día se realiza un promedio de 145 consultas externas. Las emergencias serán atendidas por diez personas, en dos turnos.

Cocarico no explica contratación de joven

Guadalupe Tapia, Dennis Luizaga

¿Por qué una joven sin experiencia estaba al cuidado de Óscar Alexander en el Hogar Virgen de Fátima y de otros ocho bebés? ¿Cómo y quién la contrató? El gobernador de La Paz, César Cocarico, evitó ayer hablar de Madeleine Paola P. Ch., de 19 años, quien se halla con detención preventiva.

“Quisiera que hablemos de lo central. Quisiera que evaluemos si el hecho ocurrió en el hogar o no. Parece que algunos están tratando de hacer ver que fue en el hogar”.  La autoridad lamentó que se quiera hacer ver al centro de acogida, que depende del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), como “sitio de tortura”.

Cocarico recordó que se inició un proceso administrativo y se dio vacaciones a la enfermera, al portero y al médico que atendieron al bebé y negó que se haya removido al personal, como dijo el viernes el Sedeges. “Si derivan procesos penales, se los seguirá, muchos que seguramente no continuarán en el hogar”, dijo. Karen Pereira, asesora legal del Sedeges; Bonny Villca y Celia Agramont, representante legal y administradora del hogar, respectivamente, aseguraron que el bebé no fue vejado en el albergue.

Dos directores supervisarán a la comisión de 4 fiscales

Yuvert Donoso

La Fiscalía General del Estado envió a dos directores nacionales para supervisar el trabajo que realiza la comisión de fiscales que indaga la muerte del bebé Alexander Ch. V. y cuyo desempeño, reflejado en la imputación, fue calificado por la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, de deficiente.  Se trata de directores de Gestión Fiscal y la Fiscalía Especializada para Atención de Víctimas, Víctor Hugo Cuéllar y Fabiola Tito, respectivamente.

Ambos se trasladaron ayer a La Paz para seguir y supervisar que los actos procesales se realicen con objetividad, legalidad, oportunidad y cumpliendo los plazos. El Ministerio Público determinó también realizar hoy una reconstrucción de los hechos ante las contradicciones surgidas en las declaraciones de los imputados en la muerte del bebé.

Ampliación. El caso fue declarado en reserva. Gutiérrez anunció ayer que pedirá la ampliación de la investigación a otros tipos penales como “incumplimiento de deberes, infanticidio, violación y complicidad, porque la calificación de delitos son provisionales en la imputación y se pueden modificar en la etapa preparatoria”, explicó.

A su juicio, no solamente hay delitos de infanticidio o encubrimiento, sino complicidad e incumplimiento de deberes de las personas que participaron en la evacuación del bebé del Hogar Virgen de Fátima, quienes lo atendieron en el Hospital del Niño y en el Juan XXIII. “Son muchas falencias, mucha dejadez en cuanto a la investigación, en cuanto a la imputación presentada”, afirmó en una entrevista concedida a la red Uno. 

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