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Pasaje interprovincial de Bs 3,50 a Bs 100, propone la Gobernación

La Gobernación de La Paz fijará esta semana la escala tarifaria del transporte interprovincial de pasajeros, que dependerá de los kilómetros recorridos y las modalidades de servicio. Los pasajes propuestos van de Bs 3,50 a más de Bs 100. Los choferes buscan una elevación.

Informal. Minibuses esperan pasajeros en inmediaciones del Cementerio General de La Paz.

Informal. Minibuses esperan pasajeros en inmediaciones del Cementerio General de La Paz. Foto: Nicolás Quinteros - Archivo

La Razón / Guadalupe Tapia / La Paz

00:00 / 27 de enero de 2013

La Gobernación de La Paz fijará esta semana la escala tarifaria del transporte interprovincial de pasajeros, que dependerá de los kilómetros recorridos y las modalidades de servicio. Los pasajes propuestos van de Bs 3,50 a más de Bs 100. Los choferes buscan una elevación.    

“Las tarifas varían según las modalidades. Hay ómnibus, minibuses, ‘surubíes’, taxis y buses. Cada una tiene variaciones de acuerdo con las distancias que recorren”, explicó el director departamental de Transportes de la Gobernación, Javier Cornejo. 

La propuesta que hará pública el gobierno departamental señala, por ejemplo, que el recorrido más barato, de Bs 3,50, es el que se hace en bus de La Paz a Huajchilla.

Los trayectos más largos en la misma modalidad hacia Apolo, por ejemplo, costarán Bs 100.

Para elaborar el tarifario del transporte interprovincial esa dirección tomó como base tres elementos técnicos: el número de pasajeros, la modalidad de transporte y la distancia recorrida. Adicionalmente se incluyeron las actas de acuerdos que suscribieron autoridades, pobladores y transportistas para legalizar las tarifas que están vigentes.

“Se ha establecido que las tarifas interprovinciales deben mantenerse, no hay autorización para incrementarlas. Si los choferes tienen alguna demanda en ese sentido, tendrían que hacer llegar una nota a la Gobernación para hablar sobre el tema, pero hasta la fecha no tenemos ninguna solicitud formal”, apuntó.

Regulación. A fines del año pasado, el gobierno departamental asumió la tarea de regular por primera vez el transporte interprovincial, en cuanto a calidad, comodidad y seguridad, pese a que existen sindicatos que trabajan en estas vías por más de 30 años. Después de este paso, el siguiente es la aprobación de la escala tarifaria.

Las acciones que lleva adelante la Gobernación se efectúan al amparo de la Ley General de Transporte  —que entró en vigor en agosto del año pasado— y cuyo artículo 21 dispone que los gobiernos autónomos departamentales deben “ejercer competencias de control y fiscalización para los servicios de transportes de alcance interprovincial e intermunicipal”, y regular el servicio y las tarifas.

Con la entrega de la Tarjeta de Operaciones para los conductores que prestan el servicio entre provincias, a fines de 2012, el gobierno departamental autorizó 32 recorridos que llegan a las 20 provincias.

Los gremios que trabajan en estos sectores son la Federación Departamental de Choferes 1° de Mayo, Federación Andina de Choferes 1° de Mayo de El Alto, Federación del Transporte Interprovincial del Departamento de La Paz, Federación Departamental de Cooperativas de La Paz, Federación de Transporte Libre y la Subfederación de Regional de Transporte Volantes a Yungas.

El secretario general de la Federación de Transporte Interprovincial del Departamento de La Paz, Hugo Flores, dijo que la política tarifaria debe ser debatida con el gremio.

“En las 20 provincias debería generarse un incremento del 20% o 25%, sobre todo por el mal estado de los caminos en el altiplano. Además se tendría que tomar en cuenta los kilómetros que se recorren”, señaló.

Bernardo Condori, de la Federación Andina de Choferes 1° de Mayo de El Alto, manifestó que los pasajes interprovinciales están congelados desde hace seis años y deberían ajustarse. “No hay una posición sobre ese tema, pero sin embargo es de conocimiento público que las tarifas de transporte interprovincial son mal pagados.

Vamos a esperar la convocatoria de la Gobernación para concertar”, apuntó.

Andrés Patón, ejecutivo de la Federación Volantes a Yungas, expresó que se deben revisar las tarifas interprovinciales, pero que ese trabajo se hará de manera coordinada con el gobierno departamental.

“Nunca nos han regulado y estamos funcionando de acuerdo con la oferta y la demanda. En más de 13 años no hemos tenido un aumento”, afirmó el representante, quien prefirió no ensayar propuestas de incremento.

Controles. Además de la publicación de rutas, recorridos y tarifas del transporte interprovincial, la Gobernación culminará el 20 de marzo con la entrega de las Tarjetas de Operaciones.

Se calcula que en La Paz existen 32 mil motorizados de transporte público que deben ser regulados por el gobierno departamental, de los cuales 27 mil corresponden al servicio intermunicipal y casi 5.000 al transporte interprovincial.

“A la fecha hemos otorgado tarjetas a más de 4.200 unidades de transporte interprovincial, casi al 80%; el plazo se extenderá hasta el 17 de marzo para los rezagados. Con este registro, que garantiza la prestación del servicio, se complementará el establecimiento de las tarifas máximas y mínimas que deben ser acatadas en el departamento”, señaló Cornejo.

Las modalidades a las que se entregaron tarjetas son coches con capacidad para más de 21 pasajeros (ómnibus, buses, micros), para 14 pasajeros (minibuses) y los de menos de siete (“surubíes”, vagonetas y taxis).

“Se ha rechazado a casi 100 unidades de tres sindicatos por tres motivos: por lo obsoleto del vehículo, por no tener un sindicato legal y porque los conductores no cuentan con la licencia de la categoría adecuada”, enfatizó.

Suman 800 reclamos por mal servicio

La Dirección Departamental de Transportes recibió alrededor de 800 reclamos por deficiencias en el servicio interprovincial. De ese total, en 100 casos se dio una solución, que derivó en la devolución de pasajes; en 300 se hizo un proceso de conciliación y se dio un plazo a las empresas para que subsanen las fallas denunciadas; y en 400 se inició el proceso sancionatorio, que dura tres meses y que además culmina en la imposición de una multa y la suspensión de días de operación a la unidad infractora. 

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