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El Alcalde de Pocoata vuelve a la cárcel, el TDJ revocó su libertad

Sanción. Presidenta de la Magistratura abre la posibilidad de procesar a juez Fonseca

Detenido. Teodoro Rueda, alcalde de Pocoata, habla en un acto público.

Detenido. Teodoro Rueda, alcalde de Pocoata, habla en un acto público. Juan Carlos Enríquez.

La Razón (Edición Impresa) / Daymira Barriga / La Paz

02:10 / 23 de mayo de 2014

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Potosí revocó la libertad del alcalde de Pocoata, Teodoro Rueda Vásquez (MAS), quien ayer fue recluido en la cárcel de Uncía mientras se efectúa el juicio por la violación y el asesinato de Lucía Ch. P.

El 27 de marzo, el juez de Colquechaca Emilio Fonseca ordenó  la libertad del procesado —recluido desde el 10 de diciembre en la penitenciaría potosina de Uncía—, quien llegó a un acuerdo con Felipa P., madre de la víctima, a la que le entregó $us 9.000 para que desista del proceso.  Como medidas sustitutivas, el juez le impuso el pago de una fianza de Bs 6.000, la presentación en el Ministerio Público cada 15 días para firmar un libro y su arraigo nacional.

La liberación de Rueda y las presiones de sus seguidores al Concejo Municipal para que lo restituya —el Legislativo edil le devolvió su cargo tres veces en menos de 20 días—, levantaron una ola de críticas contra la administración de justicia.

“Los magistrados Jorge Valderrama y María Isabel Vásquez revocaron la decisión del juez Emilio Fonseca”, informó José Luis Barrios, el fiscal departamental de Potosí, en declaraciones a la radio Aclo Potosí. Rueda, quien ejercía desde el martes, cuando por tercera vez fue rehabilitado como alcalde, fue detenido en Pocoata ayer a las 09.00 y trasladado a la cárcel de Uncía.

Sanción. La sesión en la que se le devolvió el cargo se efectuó bajo presión, contó anoche a La Razón la concejala Aurora Villalta, quien se encuentra en La Paz. El lunes, los comunarios pidieron audiencia pública y “ahí nos han presionado”.

Cristina Mamani, presidenta del Consejo de la Magistratura, declaró en la sede de gobierno que la liberación de Rueda con medidas sustitutivas estaba “totalmente fuera de lugar”. Como los jueces disciplinarios “no pueden actuar de oficio”, la autoridad abrió la posibilidad de someter a Fonseca a un proceso interno si la Fiscalía presenta una queja.

La auxiliar de enfermería Lucía Ch. P. fue violada y asesinada el 6 de diciembre del año pasado. Ese día se efectuaba una entrada folklórica en Pocoata. Según el chofer de Rueda y otro funcionario, el burgomaestre se encontró con la joven y se ofreció a llevarla en el vehículo oficial. Ella les acompañó a entregar obras y retornaron entre las 19.00 y 20.00.

Según ambos, el alcalde le pidió al conductor las llaves del motorizado, dejó a sus acompañantes en la plaza y se fue con la joven. Fue la última vez que fue vista con vida, su cadáver fue hallado abandonado a la vera del camino que conduce a Llallagua. Lucía Ch. había sido abusada sexualmente y tenía una profunda herida en la nuca.

Una prueba de luminol al motorizado oficial —que había sido lavado por orden del burgomaestre— halló rastros de sangre por dentro y fuera. Con esos elementos y las contradicciones detectadas en sus declaraciones, Rueda fue imputado por los delitos de violación y feminicidio. Después del desistimiento de la familia de la víctima, el fiscal Emilton Jara continúa de oficio el proceso.

Transacción. La Ley 348 —“Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”— dispone  que no puede haber transacción económica del delito de feminicidio. “La reparación, si existe un acuerdo entre partes, no implica que la pena tenga que ser mínima o que no tenga que aplicarse la ley”, recalcó ayer el fiscal de Potosí.

De momento, Pocoata se encuentra sin alcalde. “La presidencia del Concejo debe convocar con 48 horas de anticipación a una sesión extraordinaria”, que tendría que realizarse la próxima semana, explicó Villalta. Tanto ella como el concejal Ismael Acarapi, del Movimiento Originario Popular, se encuentran fuera de la localidad, por lo que no habría quórum.

La ley 348 prohíbe la conciliación

Excepción

El artículo 46 de la Ley 348 prohíbe la conciliación en cualquier hecho de violencia contra las mujeres si es que está en riesgo su vida o su integridad sexual. Ninguna institución  puede promover la conciliación o la firma de un acuerdo; si lo hacen, pueden ser sancionadas.  También dispone que si la víctima de forma personal y sin presión lo quiere, se podrá conciliar una sola vez, aunque no en los casos en que se afecte su vida o integridad sexual. 

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