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Prevención, rehabilitación y control, tres tareas pendientes

En enero de este año siete inhaladores de clefa abusaron sexualmente a una colegiala de 15 años. La víctima retornaba de clases junto a su enamorado, cuando fue interceptada por los agresores. El muchacho fue reducido y la víctima, vejada.

La Razón (Edición Impresa) / A. Melgarejo / Cochabamba

00:00 / 26 de abril de 2015

En enero de este año siete inhaladores de clefa abusaron sexualmente a una colegiala de 15 años. La víctima retornaba de clases junto a su enamorado, cuando fue interceptada por los agresores. El muchacho fue reducido y la víctima, vejada.

La presencia en los espacios públicos de los y las “polillas”— niños, adolescentes y adultos que viven en la calle en Cochabamba— es un problema; pero a más de 20 años de su aparición, las autoridades no hallan una fórmula de prevención y rehabilitación.

Trabas. El Comando Departamental de la Policía propuso aprobar una norma para prohibir el consumo de la clefa y el thinner en espacios públicos, y obligar a los consumidores a internarse hasta su restablecimiento en un centro de acogida.

El anteproyecto fue redactado, pero tropezó con la falta de recursos económicos para encarar la rehabilitación. El coronel Marco Miranda, jefe de la Unidad de Planeamiento del Comando, explica que el plan comenzó a ser socializado con los vecinos para que aporten Bs 0,20 por familia al mes.

 Sin embargo, Joel Flores, presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), recuerda que esta organización pidió que la Gobernación presente un proyecto a diseño final del albergue, lo que no hizo. “Se debe recoger a la gente, eliminar su situación de calle y drogodependencia, y albergarlos para rehabilitarlos”.

De tener el proyecto “podríamos ayudar económicamente a sostenerlo, pero primero queremos verlo. Entendemos que se trabaja en ello”, explica.

En el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) se  asegura que la reinserción es una política de Estado y que la Unidad de Justicia Juvenil, Rehabilitación y Apoyo Educativo (UJJRAE) ejecuta un plan para sacar de la calle a los niños, niñas y adolescentes.

Raúl Albán, responsable de la UJJRAE, sostiene que al menos 400 de estas personas son adolescentes, varones y mujeres.

En 2014, después del censo a  este grupo poblacional que estableció la existencia de 970 inhaladores y alcohólicos, llevó adelante un plan piloto que arroja buenos resultados, según Albán.

Se dejó de lado el asistencialismo, criticado por la Policía y que apunta a las organizaciones no gubernamentales que entregan medicamentos, comida y ropa a estas personas, “generando en ellos el pensamiento de que están bien en las calles, que están ahí y tienen todo. Esto es lo que se debe cambiar”, recalca.

La unidad creó las “comunidades terapéuticas” para menores en situación de calle y aquellos que tienen conflictos con la ley. Cerró las casas de acogida y en su lugar abrió centros en los que se aplica el programa Camino. El trabajo es ambulatorio, 33 profesionales en diversas áreas  trabajan en la atención básica en salud y alimentación.

Pero “esto debe suponerle al adolescente compromiso, trabajo. Él accede a estar limpio, sin consumo, para tener el beneficio”. La decisión última es de él.

Si supera la primera etapa, tiene la opción de pasar a la segunda, que consiste en pernoctar en el centro e iniciar el proceso de desintoxicación. Por norma, el tratamiento no puede ser forzado, ellos deben dar su consentimiento y aceptar dejar esa vida, indican Albán y Miranda.

El programa dura al menos tres meses, aunque varía de acuerdo con las personas.

Perspectiva. “Del año pasado a la fecha, entre varones y mujeres, 30 chicos están en nivel avanzado de rehabilitación, dos recibieron el alta terapéutica”, detalla Albán. Sin embargo, se requiere más trabajo y prevención, agrega.

Mientras haya familias desintegradas, la posibilidad de tener  menores de edad en las calles está abierta. Por ello se trabaja en “el proyecto grande de Playa Ancha para dar atención a los mayores de 18 años con la misma metodología de trabajo”.

La estructura costará aproximadamente Bs 23,3 millones, estará dividida en módulos y será edificada en Playa Ancha, municipio de Capinota.

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