Ciudades

Justicia busca incluir en el Código Penal el linchamiento

Estrategia. El objetivo es erradicar los ajusticiamientos hasta 2019

Entrevista. Nelson Cox, director de Justicia Indígena.

Entrevista. Nelson Cox, director de Justicia Indígena. Pedro Laguna.

La Razón (Edición Impresa) / Micaela Villa / La Paz

02:35 / 26 de julio de 2014

El 11 de mayo, Lenar Olivera Serrudo, de 35 años, fue quemado vivo por una turba en la localidad de San Antonio (Palos Blancos), en La Paz. Había confesado el asesinato de un vendedor de autos y fue arrebatado de manos de la Policía. Este linchamiento sigue en la fase de investigación.

Para evitar que la impunidad aliente los ajusticiamientos, el Ministerio de Justicia —que se ha propuesto como meta erradicarlos hasta 2019— trabaja en una estrategia 2015-2019 que tiene como punto destacado crear e incluir en el Código Penal este delito.

La norma vigente no tipifica el ajusticiamiento, y fiscales y abogados apelan a otras figuras, como el asesinato, asesinato en grado de complicidad, secuestro, torturas, lesiones graves, leves y gravísimas, lesión seguida de muerte, instigación pública a delinquir, entre otros.

“Debe hacerse la adecuación de la normativa para que exista el tipo penal de linchamiento, ya que se debe desarrollar un marco normativo que permita una sanción ágil y oportuna; actualmente es difuso porque no se sabe a qué tipo penal se va a subsumir el hecho que tiene que demostrarse en los tribunales”, explicó a La Razón  Nelson Cox, director general de Justicia Indígena Originaria Campesina, del Ministerio de Justicia.

“También hay que trabajar en un procedimiento específico en el Código de Procedimiento Penal”, añadió. ¿Cuántos linchamientos se produjeron este año? La Policía carece de datos oficiales y la dirección de Cox apela a las noticias publicadas en los medios de comunicación.

Así pudo establecer que en 2005 hubo 15 ajusticiamientos; en 2006, 14; en 2007, 31; en 2008, 44; en 2009, 39; en 2010, 30; en 2011, 26; en 2012, 67; y en 2013, 79. En la mayoría de los casos, el suceso que desencadenó la ira de la turba fue el robo, seguido le lejos por el asesinato  y el abuso sexual.

En cuanto a su ubicación geográfica, el 54,3% de casos ocurrió en el área urbana, mientras que el 45,7%, en el área rural. Por departamentos, la mayoría ocurrió en Cochabamba, con el 25,1% en el área rural y 17,1% en el área urbana. En el caso de La Paz, la cifra porcentual se invierte, 7% en el área rural respecto al 26,6% del área urbana  (ciudad de El Alto).

Cox se declaró preocupado porque actualmente no se cuenta con una estadística “oficial” de las ejecuciones que se cometen en el país. “La Policía no tiene denuncias de linchamientos y el Ministerio Público lo propio. No desagregan (los casos), por ello no se puede tener un elemento valorativo y su grado de vulneración de los derechos humanos.

El 7 de julio, tres presuntos ladrones de ganado fueron ajusticiados por comunarios de Topohoco, municipio de Corocoro, La Paz, luego de encontrarlos en flagrancia trasladando los animales. Los mataron a golpes e incineraron sus  cuerpos.

Ejes. Las principales causas por las que se cometen los ajusticiamientos colectivos son el descrédito del trabajo de la Policía y del Ministerio Público, la alta sensación de inseguridad y la impunidad de los linchadores.

Cox mencionó que como parte de este plan, se trabajarán en cinco políticas: marco normativo (1), cambiar el “ideario del linchamiento” en la población boliviana, a través de una estrategia comunicacional, talleres de derechos humanos a dirigentes vecinales, comunales, etc. (2) y cooperación internacional con entidades defensoras de derechos humanos (3).

También se pretende una articulación institucional (4), que implica impartir cursos de manejo de conflictos y tumultos para la Policía, que las alcaldías premien con obras a los “barrios libres de linchamientos”, etc., y desarrollar  mecanismos para el seguimiento de los casos (5).

“Tiene que haber informes de seguimiento y evaluación de la estrategia en todos sus ejes”, indicó el director. El 9 de mayo, la Policía rescató en Cocapata, Cochabamba, a Flora Q. Q., de 38 años, y su amante Gregorio Q.B., de 54, acusados por los pobladores de haber envenenado al esposo de ella, de 54 años, para huir a Argentina.

Demanda de defensoría

Justicia

El 11 de julio la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que exige  identificar a los responsables de linchamientos y proceder a su inmediata detención y enjuiciamiento en la vía ordinaria.

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