Ciudades

UNODC sugiere investigar la fortuna de redes de trata y tráfico

Dato. Bolivia celebra hoy el día nacional contra ambos delitos

Exposición. Walter Hoflich se dirige al auditorio, ayer.

Exposición. Walter Hoflich se dirige al auditorio, ayer. Ángel Illanes.

La Razón (Edición Impresa) / Kattya Valdés / La Paz

02:46 / 23 de septiembre de 2015

Para golpear a las redes de tratantes y traficantes de personas, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) recomendó hacer una investigación financiera del patrimonio de estos delincuentes. El Ministerio de Justicia organizó el Seminario Internacional “Avances y desafíos en la lucha contra la trata y tráfico de personas” para conmemorar el día nacional contra estos dos delitos que se celebra hoy.

Es importante “realizar una investigación financiera y patrimonial de las ganancias de los traficantes y tratantes porque su fin es lograr dinero, que después servirá para corromper a funcionarios y mantener viva la organización criminal que se mueve al margen de una persona como cabeza”, explicó Walter Hoflich, coordinador de proyectos de la Unidad de Prevención del Delito de la UNODC para Perú y Ecuador.

En ese marco, el expositor sugirió capacitar a policías y fiscales para realizar este trabajo y evitar que las organizaciones delictivas se sigan alimentando del dinero que obtienen. Al seminario internacional asistieron también el director general del Instituto Interamericano de la Niñez y Adolescencia, Víctor Georgi, y el representante en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Denis Racicot.

La trata es la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a amenazas, fuerza, rapto, engaño, incitación, coacción con fines de explotación (sexual, laboral, etc.); y el tráfico es el traslado ilegal de individuos de un Estado a otro. La Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas no incluye de forma expresa la incautación y secuestro de bienes de tratantes y traficantes, como lo hace la Ley 1008 sobre los narcotraficantes, o la Ley de Aduanas respecto a los contrabandistas.

Casas. Sin embargo, en el artículo 13 referido a la financiación de las actividades del Consejo Nacional establece que una fuente son “los recursos resultantes de la confiscación de bienes provenientes de delitos de trata y tráfico y delitos conexos, dispuesta en sentencia ejecutoriada”.

Hoflich también recomendó trabajar en la asistencia a las víctimas y para ello sugirió la apertura de casas de acogida en las que se les preste atención exclusiva.  La prevención de estos delitos, enfocándose en las poblaciones vulnerables, es otro planteamiento.

“Se debe trabajar en el concepto de seguridad humana que Naciones Unidas está impulsando, tener poblaciones empoderadas, informadas y que tengan acceso a servicios, bienes y derechos”. Además, destacó que es necesario un trabajo coordinado entre Policía y Fiscalía, y un manejo inteligente de la estadísticas que permitan identificar a las poblaciones más vulnerables para saber cómo abordarlas.

Ximena Fajardo, de la Unidad Contra la Trata y Tráfico de Personas del Ministerio de Justicia, dijo que en el país hay avances significativos en la lucha contra estos delitos, desde la aprobación en 2012 de la ley integral.  “Se cuenta con una política pública clara que establece todas las acciones que se deben realizar, y con un Plan Nacional que tiene un presupuesto para que todas ellas sean sostenibles”, puntualizó.

En esa línea dijo que también se avanzó en la suscripción de acuerdos bilaterales con Perú y Argentina —se negocia otro con Brasil— que permitirán combatir estos crímenes en los dos lados de las fronteras. La funcionaria destacó la elaboración de los protocolos de atención y repatriación de víctimas.

210 casos abiertos

2015

En lo que va de este año, la Policía abrió en Bolivia 210 casos por trata y tráfico de personas, según el Ministerio de Justicia.

Capacitar

En conmemoración a este día, hoy empezará un curso de capacitación destinado a jueces, fiscales y a otros servidores públicos.

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