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Silva presentará recurso de inconstitucionalidad contra 11 artículos de Ley Nº 233

Según el concejal del MAS, la norma vulnera el principio de irretroactividad de la ley, el de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito; el derecho al trabajo y la inviolabilidad del domicilio.

El concejal del MAS, Jorge Silva, durante una conferencia de prensa en su despacho. (Foto: Archivo)

El concejal del MAS, Jorge Silva, durante una conferencia de prensa en su despacho. (Foto: Archivo)

La Razón Digital / Daymira Barriga / La Paz

12:29 / 30 de mayo de 2017

El concejal masista Jorge Silva anunció esta mañana la presentación al Tribunal Constitucional Plurinacional de un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra 11 artículos de la Ley Municipal  de  Fiscalización y Control Territorial (Ley Nº 233).

Fabián Siñani, legislador de Sol.bo cuestionó que el opositor, en cuya comisión se trató el proyecto, no haya presentado un informe en discrepancia como dispone el Reglamento del Concejo Municipal de La Paz, y que  ni él ni los otros concejales del Movimiento al Socialismo (MAS) la hayan objetado en la sesión del pleno en la que fue aprobada.

“Que la opinión publica sepa que la sesión la condujo la concejala Mavel Machicado del MAS,  que no dijo nada. ¿Por qué no dijo nada Silva en la sesión del pleno?, inquirió.

Los principios constitucionales que según Silva son vulnerados por la norma son: la irretroactividad de la ley (Art 5, referido a Ámbito de aplicación y alcance); el precepto de que nadie puede ser juzgado dos veces por “el mismo  hecho” (Art. 18, Pluralidad de infracciones; Art. 21, Incumplimiento de la sanción de demolición y  Art. 25, Progresividad de la multa).

También vulnera _ arguyó el concejal_ el principio constitucional del derecho al trabajo (Art. 34. Retención y decomiso de maquinaria de los contratistas) y el de la inviolabilidad del domicilio (Art. 39, Apoyo de la fuerza pública y Art. 40, Cumplimiento de las sanciones).

Además, el opositor dijo que dos de los artículos de la norma incurren en la ilegalidad al  tomar competencias del gobierno nacional (Art. 6, Derechos de los administrados) y al establecer un mecanismo para legalizar un hecho ilegal (Art. 22, Conversión de la sanción de demolición en multa pecuniaria).

Siñani, por su parte, defendió la constitucionalidad del cuerpo legal. “La ley no es inconstitucional, tenemos toda la tranquilidad de que todo lo que hemos hecho está bien”. (30/05/2'17)

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