Ciudades

Sugieren políticas públicas contra la violencia sexual

Una ONG, que trabaja tres años con víctimas de violencia sexual infantil, considera que la raíz de estos abusos está en la cultura patriarcal y propone políticas públicas preventivas

La Razón / M.R. / El Alto

00:01 / 25 de marzo de 2012

La ONG Servicio y Estudios para la Participación Ciudadana en Democracia (Sepamos), financiada por EIRENE-BMZ de Alemania, sugiere la implantación de una política pública con tres componentes, seguridad ciudadana, enfoque de género y defensa de los derechos humanos, para erradicar la violencia sexual infantil.

Esta organización que trabaja tres años con tareas de prevención y de atención a víctimas de abuso sexual, concluye “que la violencia en la familia es parte de una cultura patriarcal vigente, por lo que se hace necesario que los educadores, docentes o personal profesional de proyectos dirigidos a la niñez y adolescencia trabajen con los enfoques de género y de derechos humanos, a fin de formar a niños y niñas desde una perspectiva de respeto y equidad  para cada uno de los sexos”.

En el trabajo que realiza, por ejemplo en la conformación de grupos de autoayuda integrados por víctimas de esos hechos violentos, encontró que “la falta de atención y afecto de parte de padres y madres de familia hacen que los hijos e hijas sean presas de condicionantes sociales como el alcoholismo, el consumo de drogas, la violencia escolar y sexual, y trata y tráfico”.

Entre otras de las conclusiones de su trabajo, Sepamos plantea que “los agentes encargados de brindar atención a los casos de violencia y violencia sexual e infantil en particular (salud, Policía, justicia y otros servicios sociales) sean capacitados  y sensibilizados para realizar su trabajo en el enfoque de los derechos humanos y de equidad de género”.

Es necesario que el Estado, a través de sus diferentes instituciones, promueva la atención especializada a víctimas de violencia sexual infantil, recomienda. Patricia Butrón, directora de Sepamos, señaló que las cifras con las que se trabaja en este tema provienen de instituciones, las cuáles no tienen información de la gran cantidad de casos que no se denuncian, lo que plantea, dice, una interrogante en torno a cuál es  realmente la cifra de hechos de este tipo ocurridos. Dijo que sólo es posible afirmar que cada vez y de forma alarmante se incrementan los abusos.

La entidad también encontró una escasa capacidad institucional para atender esta problemática. Apunta a que de 14 distritos municipales en la ciudad de El Alto, sólo seis cuentan con los servicios de las Defensorías de la Niñez, y critica la falta de políticas públicas de prevención de estos hechos.

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