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Por decreto, en 1985 se expropió el área deslizada en Kantutani

El decreto, de dos artículos, dispone la expropiación del área ya citada y prohíbe “en definitiva asentamientos humanos en toda el área expropiada y (...) dispone el inmediato desalojo de todas las ladrilleras que existen en el lugar, incluidas las existentes en la calle final Armaza y Muñoz Cornejo, para que la H. Alcaldía Municipal de La Paz emprenda de inmediato la ejecución de los trabajos proyectados”.

Observa la dimensión del deslizamiento ocurrido este 30 de abril en la zona paceña Inmaculada Concepción San Jorge.

Vista de la zona afectada por el deslizamiento del 30 de abril. Foto: @AbyaYalatv

La Razón (Edición Impresa) / Guadalupe Tapia / La Paz

12:39 / 08 de mayo de 2019

El Decreto Supremo 20922 del 17 de julio de 1985 ordenó la expropiación del área Kantutani y Alto Sopocachi para la construcción del Gran Jardín de la Revolución Nacional. El lugar fue urbanizado y una parte se deslizó el 30 de abril pasado.

La norma —gestión de Hernán Siles Zuazo— aprobó y homologó las ordenanzas municipales 0050/50 y 0053/85, del 22 de mayo y 3 de junio de 1985, respectivamente, que crean el Concejo (sic) Municipal de Deportes de la ciudad de La Paz y dispone la expropiación de toda el área de Kantutani y Alto Sopocachi, con destino a la construcción del “Gran Jardín de la Revolución Nacional”.

Según la normativa edil, correspondiente a la gestión del alcalde Mario Sanginés Ugarte, el espacio expropiado abarcaba toda el área superior de la actual avenida Kantutani hasta el antiguo tramo del ferrocarril, la colindancia natural con Achocalla y el entonces Cementerio Jardín.

El decreto, de dos artículos, dispone la expropiación del área ya citada y prohíbe “en definitiva asentamientos humanos en toda el área expropiada y (...) dispone el inmediato desalojo de todas las ladrilleras que existen en el lugar, incluidas las existentes en la calle final Armaza y Muñoz Cornejo, para que la H. Alcaldía Municipal de La Paz emprenda de inmediato la ejecución de los trabajos proyectados”.

Catorce años después, el 2 de diciembre de 1999, a través de la Resolución Municipal (RM) 481/99 se creó la Comisión de Delimitación del Gran Parque de la Revolución, cuya labor era evaluar, implementar, priorizar el área. Sin embargo, un año más tarde la Alcaldía detectó asentamientos humanos clandestinos y el incumplimiento del trabajo de dicha comisión.

Por ello emitió la RM 162/2000, en la que frenó por seis meses los trámites de otorgación de catastro, línea y nivel, aprobación de planos de construcción, muros de cerco, entre otros, e instruyó a la Dirección Jurídica edil la recuperación de predios en el caso de los asentamientos ilegales.

En 2001 se aprobó la RM 63/2001, en cuya fundamentación se informó que los trámites de catastro y similares continuaron “por desacato” de funcionarios municipales. Además se constató la existencia de remodelaciones urbanas realizadas por el entonces Departamento de Administración Urbana, superpuestas a predios de otras personas que no tomaban en cuenta el derecho propietario municipal.

También se hace notar que los asentamientos no tomaron en cuenta “la composición del área referida a suelos inestables y de riesgo no aptos para la construcción de edificaciones”.

Tras explicar esos antecedentes, la RM dispuso el deslinde de lotes y abrió la posibilidad de que quienes tenían predios en el área regularicen su situación.

Sin embargo, en el historial hay más. Previo al decreto 20922 de 1985, en 1980, la Alcaldía de La Paz inició un proceso de expropiación de 149,462 m2 a María Concepción Quisbert y Emma Quisbert Viscarra para instalar en el sitio el botadero de basura, proceso que nunca terminó.

Años después, con la expropiación dispuesta por el gobierno de Siles Zuazo, ambas figuraban como dueñas de 195.053.38 m2 en el sector ex Chacarilla. Sin embargo, luego de separar aires de río y área de equipamiento, el terreno útil de 117.105 m2 fue transferido a la municipalidad e inscrito en Derechos Reales en 1985. 

Quedó en mesa terminar la expropiación de los predios restantes, trámite que nunca concluyó.

Las dos propietarias entablaron una demanda en 2005 —gestión de Juan del Granado— exigiendo que se declare la nulidad de la expropiación, ya que nunca recibieron el justiprecio, informó el abogado Franklin Gutiérrez, quien es sobrino de ambas.

El juicio estaba para sentencia, pero el juez dispuso su extinción e hizo que éste pase al nuevo Código de Procedimiento Penal.

Según el entrevistado, entre 2000 y 2005 se conformaron “ varias asociaciones de loteadores” que comenzaron a vender lotes y, por el otro lado, las autoridades aprobaron planos y catastro.

“Cómo puede ser que un área que por decreto estaba destinada a no ser habitada de pronto aparece urbanizada y, lo que es peor, la Alcaldía que tenía el derecho propietario, ahora no lo tiene y va a expropiar nuevamente”.

En 2005, el Proyecto de Regulación de Urbanizaciones y Remodelaciones alertó del loteamiento en el sector del exbotadero, que debía ser destinado a área verde desde la gestión de 1994. Según un reporte de La Prensa de ese año, en el sitio Santiago N. y los hermanos Mamani vendieron lotes en lo que hoy son las urbanizaciones 14 de Septiembre y Kantutani.

Ese programa recomendó: rechazar las urbanizaciones, el desalojo de la zona, reubicación de familias que fueron estafadas y un estudio parasitológico para detectar enfermedades. En el sector, ese año atendieron 80 casos de diarreas agudas e infecciones cutáneas. “La salud de estas personas está en riesgo porque no tienen agua potable y porque los lixiviados continúan emanando de los promontorios de residuos”. (08/05/2019)

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