Ciudades

Hay debate por saneamiento de predios ediles avasallados

Pugna. Dos conaljuves se arrogan la representatividad de los vecinos

Ocupación. Avasalladores discuten con policías en Mallasa, el año pasado.

Ocupación. Avasalladores discuten con policías en Mallasa, el año pasado. Foto: Archivo Alejandro Álvarez

La Razón / Guadalupe Tapia / La Paz

00:42 / 28 de febrero de 2012

El anteproyecto de Ley de Regulación y Regularización del Derecho Propietario Urbano visibilizó la división de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales (Conaljuve) en dos grupos, que discrepan por el destino de los predios municipales avasallados por terceros.  

La Asociación de Municipios de Bolivia (AMB) —que agrupa a los gobiernos de las nueve ciudades capitales— anticipó ayer que la norma vulnera la autonomía municipal y prevé fijar una posición el fin de semana. Mientras la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) coordina la redacción del anteproyecto con la Asamblea Legislativa.

Según el artículo 26 del anteproyecto, que es socializado, la norma tiene por finalidad “la titulación e inscripción definitiva de unidades habitacionales que integran urbanizaciones o asentamientos ( ...)” y también, “regularizar los asentamientos poblacionales en predios de propiedad municipal”. 

La propuesta tiene 43 artículos y cuenta con tres disposiciones transitorias. Efraín Chambi, presidente de la Conaljuve afín al Gobierno y que demandó la ley durante la Cumbre Social realizada en Cochabamba a principios de año, dijo desconocer el artículo señalado, pues el documento que está en proceso de consulta se ajustó hasta el artículo 36.

Adelantó que la ocupación de predios municipales va a ser sujeta “a una valoración técnico-jurídica”, aunque no quiso precisar si se hará prevalecer el derecho de los vecinos que invadieron predios ediles.

“Hay documentos truchos que están circulando. Esta ley está orientada a resolver el problema de los vecinos y vecinas que están asentados por muchos años y que están organizados en juntas vecinales”, apuntó el dirigente, quien rechazó que se quiera favorecer a los avasalladores.

Más bien se busca que la actividad de los loteadores y funcionarios municipales que los apoyan sea tipificada como delito dentro del Código Penal, puntualizó.

El viernes, Benjamín Cáceres, presidente de la otra Conaljuve, anticipó su preocupación por el anteproyecto, pues beneficiaría a loteadores.

Ayer, el representante alertó que con la norma estarían en riesgo las áreas verdes y de equipamiento de cualquier municipio.

“Nosotros nos vamos a reunir este fin de semana para tomar decisiones”, señaló Cáceres.

Cáceres y Chambi dicen tener el pleno respaldo de todas las juntas vecinales de Bolivia y se acusan mutuamente de tener militancia política, ya sea en el Movimiento Al Socialismo o en el Movimiento Sin Miedo (caso de la Conaljuve de Cáceres).

Óscar Vargas, vicepresidente de la AMB, dijo ayer que con el anteproyecto que es socializado se vulnerará la autonomía municipal. 

“Esta ley pretende regularizar la administración municipal. Lo que nos preocupa es que ya no vamos a poder definir la planificación de la ciudad, porque no se va a poder salvaguardar cualquier terreno edil que sea invadido por terceros”, añadió. No descartó que la AMB se declare en estado de emergencia.

Lo que dice el documento en consulta

Artículo 26 El procedimiento de regulación colectiva del derecho de propiedad sobre inmuebles urbanos tiene por finalidad la titulación e inscripción definitiva individualizada de unidades habitacionales, que en conjunto integran urbanizaciones o asentamientos poblacionales con construcciones habitables y ocupadas  por sus poseedores (...)

Este procedimiento también tiene por objeto regularizar los asentamientos poblacionales en predios de propiedad municipal con construcción permanente y habitada por particulares hasta antes del 31 de diciembre de 1998.

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