Ciudades

La inseguridad ciudadana marca el 27 aniversario de la urbe alteña

El Alto cumple hoy 27 años, fecha que encuentra a esta urbe marcada por la sensación de inseguridad, lo que se expresa en una semana de protestas e incluso acciones de hecho (ajusticiamientos) asumidas por vecinos contra la delincuencia.

La Razón / Miguel rivas y Micaela Villa / La Paz

03:01 / 06 de marzo de 2012

Tras el hallazgo de los restos de los hermanos periodistas Verónica y Víctor Hugo Peñasco Layme, y debido a la ola delictiva que se cobró 79 vidas entre 2011 y lo que va de este año, organizaciones vecinales de El Alto se movilizan en demanda de seguridad y justicia desde el martes 28 de febrero.

Ayer, un grupo de personas de la denominada “coordinadora de juntas vecinales” encabezada por Leopoldo Ibarra y contraria a la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, bloqueó la Ceja desde las 10.00 y trasladó su protesta, alrededor de las 18.00, a puertas del edificio consistorial, lo que impidió que el presidente Evo Morales participe de la Sesión de Honor del Concejo Municipal por el aniversario alteño.

La urbe alteña, plaza electoral del Movimiento Al Socialismo (MAS), fue creada mediante Ley 728 del 6 de marzo de 1985 y al momento es la segunda ciudad (después de Santa Cruz) con mayor población en el país. Sólo cuenta con 1.000 policías, divididos en cuatro turnos, para el patrullaje.

Los vecinos movilizados pidieron a la Alcaldía suspender los actos conmemorativos. “No es momento de celebrar, estamos de luto”, reclamó María Elena Deheza, representante del Distrito 5.

El senador Fidel Surco y el diputado Juan Carlos Cejas, ambos del MAS, fueron retenidos por media hora en el lugar hasta que se comprometieron a transmitir a la Asamblea Legislativa el interés de los vecinos de incorporar la pena de muerte en la Constitución Política del Estado (CPE).

El ministro de Trabajo, Daniel Santalla, el alcalde de El Alto, Édgar Patana, y el presidente de la Fejuve, Rubén Paz, coincidieron en afirmar que la protesta tuvo móviles políticos y acusaron al Movimiento Sin Miedo (MSM), exaliado del MAS, de orquestarla.

“Se aprovechan del dolor de la gente, expulsaremos a quienes actúen a nombre de los vecinos perjudicando el desarrollo de esta urbe”, expresó Paz, quien recibió un reconocimiento del Concejo.

En su mensaje ante el órgano legislativo edil, Patana, quien lamentó que “acciones políticas” hayan impedido la presencia de Morales en la Sesión de Honor, no se refirió a la inseguridad, sino que anunció que “en 2012 empieza la transformación” de la ciudad.

ACCIONES. Abordado por la prensa al término del acto, el Alcalde informó que en su gestión se entregaron 2.500 obras “grandes” y 200.000 “pequeñas”, y que más de 30 cámaras de seguridad serán instaladas en la Ceja con una inversión de Bs 4 a 5 millones.

Hace una semana, de manera espontánea, decenas de personas se movilizaron hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, con los féretros de los hermanos Peñasco en hombros, con el objetivo de exigir justicia para ellos y las otras víctimas de los cogoteros, además de la implantación de la pena capital. Tres días después, el 2 de marzo, la Fejuve alteña marchó hasta la sede de gobierno con el mismo fin y la Central Obrera Regional (COR) hizo lo propio en la Ceja.

De igual manera, comunarios de la provincia Ingavi, de donde eran los hermanos Peñasco, llegaron ayer a La Paz para demandar del Ejecutivo el esclarecimiento del hecho y la inclusión de la pena de muerte en la Carta Magna. En estas manifestaciones, vecinos advertían con tomar la justicia en sus manos, y este fin de semana la Policía reportó que dos personas, presuntos delincuentes, fueron linchadas en El Alto.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, que hoy presentará el plan de seguridad para El Alto a los medios, admitió que se generó “una suerte de sentimiento de impotencia, de vendetta, hasta de desesperación en la población frente a los delincuentes que actúan a sangre fría”. Sin embargo, aseguró que la pena de muerte no será la solución.

Hubo dos linchamientos durante el fin de semanaEl comandante regional de la Policía de El Alto, Édgar Carrasco, informó que el fin de semana, uniformados evitaron el linchamiento de tres presuntos antisociales en Viacha, pero reportó dos enjuiciamientos en El Alto.

“El fin de semana tuvimos tres intentos de linchamiento, pero de éstos, dos se consumaron. Por eso, la División Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) levantó dos cadáveres calcinados”, dijo según un reporte de la agencia ABI.

Precisó que en la zona de Tahuantinsuyo, aledaña a Viacha, la Policía tuvo que emplear agentes químicos para dispersar a una “turba descontrolada de vecinos” que estaba a punto de linchar a tres antisociales que fueron encontrados “in fraganti robando”.

No obstante, agregó, los vecinos quemaron un vehículo de la FELCC de El Alto, de reciente dotación, en cuyo interior se encontraban dos armas, de las cuales sólo se recuperó una. El teniente Willy Chipana, de la División Propiedades, reportó que los malhechores intentaban robar un teléfono celular y un domicilio.

En cuanto a las víctima mortales, se estableció que una de ellas es José Espinoza, que murió quemado vivo, el domingo, tras ser atrapado, presuntamente in infraganti, por vecinos de la zona de Río Seco (El Alto) cuando intentaba robar en un domicilio.

“A través de los dirigentes de la zona se va a tratar de establecer qué sucedió. Tienen un pacto de silencio y hablan lo necesario; es complicado, pues hay que individualizar (a los autores). A partir de mañana (hoy) también convocaremos a los padres (del occiso)”, dijo a La Razón el mayor Oswaldo Fuentes, de la División Homicidios.

Pacto con ayllus cita el conducto para modificar la Constitución

La demanda de justicia para los hermanos y periodistas Verónica y Víctor Hugo Peñasco Layme, además de otras víctimas de los cogoteros en El Alto, se hizo eco ayer en la voz de cientos de comunarios de tres provincias de La Paz, que se movilizaron en la sede de gobierno.

Tras la protesta y una reunión de al menos tres horas con la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, y el viceministro de Justicia, Esteban Miranda, los representantes de los ayllus firmaron un acuerdo cuyo sexto y último punto cita el conducto legal para realizar una reforma (total o parcial) de la Constitución Política del Estado (CPE), conforme a lo que establece la propia Carta Magna.

Al término del encuentro, autoridades originarias discursaron en sentido de que iniciarán de inmediato las acciones para la reforma parcial de la ley de leyes boliviana.

La movilización, encabezada por familiares de los periodistas asesinados el 25 de febrero, debía partir de Desaguadero, pero los campesinos se trasladaron en buses hasta El Alto y se concentraron en el Multifuncional de la Ceja a las 09.00 horas, para luego descender al centro paceño por la avenida Naciones Unidas.

Participaron representantes (jach’a mallkus, jiliris y mallkus) de las provincias paceñas Ingavi, José Manuel Pando y Pacajes. Cada sector portaba pancartas con mensajes como “Pena de muerte para asesinos, cogoteros, violadores y corruptos”.

“Nuestro pedido es concreto: pena de muerte para los cogoteros y asesinos de nuestros hermanos Verónica y Víctor Hugo”, manifestó Abraham Triguero, dirigente comunario del municipio Jesús de Machaca, de donde los hermanos eran oriundos.

Triguero dijo que en su pedido de modificar la CPE, demandarán cambios en el Código Penal para incluir la pena de muerte de todo delincuente que incurra en los delitos citados.

El padre de los hermanos Peñasco aseguró que la familia entera y campesinos del lugar “están dispuestos a entrar en huelga de hambre para que se haga justicia con mis hijos”.

ACUERDO. El documento firmado por las autoridades del Ministerio de Justicia y los dirigentes indígena originario campesinos establece, en el punto seis, que “en cuanto a la discusión sobre el planteamiento de la pena de muerte en el ordenamiento jurídico boliviano, se deberá estar (sic) a lo dispuesto por el Artículo 411, numerales 1 y 2 de la CPE”.

Dicho artículo define los procedimientos para una reforma total o parcial de la Carta Magna.

El parágrafo I dice: “La reforma total de la Constitución, o aquella que afecte a sus bases fundamentales, a los derechos, deberes y garantías, o a la primacía y reforma de la Constitución, tendrá lugar a través de una Asamblea Constituyente originaria plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante referendo. La convocatoria del referendo se realizará por iniciativa ciudadana, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional; o por la Presidenta o el Presidente del Estado. La Asamblea Constituyente se autorregulará a todos los efectos, debiendo aprobar el texto constitucional por dos tercios del total de sus miembros presentes. La vigencia de la reforma necesitará referendo constitucional aprobatorio”.

En el numeral II se lee: “La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio”.

En todo caso, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, reiteró ayer que incluir la pena capital no resolverá los problemas de inseguridad.

“No es la Ley del Talión, ojo por ojo, que se va a resolver este tema, no debemos responder a la violencia con violencia, sino con las normas que organizan un Estado. Entiendo que el mensaje de la población es mano dura contra la delincuencia; nuestro mensaje es hagámoslo juntos, pero sin recurrir a estas acciones que igualmente configuran delitos”.

Legisladores del oficialismo, así como el defensor del Pueblo, Rolando Villena, el extitular de esta institución Waldo Albarracín, especialistas y activistas se pronunciaron en contra de reconocer la pena capital, lo que consideran un retroceso en materia de derechos fundamentales.

El Gobierno equipa a la Policía de la ciudad

El Ministerio de Gobierno entregó ayer 10 vehículos, infraestructura y equipamiento al Comando Regional de la Policía de El Alto, con un presupuesto de 1.485.896 bolivianos de inversión.

El ministro de esta cartera, Carlos Romero, aseguró que la dotación es parte de las primeras acciones coordinadas entre las organizaciones sociales de esta urbe y el Ejecutivo. “El equipamiento servirá para efectuar operativos, sabemos que la necesidad es aún mayor, pero ya estamos empezando y en ese camino aún debemos coordinar más acciones conjuntas”.

Además de los 10 vehículos, se entregaron seis cámaras web, seis impresoras, seis computadoras, 20 radares para el control de velocidad, 40 laptops, 40 DVR, 40 impresoras multifuncionales, 20 cámaras de vigilancia, 180 handys, un radio móvil, 40 antenas, seis escritorios, 10 relojes marcadores electrónicos, 500 chalecos, 500 poleras, 500 jockey, catreras, colchones, frazadas.

El comandante regional de la Policía alteña, coronel Édgar Carrasco, recordó que existen sólo 2.000 efectivos en esta urbe, de los cuales sólo 1.000 trabajan, en cuatro turnos, para el patrullaje. “Esta ciudad necesita como mínimo 5.000 policías, con sus respectivos equipos. Por ahora el Comando se compromete a desplegar a 200 efectivos más para patrullar”, manifestó. Precisó que la población estimada en esta ciudad es de un millón de habitantes en sus 14 distritos, por lo que la relación es de un policía por cada 1.000 habitantes.

El presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), Rubén Paz, anunció que en los próximos días se iniciarán las reuniones de coordinación para conformar el Consejo de Seguridad Ciudadana, para lo que esperan la convocatoria del Gobierno.

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