Ciudades

UN y MAS objetan que comisión edil interprete norma

Conflicto. El Concejo se negó a aprobar cinco contratos suscritos por el Alcalde

La Razón / Guadalupe Tapia / La Paz

01:04 / 10 de agosto de 2013

El MAS y UN desahuciaron, por separado, la posibilidad de que la comisión de Gestión Institucional interprete el Reglamento Interno del Concejo Municipal de La Paz, que da 30 días hábiles al Alcalde para que le remita los contratos suscritos.

El jueves, los cinco concejales del Movimiento Al Socialismo y el único de Unidad Nacional (UN) vetaron la aprobación de cinco contratos que llegaron al legislativo edil fuera del plazo. Gabriela Niño de Guzmán, jefa de la bancada del Movimiento Sin Miedo (MSM), anunció entonces que estos plazos serán analizados por la Comisión de Gestión Institucional, la que presentaría una propuesta para “rayar” la cancha .

Ayer, Omar Rocha, concejal de UN y presidente del legislativo edil, descartó que esa comisión pueda interpretar la norma. “Nosotros vamos a hacer lo que dice la ley y no lo que dice el alcalde (Luis Revilla). Ni Niño de Guzmán ni la Comisión tienen la potestad de interpretar el reglamento. A partir de ahora se cumplirá la norma tal y como está escrita”, advirtió.

La actitud legalista de Rocha, tras la ruptura del acuerdo político con el MSM, fue cuestionada por el Ejecutivo Municipal, que en un boletín de prensa hizo una relación de cuatro enmiendas de contratos, de las gestiones 2009 y 2010, que fueron aprobados fuera de tiempo durante su presidencia en el Concejo.

Jorge Silva, jefe de la bancada del MAS, aseguró de que el MSM busca interpretar a su antojo el reglamento. “La Comisión no va a poder cambiar mucho, lo que planteamos es cambiar la función de fiscalización del Concejo Municipal”, señaló.

Regla. El numeral 11, del artículo 5, del Reglamento Interno del legislativo edil establece que el Ejecutivo tiene que remitir los contratos suscritos en un plazo máximo de 30 días hábiles y, a la vez, fija un término de 29 días hábiles para que el legislativo los apruebe o rechace. Los contratos que fueron rechazados fueron suscritos el 28 de enero y enviados al órgano fiscalizador el 15 de marzo; con dos días de retraso.

Silva apuntó que si el Ejecutivo incumplió los plazos, también el Concejo incurrió en esa falta, ya que no trató el asunto en 29 días hábiles.  “Todas las autoridades están obligadas a cumplir plazos. El Concejo tiene una directiva que define qué se tratará en las sesiones y tampoco puso en la agenda los contratos en tiempo oportuno”.

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