Seguridad ciudadana

Empresas de vigilancia privada aumentan de manera exponencial

Control. Además de haberse convertido en un negocio, la demanda de clientes creció

COORDINACIÓN. Un guardia de una empresa privada de seguridad se comunica por su handie (radio portátil) con otro compañero, en una calle de la zona Eloy Salmón.

COORDINACIÓN. Un guardia de una empresa privada de seguridad se comunica por su handie (radio portátil) con otro compañero, en una calle de la zona Eloy Salmón.

La Razón / Micaela Villa - La Paz

01:25 / 04 de noviembre de 2012

En menos de una década, las empresas de vigilancia privadas en Bolivia, tanto legales como ilegales, se multiplicaron por nueve. En 2001 eran 30 y este año, según datos ofrecidos por el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, suman 265; un 885% de crecimiento.

Existen cuatro razones que explican este fenómeno, según especialistas del área: el crecimiento de la inseguridad ciudadana en el país, el escaso personal policial para cubrir las demandas de la ciudadanía, instituciones y comercios.

También influyeron la falta de una normativa que sancione de forma drástica (clausuras y multas) el trabajo de las empresas ilegales o de aquellas que no renovaron su permiso de funcionamiento y, finalmente, porque es un negocio muy lucrativo.

Los datos ofrecidos por el viceministerio fueron elaborados por el Departamento Nacional de Control de Empresas de Seguridad Privada (Dencoes), de la Policía, y el viceministro de entonces hizo una presentación  en el Parlamento Andino.

Según el artículo 59 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, promulgada el 31 de julio, una empresa de seguridad privada tiene la función de desarrollar actividades preventivas de vigilancia y de alerta temprana, y debe operar en estrecha colaboración de la Policía.Transparencia. Dencoes y las jefaturas departamentales de control de este tipo de organizaciones (Jedecoes) son las encargadas, por instrucción del Comando General, de supervisar y controlar sus actividades.

La Razón pidió al Dencoes desde 2011, en reiteradas ocasiones, datos sobre la cantidad de empresas que operan en Bolivia, sin embargo, ese departamento se negó a proporcionarlos e incluso solicitó una orden fiscal para dar curso a la información,

Fernando Quiroga, autor del libro La problemática de la seguridad ciudadana y la incursión de la seguridad privada en Bolivia, y jefe nacional  Jurídico y de Recursos Humanos de la empresa Armus, detalló que de las 30 empresas  legales e ilegales registradas en 2003, 13 funcionaban en La Paz, diez en Santa Cruz y siete en Cochabamba.

 En abril, cuando presentó el tema “Consolidación democrática, un nuevo modelo de seguridad ciudadana” ante el Parlamento Andino, Dencoes informó que hay 265 empresas, 82 autorizadas, 44 en trámite, 139 ilegales y 126 identificadas. En Santa Cruz existen más firmas  clandestinas (39).

Datos del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012-2016, elaborado por el Ministerio de Gobierno, señalan que las denuncias de hechos delictivos desde 2005 a 2011 se incrementaron en un 78%.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen recibió en 2005, 6.681 denuncias en todo el país y el año pasado 26.726. Quiroga indicó que sólo hasta junio de la presente gestión se registraron 3.020 denuncias de robo, 2.507 de lesiones, 1.082 homicidios, 1.025 hurtos, 984 estafas y 650 violaciones.

“La inseguridad es el mercado de las empresas de vigilancia privada, inseguridad que está en aumento en el país”, expresó Raúl Moreno, licenciado en seguridad y gerente de la empresa privada Radar.

Sin embargo, estos datos no reflejan la verdadera situación de la delincuencia en Bolivia. La última publicación del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, que depende del viceministerio de ramo, reveló que en 2011 al menos un miembro de seis de cada diez familias fue asaltado, cuatro de cada diez reportaron que al menos uno de sus integrantes sufrió un hurto; el domicilio de tres de cada diez familias fue robado y cuatro de cada diez sufrieron el robo de autopartes o vehículos. Sin embargo, sólo tres de cada diez denunciaron el hecho.Déficit. “Es de conocimiento público” que hace falta personal policial en el país, y que por ello existen estas instancias de vigilancia, dijo el director nacional de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Argandoña.

En 2010, en La Paz había un policía por cada 276 pobladores, en Santa Cruz la relación era de uno por cada 495 y en Cochabamba de uno por cada 428. Esta proporción estaba lejos del estándar internacional de un policía por cada 140 habitantes.

¿Cuántos empleados tienen las empresas de vigilancia privada en Bolivia? ¿Cuántos exjefes policiales son dueños de estas firmas? ¿Cuánto le dejan al Estado en tributos y a cuánto ascienden sus ganancias?

No hay respuesta del Dencoes para ninguna de estas preguntas, ya que este negocio sigue siendo una suerte de agujero negro.Con relación a la parte lucrativa, Quiroga manifestó que las firmas clandestinas son las que ganan más, ya que omiten el registro patronal en la Caja Nacional de Salud, no pagan aportes para la jubilación, ni tributan. “Sabemos que la seguridad privada es lucrativa, no hay que taparlo”, afirmó el autor del libro.

Hay casos en que estas firmas cobran a sus agentes por el uniforme;  los sueldos oscilan entre Bs 900 y Bs 1.500; y algunos reciben un bono de transporte de Bs 200 adicional, detalló. Tampoco se controla que al menos se cumpla el salario mínimo nacional vigente, de Bs 1.000.

Mientras tanto la demanda va en aumento. En 2011, la firma Armus tenía contrato con 29 instituciones, cantidad que en 2012 aumentó a 34.

Dencoes fue creada en 2002

El libro La problemática de la seguridad ciudadana y la incursión de la seguridad privada en Bolivia sostiene que la Policía creó el Departamento Nacional de Control de Empresas de Seguridad Privada (Dencoes), “con el objetivo de establecer políticas y procedimientos técnicos operativos para el inicio, funcionamiento, operación, supervisión y cesación de las empresas de seguridad”, mediante la Resolución 324/2002 del Comando General de la Policía, de 7 de octubre de 2002.

Alistan reglamento para poder imponer sanciones

Los operativos de control estarán acompañados por un miembro de la FiscalíaEl reglamento de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, que será aprobado próximamente, impone sanciones más enérgicas a las empresas de vigilancia privada que vulneren la normativa, informó el director general de Seguridad Ciudadana, Julio César Argandoña.

Entre éstas figuran la clausura momentánea o definitiva, la imposición de multas, cuyo monto aún está en estudio, y la demanda penal.

 “La normativa que estaba vigente —la Resolución 222544, de junio de 2004, que quedó sin efecto— no contaba con un respaldo sancionatorio y no era muy coercitiva. Con este reglamento se van a imponer sanciones, las cuales van a permitir que se regule y controle el crecimiento desmesurado de estas firmas”, añadió.

El proyecto es revisado por personal del Departamento Nacional de Control de Empresas de Seguridad Privada (Dencoes) y de las Jefaturas Departamentales de Control de Empresas de Seguridad Privada (Jedecoes), que pueden introducir  modificaciones o plantear nuevos artículos.FISCAL. Argandoña indicó que también se ha previsto que en todos los operativos de control que ejecute la Policía a estas empresas, esté presente  un fiscal, quien legalizará la imposición de las sanciones.

Actualmente el personal de las Jedecoes no cuenta con el apoyo de un representante del Ministerio Público, por lo que su accionar se ve limitado, ya que hay el riesgo de que sean denunciados por violación de derechos, allanamiento y otros delitos.

El objetivo es que las empresas desarrollen sus labores operativas bajo tuición de la Policía y cumplan con todas las normas para garantizar la correcta prestación del servicio.

Fernando Quiroga, de la firma Armus, dijo que era necesario contar con esta normativa. “No se puede exponer a la ciudadanía con guardias sin referencias o garantías”, apuntó.

Más datos sobre el proyecto

personalEn la reglamentación se establecerá que las empresas no admitan a nacionales o extranjeros que tengan sentencia condenatoria ejecutoriada.FFAATampoco podrán admitir a personal que haya formado parte de las FFAA o la Policía y que haya sido dado de baja por faltas o delitos.

Las primeras empresas custodiaban sólo a artistas

Las primeras empresas de vigilancia privada comenzaron a operar en 1999 en la sede de gobierno, éstas eran CIES, de origen nacional, y Wackenhut, de Inglaterra, informó Fernando Quiroga, autor del libro La problemática de la seguridad ciudadana y la incursión de la seguridad privada en Bolivia, editado este año.

“Recuerdo que esas eran las primeras que se identificaron más y custodiaban a los artistas internacionales que llegaban, aunque me imagino que había otras más. Sé que ahora una funciona con otro nombre”, explicó.

Antes de la creación del Departamento Nacional de Control de Empresas de Seguridad Privada (Dencoes) y de que en 2004 se reglamentara el funcionamiento  de estas empresas, ninguna instancia verificaba la labor de los guardias, su forma de trabajo, los antecedentes de su personal o si portaban armas de fuego.UNIFORME. Durante esos primeros años, los agentes tampoco portaban uniformes propios, sólo vestían formalmente, con una camisa, corbata y terno, y cuando se realizaba un concierto en un teatro, se ubicaban al borde del escenario usando panocas (especie de abrigos largos), tampoco portaban una  identificación. “Antes trabajaban solamente a nivel local, pero desde 2008 empezaron a expandirse y abrieron sus sucursales en otros departamentos”, indicó.

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