Seguridad ciudadana

El alcalde de Oruro es procesado por dos delitos y se beneficia con medidas alternas a la cárcel

El alcalde de Oruro, Édgar Bazán, acudió a una audiencia de medidas cautelares en la que se definió medidas sustitutivas a la detención. Su esposa también forma parte del proceso

El alcalde de Oruro, Édgar Bazán

El alcalde de Oruro, Édgar Bazán

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz

23:15 / 05 de mayo de 2017

El alcalde de Oruro, Édgar Bazán, fue beneficiado con medidas sustitutivas a la detención preventiva en el marco de un juicio por la denuncia del delito de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito. La Justicia determinó el arraigo de la autoridad edil, por lo que no podrá viajar al exterior.

“La audiencia se desarrolló en el Juzgado Cautelar Tercero en lo Penal donde el Ministerio Público fundamentó la imputación y presentó los elementos de convicción, sin embargo la autoridad jurisdiccional le otorgó medidas sustitutivas a la detención preventiva”, explicó el fiscal Departamental de Oruro, Franz Ochoa. También la esposa del alcalde está involucrada en el proceso. Según lo dispuesto por el Juzgado, ambos esposos tienen la obligación de presentarse semanalmente al Órgano Jurisdiccional; fueron arraigados; están prohibidos de comunicarse con personas determinadas como testigos y deben presentar una fianza personal de dos garantes por cada uno. El caso surgió ante el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que encontró indicios suficientes sobre la adquisición de bienes inmuebles y vehículos, además de dudosos movimientos en sus cuentas bancarias, desconociéndose el origen de fondos, establece un boletín institucional. El informe de cuentas bancarias señala que no se registran retiros con los que se pudiesen relacionar en fechas e importes, tampoco hubieran accedido a desembolsos de un crédito. La UIF reportó que se desconoce el destino de un bien que fue vendido por el precio convenido de 310.000 bolivianos. Ochoa manifestó que estas transacciones se adecúan a la señal de alerta en sentido de que “el patrimonio no guarda relación con el movimiento económico o actividad de estas personas, lo que permite detectar la posible presencia de operaciones de lavado de dinero".

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