Seguridad ciudadana

En la Policía y Justicia difieren sobre condenas acumulativas

El magistrado Mendoza dice que el desafío es resolver la retardación de justicia.

Protesta. Movilización liderada por comunarios de provincias paceñas reclamó justicia, el lunes.

Protesta. Movilización liderada por comunarios de provincias paceñas reclamó justicia, el lunes. Foto: Nicolás Quinteros

La Razón / Carlos Corz

02:51 / 08 de marzo de 2012

La propuesta de legalizar la acumulación de condenas desató diversas reacciones. Mientras en la Policía ven necesario endurecer las penas para combatir el delito, en la justicia tienen dudas sobre los resultados porque sostienen que debería apuntarse a acelerar procesos judiciales para dictar sentencias.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contar el Crimen (FELCC) de La Paz, coronel Roberto Campos, sostiene que la propuesta es positiva porque garantizará, siempre y cuando llegue a sentencia el juicio, que los delincuentes prontuariados cumplan condenas ‘duras’ que los aleje de las calles y reinserte a la sociedad.   

El Gobierno propuso modificar el Código Penal para que las condenas contra los delincuentes sean acumulativas, es decir que cada delito sea juzgado de forma individual. Hasta ahora el delito mayor, por ejemplo un asesinato condenado con 30 años de cárcel, se impone al resto de ilícitos que cometió el antisocial.

Para el magistrado suplente del Tribunal Constitucional y exfiscal Milton Mendoza, la solución a la inseguridad no pasa por endurecer condenas sino por resolver la retardación de justicia. “El 5% de las demandas llega a sentencia, el 35% está en etapa de apelación y el 60% en investigación”.

Un informe de La Razón de enero da cuenta de que la población carcelaria en 2011 llegó a 11.516 privados de libertad. Las estadísticas de Régimen Penitenciario indican que el 16% tiene sentencia ejecutoriada, mientras que el resto, 84%, guarda detención preventiva.

Campos explicó que el hecho de que los delincuentes salgan de las cárceles en poco tiempo representa un factor mayor de inseguridad, porque “son más avezados, ya que ven que el sistema penal no funciona”. Es momento, añade, de tomar medidas jurídicas para enfrentar lo que pueda presentarse en materia de delincuencia en los próximos ocho años.

“Deben haber mejoras en el sistema jurídico y carcelario porque desde las cárceles, en muchas ocasiones, se organizan atracos”, explicó el director de la fuerza anticrimen de La Paz.

Integral. La juez Margot Pérez coincide con Mendoza en que la solución no está en sumar las condenas, sino en rehabilitar a quienes entran a las cárceles.

“Tiene que ir en conjunto la reforma penal con la penitenciaria, porque de lo contrario se sumarán las penas y ¿dónde enviaremos a tanta gente?”.

Parte del artículo 7 del Código Penal establece que “el presidio se aplicará a los delitos que revisten mayor gravedad y tendrá duración de uno a treinta años. En los de concurso, el máximo no podrá, en ningún caso, exceder de 30 años (de reclusión)”.

El subcomandante de la Policía, general Edwin Foronda, reveló la semana pasada que los delincuentes prontuariados libres son los que mayores delitos cometen. “Otro de los problemas que genera miedo es la reincidencia delictiva, es decir que el 99% de los hechos criminales son cometidos por exreclusos”, aseguró la autoridad.

La encuesta Victimización, prácticas y percepción sobre violencia y delito, presentada en enero, revela que las ciudades con mayor índice delictivo son Cochabamba (55,4%) y El Alto (48,5%), seguidas por Santa Cruz (38,7%) y La Paz (37,8%).

La propuesta de modificación del Código Penal forma parte de un paquete de 10 leyes planteadas por el Gobierno para enfrentar la inseguridad. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó el martes que también perfilan vetar la fianza juratoria para delincuentes reincidentes. La Asamblea Legislativa deberá tratar y aprobar las iniciativas planteadas en coordinación con vecinos de El Alto, ciudad con alto nivel delictivo.

Arce plantea tipificar delito de cogotero

El presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Héctor Arce, abrió la posibilidad de tipificar el delito de ‘acogotamiento’ en el Código Penal, con una condena de 30 años.  

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) contabilizó al menos 80 muertes en la ciudad de El Alto a causa de acogotamientos. Los delincuentes ahorcan a sus víctimas con chalinas u otros objetos.

“Se podría hacer tipificaciones específicas como el acogotamiento. Atentar contra la vida o quitar la vida con esa acción típica de algunos antisociales”, planteó.

Instalarán al menos 70 cámaras de seguridad

La Alcaldía de La Paz instalará unas 70 cámaras de vigilancia en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, informó ayer el director de Seguridad Ciudadana, coronel José Luis Ramallo.

Para el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, coronel Roberto Campos, estos mecanismos son importantes porque aportan pruebas, previa verificación pericial, para remitir a un delincuente a la cárcel.

Inicialmente serán instaladas 30 cámaras en las zonas de Villa Fátima, Sopocachi y Calacoto, mientras que el resto estará operando en el corto plazo en áreas conflictivas como la zona San Sebastián. La Dirección de Seguridad Ciudadana invertirá medio millón de bolivianos en 30 equipos.

La Policía Comunitaria cuenta con cámaras de vigilancia en la plaza Garita de Lima. Campos destacó la importancia de estos aparatos en la lucha contra el delito, ya que las imágenes grabadas pueden constituirse en pruebas para la justicia.

El alcalde de El Alto, Édgar Patana, también anunció que la Alcaldía comprará estos dispositivos de seguridad (30); mientras que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que entre los planes para fortalecer a la Policía está el dotarle de estos equipos.

Ramallo anticipó que personal de la Policía y de la Alcaldía harán el monitoreo, porque las cámaras, además de contribuir a luchar contra el delito, alertarán sobre aspectos inherentes al trabajo edil como debilidades en el recojo de basura.

“Haremos una evaluación a fin de año para establecer el impacto de la iniciativa edil”, sostuvo la autoridad de la Alcaldía.

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