Seguridad ciudadana

200 mil indígenas ingresarán hoy a La Paz para pedir la pena de muerte

La Policía llama para declarar a 4 del entorno laboral de los Peñasco

Protesta. La marcha de la Fejuve en contra de la inseguridad.

Protesta. La marcha de la Fejuve en contra de la inseguridad.

La Razón / Luís Mealla

00:55 / 05 de marzo de 2012

Unos 200 mil  campesinos indígenas de la provincia Ingavi ingresarán hoy a la ciudad de La Paz para pedir al Gobierno la modificación del Código Penal a fin de incluir la pena de muerte contra los cogoteros.

“Se trata del 85% de la población de la provincia Ingavi que participará en la protesta. Se van a movilizar con pancartas, petardos, dinamitas y todo lo que se tenga para que se sancione de la forma más dura a los asesinos”, detalló Nelson Condori, representante de los mallkus de Simaco (Suyo Ingavi de Markas, Ayllus y Comunidades Originarias).  

La Constitución Política del Estado (CPE) es contraria a esta demanda porque protege y garantiza la vida. Tampoco figura como sanción en el Código Penal. La determinación fue asumida tras un cabildo realizado el sábado en Tiwanaku, en el que la provincia se declaró en emergencia a consecuencia del asesinato de los periodistas  Verónica Peñasco    de radio San Gabriel y de su hermano Víctor Hugo, de radio Pachacamasa, ambos oriundos de esa región altiplánica.

Los jóvenes fueron acogotados (estrangulados) el sábado 25 de febrero en la carretera a Laja, a la altura de la comunidad Chijimarca, mientras se dirigían      a sus fuentes labores.

La Policía sostiene la hipótesis de que fueron atracados en un  vehículo que se hizo pasar por transporte público.Para esta semana, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto citó a unas cinco personas del entorno laboral de las víctimas para que brinden sus declaraciones informativas ante los investigadores, informó el mayor Osvaldo Fuentes, jefe de la División Homicidios.

La autoridad policial agregó que entre los convocados están Édgar Aruquipa, director general de radio San Gabriel, quien debió llegar ayer de Colombia.“Ya han declarado unas ocho personas, entre familiares y el entorno laboral. Vamos a convocar a unas tres o cuatro personas más”, dijo Fuentes, al explicar que hay versiones sobre el asesinato que deben ser corroboradas.

El fin de semana las nueve comunidades, repartidas en siete municipios de la provincia Ingavi, decidieron marchar hacia la sede de gobierno.La pasada semana, tras una marcha de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, se creó el Consejo Alteño de Seguridad Ciudadana, integrado por el Ministerio de Gobierno y la entidad vecinal, además de otras instancias como la Alcaldía de esa ciudad.

Piden diseñar formas de identificar al transporte

Aline Quispe

El Gobierno nacional convocó  ayer a ingenieros electrónicos a diseñar un mecanismo de registro visible e irreproducible, que tendría que ser controlado mediante satélite, para identificar a los minibuses del servicio público ante la ola de asesinatos por parte de los cogoteros.

“Debemos tener algún mecanismo de registro visible   e irreproducible (...) que pueda distinguir a los minibuses y que no sea   fácilmente reproducible por los    delincuentes. Eso ayudaría a que las personas se sientan más seguras”, anunció  ayer el vicepresidente, Álvaro García Linera.

La autoridad indicó que el sistema garantizará que “el ciudadano pueda subirse a las 22.00, 23.00 o a la 01.00 a un minibús que tenga un registro computarizado incluso con control satelital”, afirmó .

El proyecto será financiado con recursos del Estado.Ratificó que la urbe alteña contará con un sistema computarizado de cámaras de seguridad para el control de sitios con mucha afluencia de gente.

La iglesia se opone a la pena de muerte

El cardenal Julio Terrazas criticó las posturas que demandan ese castigoANF 

En su homilía dominical, el cardenal Julio Terrazas rechazó los pedidos de legalizar la pena de muerte en el país y aseguró que ésa no es la salida para castigar a quienes cometen delitos.

Asimismo, expresó la solidaridad de la iglesia con los damnificados por las lluvias y exhortó a los comunarios de Oruro y Potosí a buscar acuerdos que beneficien a ambas partes.

Los pedidos de incluir la pena de muerte en la legislación boliviana surgieron en la ciudad de El Alto, luego de la muerte de los hermanos Verónica y Víctor Peñasco, dos periodistas alteños, que fueron acogotados cuando iban a sus fuentes laborales.Postura. “Tenemos que pedir a nuestros hermanos que han levantado la voz con indignación pidiendo muerte y muerte, que la muerte no soluciona a la muerte, que a la muerte debemos responder con la vida, una vida abundante para todos como quiere el Señor. No se trata de defender la vida para firmar un libro de componendas”, afirmó el prelado.

Por otro lado, Terrazas pidió no comprometerse con los “predicadores de la muerte, del odio y del rencor” y por el contrario ante todo recordar que Dios no nos abandona. “Tenemos que llenarnos de este espíritu de la Pascua que es ir sembrando vida”, reflexionó.

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