Seguridad ciudadana

Dos linchamientos en 3 días; juristas ven DDHH vulnerados

Entre el viernes y el domingo, un policía fue ajusticiado en El Alto y un hombre acusado de un crimen corrió igual suerte en San Julián. Juristas recuerdan que el linchamiento es un delito y viola al menos cinco derechos humanos y constitucionales.

Audiencia. Cuatro de los acusados de la muerte del policía Rolando Huarachi.

Audiencia. Cuatro de los acusados de la muerte del policía Rolando Huarachi.

La Razón / Mariana Pérez/Iván Condori / La Paz/Santa Cruz

03:37 / 29 de mayo de 2012

La madrugada del viernes, en El Alto, el policía Rolando Huarachi fue linchado por vecinos de Ventilla I, quienes —se informó— confundieron a la víctima con un delincuente. El domingo, en San Julián (Santa Cruz) fue victimado  Sixto Gonzales, acusado por vecino de asesinar a un comerciante.   

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto, coronel Félix Rocha, recordó que este tipo de  hechos no son parte de la justicia comunitaria como argumentan quienes incitan y participan de ellos, por lo que los involucrados deben ser sometidos a un proceso penal en la justicia ordinaria

En el caso del uniformado hay cuatro encarcelados, tres dirigentas vecinales y el portero de la unidad educativa a la que habría intentado entrar la víctima. El jefe de Homicidios de la fuerza anticrimen de El Alto, mayor Oswaldo Fuentes, informó que ese viernes al menos 50 personas estaban en el lugar en el que se flageló al policía que vestía de civil.

El linchamiento viola los derechos a la vida, a la libertad, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a un juicio justo, entre otros consagrados en la Constitución Política del Estado y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, coincidieron cuatro juristas consultados.

El linchamiento no está tipificado en el Código Penal. La juez Margoth Pérez sostuvo que éste, según la gravedad, puede ser considerado un asesinato cometido, entre otros agravantes, con alevosía o ensañamiento. Para el juez Fernando Rivadeneira, estos hechos son delitos que no pueden ser justificados como justicia comunitaria, la cual —aclaró— no contempla la pena de muerte.

Para el constitucionalista Óscar Davesiez este tipo de acciones rompen con el orden establecido y el equilibrio en la sociedad. “Las personas hacen justicia por mano propia, no hay un grado de certidumbre sobre el delito que imputan ni el derecho a la defensa”.

El artículo 114 de la Carta Magna prohíbe “toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral”. El juez Ricardo Maldonado aseguró que el vulnerar el derecho a la vida implica violar el resto de  derechos básicos de las personas en un estado de derecho. Recordó que la pena máxima en Bolivia es de 30 años sin derecho a indulto.

Obstrucción. Los linchamientos en El Alto y en San Julián están en investigación, pero en este último caso, el Ministerio Público tropieza con dificultades. El fiscal Lucio Hinojosa informó ayer que tiene limitaciones para identificar a los responsables porque comunarios de San Julián aún están movilizados. La víctima fue detenida por la Policía la madrugada del domingo en San Ramón, sindicado de victimar al comerciante Ángel Montaño. Cerca de las 11.00 fue sacado de la carceleta por una turba y trasladado hasta San Julián, donde fue asesinado tras recibir una golpiza.

En el caso de El Alto, el mayor Fuentes recordó que dos policías fueron linchados en lo que va del año. “Se han presentado por lo menos cuatro casos donde los vecinos incluso se han equivocado de personas. Han pensado que se trataba de delincuentes, dos de ellos eran policías que han fallecido en esas circunstancias”. Además de Huarachi, el 18 de marzo, también en El Alto, una turba linchó a un uniformado que, según vecinos, iba vestido de mujer y merodeaba por la zona junto a dos personas a bordo de un carro.

Normativa vigente

Convención

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por ley”.   

CPE

La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna.  

Tribunal

La Convención sobre Derechos Humanos crea la Corte Interamericana para sustanciar juicios.

‘Hay fragilidad judicial’

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, atribuyó a la “fragilidad de la justicia” los linchamientos, ajustes de cuentas y el creciente índice de inseguridad ciudadana.  El domingo, en San Julián, fue linchado Sixto Gonzales, acusado por vecinos de asesinar a un comerciante. “Algo está mal en la justicia boliviana, ese es un tema que tenemos que afrontar de frente”. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Miguel Vásquez, consideró que la mala orientación sobre las brigadas barriales de seguridad ciudadana incidirían en los linchamientos.

“No deben tomar la justicia por mano propia”, sostuvo a Erbol en referencia a los hechos de Santa Cruz y El Alto, donde el viernes una turba victimó a una persona que resulto ser sargento de Policía. Costas insistió en  la necesidad de afianzar la estructura de la justicia para responder adecuadamente a la demanda ciudadana. “Algo está podrido y esto viene haciendo explosión”.

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