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Según sociólogo, ley ayuda a atacar la impuntualidad

René Pereira resalta lo importante que es valorar el tiempo de los demás

Fiesta. Centros de mesa de la empresa de eventos Click en La Paz.

Fiesta. Centros de mesa de la empresa de eventos Click en La Paz. Foto: empresa de eventos Klick

La Razón (Edición Impresa) / Guadalupe Tapia / La Paz

00:00 / 23 de marzo de 2014

La “Ley de restricción horaria a la realización de fiestas de 15 años en el municipio de La Paz”, aprobada por el Legislativo edil y cuya promulgación está pendiente,  puede ayudar a que se modifiquen comportamientos negativos, como la impuntualidad, sostuvo el sociólogo René Pereira

La norma sancionada por el Concejo edil establece que las celebraciones en locales, clubes privados, discotecas y otros centros de diversión —los domicilios particulares están excluidos— no pueden extenderse más allá de las 00.00 y fue promovida por el concejal Guillermo Mendoza, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Su objetivo es evitar que los adolescentes y sus padres sean blanco de los delincuentes en la madrugada, cuando generalmente estos agasajos suelen concluir. “Este tipo de iniciativas son positivas. Las fiestas o cualquier tipo de celebración no pueden ser irrestrictas en el tiempo. Me parece que esto debería ser parte de la ética, que lleva a las personas a ser responsables con su tiempo y con el tiempo de los demás”, explicó Pereira.

¿Por qué estas fiestas terminan tarde? Porque empiezan tarde, pero la impuntualidad no se reduce a las fiestas de 15 años, sino se extiende a todo tipo de actividades en las cuales no se considera que cuando se llega tarde se está perjudicando a los demás.

“Si bien es una norma que ayuda, es insuficiente. Tiene que haber un conjunto de elementos para cambiar estas conductas”, como eliminar la permisividad  para quienes llegan tarde a las escuelas, colegios y universidades.

“Esta disciplina —sostuvo— no se la adquiere de la noche a la mañana, es un trabajo de largo aliento. Este valor de la ética de la puntualidad debiera estar implementado en todo momento”.

La norma, aún no promulgada, dispone que la primera vez los infractores serán sancionados con una multa de 2.000 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) —o Bs 3.843—; la segunda vez con 4.000 UFV —o Bs 7.686— y la clausura de diez días; la tercera con la clausura definitiva y, en caso de reincidencia, con el arresto del gerente o administrador.

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