Economía

PGE asumirá defensa por la expropiación de SABSA

Aeropuertos. Consorcio español dio inicio al arbitraje. Primera audiencia es en París, del 14 al 18 de este mes

Servicio. SABSA nacionalizada amplió la infraestructura del Aeropuerto Internacional de El Alto.

Servicio. SABSA nacionalizada amplió la infraestructura del Aeropuerto Internacional de El Alto. Wara Vargas-Archivo.

La Razón (Edición Impresa) / Aline Quispe / La Paz

02:08 / 09 de diciembre de 2015

La Procuraduría General del Estado (PGE) defenderá, en el arbitraje que comenzará la próxima semana en París (Francia), la expropiación de las acciones que el consorcio español Abertis (90%) y Aena (10%) tenía hasta 2013 en SABSA. Las audiencias de prueba se desarrollarán del 14 al 18.

“En estas audiencias el Estado boliviano demostrará una serie de irregularidades gravísimas en las que incurrió la empresa Abertis, irregularidades muy serias que han generado la necesidad del Estado de recuperar estos tres aeropuertos”, dijo ayer el procurador General del Estado, Héctor Arce.

El consorcio español demandó a Bolivia ante la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) una compensación de $us 86 millones, más intereses por la expropiación de Servicios de Aeropuertos Bolivianos SA (SABSA). La autoridad indicó que en las audiencias Bolivia será representada por  autoridades de la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Obras Públicas y los ejecutivos de SABSA.

El 5 de mayo de 2011, el Estado boliviano fue notificado del arbitraje interpuesto por el consorcio español Abertis y Aena ante la CNUDMI por el anuncio anticipado del Gobierno de nacionalizar su filial SABSA, que administraba los aeropuertos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

El 18 de febrero de 2013, el Gobierno nacionalizó las acciones de Abertis y Aena en su filial SABSA con el argumento de que incumplió un plan de inversiones para mejorar los servicios aeroportuarios de las ciudades del eje. Arce dijo que en la audiencia se demostrará las “irregularidades gravísimas” que cometió la firma española, a través de su representante y la administración en Bolivia, motivo por el cual se decidió recuperar la dirección.

Incumplimiento. El procurador anunció que denunciará fuera y dentro del arbitraje, y ante la comunidad mundial y el Gobierno español, si es necesario, que Abertis se comprometió a invertir $us 27 millones pero, hasta que se concretó la nacionalización de SABSA, solo se había invertido $us 1,9 millones, que significa el 7% del total. “Los argumentos que se presentarán en las audiencias serán: la falta de inversión de Abertis, la crisis y el desastre que generaron en los (tres) aeropuertos”. Detalló que en 2011 la empresa española invirtió Bs 4.242.454 mientras que en 2014 SABSA nacionalizada destinó Bs 98.432.015, lo que representa una “inversión de 23 veces más”.

Explicó que Abertis y Aena tenían serios problemas con los servicios que terciarizaban sin ninguna responsabilidad, no renovaron equipos de los aeropuertos, no adquirieron mangas de aterrizaje, no renovaron el parque automotor y las pistas de aterrizaje estaban en mal estado, por lo que se hizo un estudio del estado de las mismas.

Arce señaló que la ahora firma nacionalizada compró nuevas mangas de aterrizaje para los aeropuertos de La Paz y Cochabamba, destinó $us 2 millones para renovar el parque automotor y los vehículos de emergencia. Agregó que se inició un proceso de inversión en los aeropuertos para dar seguridad a las operaciones aéreas.

Denunció además que el gerente general de SABSA, Anthony Alicastro, tenía un salario de Bs 140.000, contaba con recursos para pagar su vivienda, manejaba vehículos alquilados para su uso y cada cinco años se pagaba finiquitos que sumaban unos Bs 600.000. También se halló $us 1 millón que gastó en “proyectos fantasmas”.

El proceso para la negociación

Respeto

Arce dijo que Bolivia respeta la seguridad jurídica y las inversiones. Prueba de ello, indicó, se llevaron a cabo varios procesos de negociación que terminaron en acuerdos favorables para el país. Arce recordó que el Estado boliviano intentó negociar con el consorcio español, pese a las irregularidades, pero —dijo— hubo una actitud cerrada por lo que se asumió la defensa legal.

Hay principio de acuerdo con Jindal, según Arce

El procurador general del Estado (PGE), Héctor Arce, dijo ayer que el Estado boliviano ha logrado “un principio de acuerdo” con la siderúrgica india Jindal Steel & Power (JSP) por la nacionalización de su filial Jindal Steel Bolivia (JSB). “Hay un principio de acuerdo con la empresa Jindal que está llevando adelante el Ministerio de Minería y esperemos que se cierre las próximas semanas”, afirmó.

El 9 de mayo de 2015, el Gobierno y Jindal abrieron un proceso de diálogo para darle solución al arbitraje iniciado en 2014 por la siderúrgica india en contra del Estado. Arce recordó además que se lograron acuerdos con 11 empresas expropiadas, aunque aún hay seis procesos pendientes.

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