Economía

Arce acusa a los bancos de rematar casas a precios ínfimos

La norma indica que producto del remate del inmueble, la “entidad financiera dará por extinguida la acreencia, aun cuando el monto recuperado fuera menor a la liquidación del crédito.

Asamblea. El Ministro de Economía durante su informe oral ante la Comisión de Planificación.

Asamblea. El Ministro de Economía durante su informe oral ante la Comisión de Planificación. Ángel Illanes.

La Razón / Aline Quispe / La Paz

01:55 / 29 de mayo de 2013

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, acusó ayer a algunos bancos de rematar las casas de clientes morosos “a precios de gallina muerta”. Dijo que esta situación cambiará con la futura Ley de Servicios Financieros, que reemplazará a la actual Ley de Bancos.

La Razón intentó comunicarse ayer con los ejecutivos de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) para conocer su posición sobre el tema, pero no tuvo éxito.

“Encontrábamos casos en los que muchos bancos, y tal vez en combinación con otros actores en la sociedad, remataban las casas a precios de gallina muerta, cuando el valor de las viviendas era mucho mayor. Por supuesto lo que el banco conseguía de esa venta no era suficiente para pagar el crédito de vivienda y el deudor seguía con la deuda hasta que la pueda pagar o deje de existir”, detalló Arce.

El ministro hizo estas declaraciones ayer en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, durante el informe oral que prestó sobre la futura Ley de Servicios Financieros.

Con la nueva norma, dijo, se protegerá al prestatario que tiene un crédito hipotecario de vivienda social, ya que muchas veces éste no puede pagar sus obligaciones y “sufre el despojo total de sus bienes”. “La anterior ley tenía el fin de garantizar al banquero la recuperación de su dinero (...) a través no sólo del remate de la vivienda, sino de otros bienes”, acotó la autoridad.

El último borrador del proyecto de ley, al que tuvo acceso La Razón, establece que “cuando la acción de cobranza judicial de un crédito hipotecario de vivienda de interés social se ejecute sobre un prestatario que contrajo la obligación crediticia para la compra de su primer inmueble, la cobranza judicial se limitará al remate judicial del bien inmueble hipotecado”.

Procedimiento. La norma indica que producto del remate del inmueble, la “entidad financiera dará por extinguida la acreencia, aun cuando el monto recuperado fuera menor a la liquidación del crédito, siendo improcedente y nula cualquier afectación patrimonial adicional al prestatario”.

El Ministro de Economía ratificó que la nueva disposición ordena la extinción de la deuda de un crédito no pagado por un prestatario únicamente con el remate de la vivienda. Señaló que si “el banco no vende (el inmueble) a los precios que debería recuperar, es un tema” que compete a la entidad.

Arce aseguró que la medida obligará a la banca a “tener una precisión mucho más exacta sobre la garantía y una actuación mucho más efectiva en el momento de vender lo que constituye la garantía, porque sino el banco no va a recuperar lo que ha prestado”.

El ministro manifestó que este tema no debe preocupar a los clientes, porque la banca debe “regularlo, es parte de su negocio, su riesgo, y por eso también recibe una ganancia”. En reiteradas oportunidades, Asoban consideró que la medida debe ser ajustada con el fin de evitar pérdidas para las entidades financieras.

Para el analista financiero Armando Álvarez, si bien con la medida se pretende amparar al prestatario, es necesario considerar que los créditos que otorga la banca se realizan con recursos del público y las entidades tienen la obligación de recuperarlos. “Por ello, si la banca sólo recupera el monto del remate del inmueble, el remanente de la deuda tendrá que asumirlo”.

Frente a esa situación, el economista expresó que las entidades de intermediación financiera pedirán a los clientes una mayor garantía para asegurar la recuperación de los préstamos concedidos, y eso dificultará el acceso al financiamiento a la población.

El Fondo de Protección al Ahorrista fue reforzado

El Órgano Ejecutivo informó ayer que en la nueva Ley de Servicios Financieros, el Fondo de Protección al Ahorrista fue reforzado para asegurar los depósitos que tienen las personas naturales y jurídicas en las entidades de intermediación financiera.

“El Fondo, en la nueva norma, ha sido reforzado con el objetivo de que los ahorristas se sientan seguros de que su plata será devuelta si una entidad financiera quedara en quiebra”, afirmó el ministro de Economía, Luis Arce.

La disposición ordena que las entidades del sistema financiero “están obligadas a realizar aportes al Fondo de Protección al Ahorrista en los importes que correspondan a los montos totales de los depósitos que administran”. La norma añade que el aporte de las entidades será trimestral en función al saldo promedio diario de las obligaciones con el público del trimestre anterior, registrados en sus estados financieros.

Objetan la regulación de tasas

Posición

El secretario ejecutivo de Asoban, Nelson Villalobos, reiteró ayer su preocupación por el control de las tasas de interés activas para los sectores productivo y de vivienda en la Ley de Servicios Financieros. Dijo a ANF que experiencias anteriores muestran que la fijación de tasas no tuvo resultados “positivos” pues la medida beneficia a algunos. Por ello, expresó la necesidad de “preservar la solvencia del sistema financiero como de los clientes”.

Desafían a crear Banco de Desarrollo Privado

El Gobierno recordó ayer que la futura Ley de Servicios Financieros establece que las entidades del sistema financiero puedan crear un Banco de Desarrollo Privado con el propósito de fomentar los créditos a los sectores productivos.  Así lo manifestó ayer el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, en su informe oral en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados.

“Nosotros tenemos un exitoso Banco de Desarrollo Productivo (BDP) que ha tenido muy buenos resultados. Y pensamos que podría ser un buen negocio, pero sobre todo un gran apoyo para el sector productivo, que el sector privado tome la iniciativa de conformar un banco y nos haga la competencia”, afirmó ayer el funcionario.

La autoridad precisó que el financiamiento para la creación de la entidad estaría a cargo del empresariado privado. “Nosotros cumplimos con darles la opción (a las entidades financieras) de que puedan crear este banco para que no nos digan que existe un monopolio del BDP estatal”.

Entre enero y abril de 2013, la cartera de préstamos al sector productivo sumó $us 3.004 millones, según datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi). El informe señala que Santa Cruz es el departamento donde se otorgó la mayor parte de estos créditos, con el 46,8%. Le sigue La Paz con el 24,9%, Cochabamba con el 16,8% y el resto recibe el 11,4%.

El analista económico Julio Alvarado indicó que dicha medida ya hubiera sido desarrollada por las entidades de intermediación financiera, pero que no se la ha efectuado debido a que “cualquier iniciativa para que se otorguen créditos en el sector productivo no tiene seguridad jurídica”.

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