Economía

El Gobernador culpa a Ullakaya de ser la responsable del conflicto

Cuando la comisión investigadora llegó a Siquimirani encontró el primer cadáver y allí los comunarios también tuvieron de rehén al hijo del presidente de la cooperativa

Siquimirani. Edson Aníbal Cahuana, secretario de Hacienda de la Cooperativa Ullakaya Condorini.

Siquimirani. Edson Aníbal Cahuana, secretario de Hacienda de la Cooperativa Ullakaya Condorini. Gobernación de La Paz.

La Razón (Edición Impresa) / Jimena Paredes / La Paz

03:16 / 24 de mayo de 2014

El gobernador de La Paz, César Cocarico, culpó ayer a la Cooperativa Ullakaya Condorini de ser la responsable de los actos de violencia en tres comunidades de Arcopongo por la disputa en la explotación de oro en el río Chaquety. También confirmó la muerte de tres personas por heridas de bala.

Tras su retorno de Arcopongo, ubicado en la provincia Inquisivi del departamento de La Paz, Cocarico explicó en conferencia de prensa que desde el 15 de mayo un grupo de al menos 100 personas, algunos con armas de fuego, encabezados por el secretario de Hacienda de esa cooperativa, Edson Aníbal Cahuana de 24 años, se dirigieron hacia esas comunidades, e indicó además que éste es hijo del presidente de esa sociedad, Telmo Cahuana.

“Desde el jueves han avanzado desde la comunidad La Plaza y han hecho actos de violencia hasta el domingo y han expulsado a la gente de la comunidad La Plaza, Palma Flor y La Plaza B, especialmente. Han sido autores del primer muerto directamente, llamado Antonio Flores Calle (27), que tiene una herida de bala en el sector de la rodilla”, informó el Gobernador, que viajó hasta esa zona a las 05.00 del martes encabezando una comisión.

Investigaciones. La delegación que se dirigió hasta Arcopongo estaba compuesta por 64 personas: 58 de éstas policías, dos fiscales, un médico forense, personal del Ministerio de Minería y Metalurgia, de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y de la Gobernación de La Paz. Cocarico retornó ayer pero el resto se quedó para concluir con las investigaciones.

La comisión llegó a las 17.00 del martes a la comunidad Siquimirani (más abajo de Arcopongo), donde encontraron muerto a Flores Calle, que es oriundo de ese lugar pero emigró a Palma Flor donde vivía actualmente. Éste tenía una herida de bala en una rodilla y se lo halló desangrado, pese a que sus victimadores le intentaron hacer un torniquete, detalló Cocarico.

El segundo cadáver, Mario Villegas (19), fue encontrado el miércoles más abajo de Arcopongo, era oriundo de Marancelani pero vivía en Palma Flor. A éste se lo encontró maniatado. El tercer fallecido estaba en Palma Flor y aún no se lo pudo identificar.

Cocarico señaló que en el rastreo de la Policía se halló casquillos de bala, no se sabe si son de fusiles FAL o de Máuser, puesto que las vainas que encontraron son de calibre 762. Cuando el grupo de al menos 100 cooperativistas llegó a la comunidad La Palma, los niños que estaban en la escuela tuvieron que huir al monte junto a su maestra, citó la autoridad.

La Cooperativa Ullakaya Condorini intervino con trabajos para explotar oro en el río Chaquety e incluso llevó provisiones en helicópteros de una empresa de Santa Cruz, lo cual será investigado, complementó Cocarico.  Las comunidades existentes en Arcopongo son: Chaquety La Plaza con  89 habitantes, Palma Flor 102 habitantes, Chaquety B 70 habitantes y Villa Santiago con 60 habitantes. Éstas están allá hace 10 y 15 años, añadió.

Sin permiso de explotar

Ilegal

El gobernador César Cocarico ratificó que ninguna cooperativa tiene autorización para explotar en el río Chaquety, por lo que advirtió que las que indican que tienen concesiones y han explotado oro, incurrieron en la ilegalidad, por lo que deberán ser sancionadas.

Abogado de cooperativa presentará otra querella

El abogado de la Cooperativa Ullakaya Condorini, Eduardo León, informó ayer a La Razón que el lunes presentará una segunda querella contra dos diputadas del MAS, un asambleísta departamental y un viceministro, por al menos cuatro figuras penales.

La denuncia es contra las diputadas del MAS Gladys Vargas Escóbar y Julia Figueredo, el  asambleísta departamental Juan Marca y el viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas del Ministerio de Trabajo, Tiburcio Aguilar Márquez, a quienes acusa de haber facilitado la obtención de personería jurídica a un grupo de comunarios de Palma Flor en menos de 72 horas para que puedan explotar oro en el río Chaquety de Arcopongo. “Se está presentando otra denuncia al margen de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz por incumplimiento de deberes, beneficios en razón del cargo, uso indebido de influencias y delitos vinculados a hechos de corrupción”, detalló.

Una primera denuncia contra estas personas fue presentada el jueves pero por los delitos de asesinato, terrorismo y lesiones graves, por los enfrentamientos. Respecto a esta acusación, el gobernador de La Paz, César Cocarico, indicó que las investigaciones deben continuar y si algún político está involucrado debe ser juzgado por la Justicia Ordinaria.

Hay biodiversidad en área de conflicto

La primera medida que deberían tomar las autoridades del área minera para pacificar Arcopongo y evitar la explotación de oro en el río Chaquety, es emitir una resolución de “inmovilización” en la zona, puesto que en el lugar existe además mucha biodiversidad, consideró ayer el gobernador de La Paz, César Cocarico.

“La primera medida que tendría que tomarse para pacificar es la inmovilización de toda la región, considerando además que es una de las entradas a la Amazonía boliviana, esas tierras no son como el Altiplano, hay biodiversidad que cuidar, entonces no pasa solo porque se conformen cooperativas o que éstas se legalicen para conciliar, no va a pasar por eso”, señaló.

Además, indicó que si las comunidades están en ese lugar donde la Cooperativa Ullakaya Condorini quiere explotar oro y argumenta que tiene autorización, lo que tendría que hacerse es una “interpretación constitucional y legislativa” para determinar los pasos que se tienen que seguir. Añadió que la Comibol y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (ARJAM)  aún no se ponen de acuerdo respecto a sus competencias para resolver el conflicto.

El Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin) recibió 42 trámites de solicitud de cuadrículas de parte de cooperativas y otros sectores para explotar en el río Chaquety, de los cuales solo 15 tienen documentación para la obtención de licencias, las otras 27 aún no.

El Gobernador indicó que no es necesario que alguien se querelle contra los cooperativistas, sino que el Ministerio Público debe investigar de oficio lo sucedido.

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