Economía

Asofin sostiene que una norma incidirá en costos y tiempos

Efecto. Las entidades financieras deberán realizar más inversiones

Financiero. Varios usuarios y clientes esperan ser atendidos en una sucursal del BancoSol en La Paz.

Financiero. Varios usuarios y clientes esperan ser atendidos en una sucursal del BancoSol en La Paz.

La Razón / Willy Chipana / La Paz

01:34 / 22 de septiembre de 2012

Asofin informó que el control a las operaciones financieras vinculadas al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo requerirá de más inversiones, recursos humanos y causará pérdida de tiempo en la atención a sus clientes y usuarios. El Gobierno emitió el 30 de julio la Ley 262 sobre el Régimen de Congelamiento de Fondos y Otros Activos de Personas Vinculadas con Acciones de Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo.

“Operativamente, esta exigencia demanda múltiples actividades de diligencia y reporte que necesitan tiempo, inversiones y recursos humanos adicionales, lo que tiene incidencias sobre los costos y tiempos de entrega de los productos financieros”, afirmó el secretario ejecutivo de la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Micro Finanzas (Asofin), Reynaldo Marconi.

En ese marco, el ejecutivo pidió al Órgano Ejecutivo acordar la reglamentación de la Ley 262 con Asofin y que se considere la realidad de una parte significativa de los clientes y usuarios que se desenvuelven en el sector informal.

El capítulo II de la Ley 262 crea el Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo con la atribución de proponer políticas públicas de prevención contra estos hechos.

Según Marconi, bajo la práctica “conozca a su cliente”, las entidades financieras ahora deben identificar las operaciones financieras inusuales o sospechosas y en su caso reportarlas a las autoridades, como a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Esta norma se suma a la Resolución Administrativa 005/2011 que fue aprobada el 14 de octubre de 2011 por la UIF y que instruye a las entidades financieras solicitar información a sus clientes y usuarios cuando realicen operaciones por la apertura de una cuenta corriente, una caja de ahorros, transacciones o transferencias iguales o mayores a $us 10 mil, cobro de cheques, entre otros.

La medida, dirigida al control del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, causó molestia en la gente por la demora en las transacciones que realiza.   Este medio verificó ayer que en un banco una funcionaria preguntó a uno de los clientes el origen del dinero depositado.

Asfi: Norma de control está sujeta a convenios

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) informó ayer a La Razón que el país cumple con estándares y convenios internacionales con relación al control del lavado de dinero en el sistema financiero.

Las declaraciones fueron hechas por la directora ejecutiva de la Asfi, Lenny Valdivia, ante el pedido de flexibilización que realizó, el miércoles, el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, con relación a la norma que endurece el control del lavado de dinero en el sistema financiero. Indicó que en una primera etapa la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) inició la evaluación y el análisis de la Resolución Administrativa aprobada en octubre de 2011.

“Es importante tomar en cuenta que como país estamos cumpliendo estándares y convenios internacionales; sin embargo, el trabajo encarado con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) va por el camino de analizar y evaluar” el tema, declaró la Directora de la Asfi.  El jueves, el viceministro de Pensiones, Mario Guillén, aseguró que la UIF analiza la flexibilización de la norma y evitó dar mayores detalles sobre el tema. 

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