Economía

Autoridades serán procesadas por dar permisos a dueños de chutos

Operativo. El COA y el Ejército decomisaron los coches en comunidades fronterizas

La Razón / Aline Quispe / La Paz

04:42 / 12 de octubre de 2013

La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) iniciará acciones penales contra autoridades originarias que emitieron autorizaciones provisionales para la circulación de los vehículos indocumentados que fueron incautados en dos comunidades fronterizas del país.

Así lo informó ayer a La Razón la presidenta de la ANB, Marlene Ardaya, quien indicó que durante una visita que se realizó, en coordinación con el Control Operativo Aduanero (COA) y las Fuerzas Armadas, en dos comunidades fronterizas se detectó que se estaban otorgando autorizaciones provisionales para que motorizados sin documentos circulen por la zona.

“Ante esta situación, se ha procedido a la incautación de estos vehículos ilegales así como de estos permisos  provisionales que estarían siendo emitidos por algunas autoridades originarias para que circulen por la zona”, aseguró Ardaya, quien no precisó el número de motorizados confiscados.

Detalló que esta práctica fue detectada recientemente durante los operativos que efectúa el Ejército en las fronteras, “para ver cuáles son las acciones que se están haciendo”.

Control. La autoridad señaló que las comunidades donde se identificó que se realiza este ilícito se encuentran en la frontera de Oruro y por la región del salar de Uyuni (Potosí). Ante esta situación, Marlene Ardaya aseguró que la entidad aduanera iniciará las acciones penales correspondientes contra las personas que emitieron estas autorizaciones ilegales por los delitos de usurpación de funciones aduaneras y por resoluciones contrarias a las leyes vigentes.

Confirmó que en las últimas tres semanas el COA y el Ejército continúan confiscando al menos 15 motorizados chutos por día. Por ello, aseguró, se ejecutarán otro tipo de operativos y se reforzarán más los controles.

La autoridad reiteró que este incremento en el ingreso de coches ilegales se debe a un rumor sobre “un nuevo proceso de nacionalización de estos motorizados y es por eso que incluso se estarían otorgando estas autorizaciones, nada más alejado de la realidad”. Ratificó que no habrá ninguna legalización de estos coches. “Quiero alertar a la población que no va a existir ninguna nacionalización de vehículos indocumentados y los que estarían trayendo estos coches van a perder el dinero que han invertido como el activo, debido a que se incautarán todos los motorizados”.

El artículo 7 de la Ley de Regularización y Saneamiento Legal de Vehículos Indocumentados, aprobada el 8 de junio de 2011, dispone que vencido el plazo (7 de noviembre de 2011) del programa de legalización se procederá al decomiso de los automotores a favor del Estado. Luego serán entregados a las Fuerzas Armadas, Policía, Ministerio Público y otras entidades públicas, según lo establece la Ley 037.

Negocio de los ilegales

Cadena

En mayo, Informe La Razón develó en una investigación que importadoras, talleres y choferes son parte de la cadena de chuteros que interna los vehículos desde Iquique (Chile).

COA comisa 561 carros ilegales en ocho meses

El Control Operativo Aduanero (COA) decomisó en ocho meses 561 vehículos indocumentados (chutos) en todo el país. De ese total, el 67,19% de los motorizados se confiscó en los departamentos de Oruro, La Paz y Santa Cruz.

La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, indicó que en promedio el COA decomisa 70 motorizados ilegales cada mes, pero indicó que a partir de agosto ese número comenzó a elevarse y en septiembre la cifra se incrementó más hasta llegar a 15 por día. Por ello, Ardaya afirmó que se efectúan controles permanentes en todos los sectores para evitar el ingreso de esos motorizados.

Recordó que esa cantidad se disparó cuando el 9 de octubre de 2012 se hizo un operativo policial-militar en Challapata denominado Pichay, que fue comandado por la Aduana a fin de intervenir 15 talleres donde habían vehículos chutos. La acción fue resistida por los dueños, lo que derivó en la muerte de dos personas y siete heridos. Dos días después, se informó que en la población había más de 400 vehículos ilegales.

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