Economía

Avance de Ley de Hidrocarburos depende de la norma de consulta

Indígenas. Juan J. Sosa dice que están a la espera de que este proyecto sea aprobado

Río Grande. Su construcción se vio paralizada en dos ocasiones por la demanda de pueblos guaraníes.

Río Grande. Su construcción se vio paralizada en dos ocasiones por la demanda de pueblos guaraníes. YPFB.

La Razón / Jimena Paredes / La Paz

02:36 / 03 de octubre de 2013

El Gobierno espera la aprobación y posterior promulgación de la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada, así como el consenso entre cuatro entidades estatales para la aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos que reemplazará a la actual Ley 3058, vigente desde mayo de 2005.

El ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa, explicó el martes a La Razón que el consenso debe darse entre la cartera de Estado que está a su cargo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH).

“Se ha charlado con algunas de las entidades, tenemos acuerdos en algunos puntos, y estamos esperando algunos puntos como la Ley de Consulta Previa Libre e Informada que se aplicará para los pueblos indígenas, y algunos otros temas que vayan a formar parte de la exploración. Una vez que tengamos eso consensuado entre las partes, podemos sacar la ley inmediatamente”, argumentó el ministro.

El anteproyecto de ley fue aprobado en agosto de 2013 en Cochabamba por una Comisión Nacional compuesta por el Ministerio de Gobierno, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

Sosa indicó que entre las cuatro entidades estatales al menos se consensuó que la nueva Ley de Hidrocarburos deberá ser adecuada a la Constitución Política del Estado (CPE).

Propuesta. El presidente en ejercicio de YPFB, Luis Alberto Sánchez, indicó ayer a La Razón que entregaron una propuesta de Ley de Hidrocarburos al ministerio del área, pero  que será esa instancia la que tomará decisiones respecto a la nueva norma.

El 20 de agosto de este año, en la Audiencia Parcial de Rendición de Cuentas de dicha cartera de Estado, el viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Eduardo Alarcón, dijo que para elaborar la nueva disposición legal se espera la normativa de incentivos a la exploración, así como la de medio ambiente.

Respecto a la demora en la elaboración de la nueva normativa de hidrocarburos, Álvaro Ríos, exministro del área, consideró que si hay más retrasos, las reservas de gas natural y de petróleo se acabarán porque las empresas extranjeras no saben a qué ley someterse para invertir en el país.

Elaboración de políticas

Legislador

El artículo 12 de la Ley de Hidrocarburos 3058 establece que   el ministerio del área elaborará la política hidrocarburífera en coordinación con la petrolera estatal.

Garantizan la consulta para labores extractivas

El anteproyecto de Ley de Consulta Previa Libre e Informada garantiza en su artículo 35 el desarrollo de este proceso a los pueblos indígenas para actividades extractivas de carácter estratégico para el Estado como las referidas a hidrocarburos y minería.

“El Estado, a través de sus instancias competentes, está obligado a garantizar el proceso de la consulta previa libre e informada en todas las fases de operación de actividades extractivas susceptibles de afectar derechos colectivos”, indica el artículo.

Sin embargo, dicho punto añade que la consulta previa deberá realizarse con carácter anterior a la concesión de derechos mineros cuando exista susceptibilidad de afectar derechos colectivos.

El artículo 36 señala: Las actividades extractivas donde se evidencie la afectación de derechos colectivos deberán contemplar un plan de restauración acordado entre la entidad que afecta ese derecho y el sujeto de la consulta, lo que no libera a tal entidad de la reparación correspondiente.

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