Economía

Bolivia logra que CIADI mantenga suspendido el laudo arbitral sobre Quiborax

La determinación de presentar el recurso de anulación se asumió tras evidenciarse que el laudo contiene gravísimas violaciones a las normas de procedimiento y que además fue dictado con exceso y extralimitación de facultades, en perjuicio de Bolivia.

El procurador General del Estado, Pablo Menacho, en declaraciones a los medios. Foto: Procuraduría General del Estado

El procurador General del Estado, Pablo Menacho, en declaraciones a los medios. Foto: Procuraduría General del Estado

La Razón Digital / Angel Guarachi / La Paz

18:48 / 21 de febrero de 2017

Bolivia logró este martes que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) mantenga suspendido el laudo arbitral que obligaba al Estado boliviano a pagar a $us 48,6 MM a la chilena Quiborax.

La sentencia instaba al Estado boliviano a pagar $us 48,6 millones a la empresa minera por una presunta obstaculización a “la libre administración, mantenimiento, uso, usufructo, extensión, transferencia, venta y liquidación de las inversiones” de dicha compañía “a través de medidas injustificadas o discriminatorias”, señala el fallo inicial del CIADI.

“El hecho que Bolivia haya cumplido siempre con sus obligaciones internacionales, así como su buena fe para solicitar la anulación del Laudo conforme se lo permiten las normas internacionales, han permitido que el Tribunal decida mantener suspendida la ejecución del Laudo”, sostuvo el procurador general, Pablo Menacho, en un comunicado institucional.

La solicitud de la suspensión fue presentada el 21 de septiembre de 2015, y días después el CIADI aceptó dicho requerimiento.  Entre los cuestionamientos planteados por Bolivia al laudo están la extralimitación de facultades por parte del Tribunal que conoció dicho arbitraje, el quebrantamiento grave de normas de procedimiento y la falta de fundamentación de la decisión.

La determinación de presentar el recurso de anulación se asumió tras evidenciarse que el laudo contiene gravísimas violaciones a las normas de procedimiento y que además fue dictado con exceso y extralimitación de facultades, en perjuicio de Bolivia.

La controversia surgió durante la gestión del expresidente Carlos Mesa, quien mediante Decreto Supremo 27589, del 23 de junio de 2004, anuló las concesiones mineras de una empresa boliviana, Non-Metallic Minerals S.A., en la que Quiborax habría tenido participación. (21/02/2017)

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