Economía

Bolivia pedirá nulidad del fallo o reducir compensación a Rurelec

La Procuraduría General del Estado (PGE) analiza dos opciones para revertir el fallo del Tribunal de la Corte Permanente de La Haya y que favorece a la compañía británica Rurelec PLC: pedir la nulidad del laudo o solicitar la reducción de la compensación “a su mínima expresión”.ma

Despacho. El procurador general del Estado, Hugo Montero, habló ayer sobre el fallo del Tribunal de la Corte      Permanente de La Haya.

Despacho. El procurador general del Estado, Hugo Montero, habló ayer sobre el fallo del Tribunal de la Corte Permanente de La Haya. PGE.

La Razón (Edición Impresa) / Gabriela Imaña / La Paz

03:43 / 05 de febrero de 2014

La Procuraduría General del Estado (PGE) analiza dos opciones para revertir el fallo del Tribunal de la Corte Permanente de La Haya y que favorece a la compañía británica Rurelec PLC: pedir la nulidad del laudo o solicitar la reducción de la compensación “a su mínima expresión”.

“De acuerdo al procedimiento arbitral, a las normas internacionales y normas holandesas (...) se puede pedir una anulación del laudo ante tribunales holandeses en el lapso de tres meses”, informó ayer el procurador general del Estado, Raúl Montero.

Destacó también que el país tiene “la posibilidad de hacer un análisis  para reducir este monto a su mínima expresión usando los recursos y procedimientos que nos faculta la ley”. El 1 de mayo de 2010, el Gobierno nacionalizó el 50,001% de las acciones que tenía la estadounidense Guaracachi America Inc. (GAI) en la Empresa Guaracachi SA (EGSA). GAI es subsidiaria de la británica Rurelec.

El 31 de enero de 2014, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (CPA) notificó al Estado boliviano sobre la decisión del Tribunal Arbitral que se constituyó para resolver los reclamos interpuestos por la empresa estadounidense GAI y Rurelec PLC.

Proceso. El Procurador General explicó que el Tribunal Arbitral admitió la mayoría de las objeciones jurisdiccionales planteadas por el Estado, lo que generó argumentos sobre la cuantificación para reducir en un 80% el monto de compensación reclamada por Rurelec, que ascendía a $us 142,96 millones. “El laudo (arbitral) es por $us 28.927.583 más intereses, monto no definitivo, porque Bolivia aún puede hacer uso de los recursos previstos en el Reglamento CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional)”, afirmó Montero.

Sostuvo que ése es el monto oficial de la compensación ordenado por el Tribunal Arbitral y no los $us 41 millones anunciados por la compañía.  Además, dijo que los $us 5,5 millones reclamados por Rurelec por concepto de pago de dividendos no corresponde, porque este monto de dinero ya fue incluido en la valuación de su paquete accionario. “Por este motivo no corresponde ningún pago”.

Montero indicó que la decisión del Tribunal generó que el valor de las acciones de Rurelec en la Bolsa de Londres baje hasta en 26%, “y tiene una tendencia a caer mucho más”. “Por esa razón, la empresa recurrió a lo mediático, basado en datos falsos, para salvar el valor de sus acciones”.

Asimismo, reveló que en este proceso arbitral existen ciudadanos bolivianos que atestiguaron en contra del Estado boliviano. “Esto no implica ninguna medida de amenaza, pero hay que tomarlo en cuenta para calificarlo de dónde vienen los intereses que han estado también en juego en un arbitraje de esta naturaleza”.

Mencionó que durante el arbitraje, la compañía eléctrica pidió que al momento de pagar los intereses se calculen a un 10,34% anual. Sin embargo, el Tribunal, en base a los argumentos presentados por el país, decidió que ese interés sea calculado a 5,6331%. “Es otro logro procesal que ha conseguido en este proceso arbitral”. A partir del 1 de febrero corre el pago por concepto de intereses a favor de la compañía. Haciendo un cálculo sobre los $us 28,9 millones, el rendimiento para la firma sería de unos $us 3.928 por día y $us 1,6 millones al año.

Costos del arbitraje en La Haya

Quántum

El procurador general del Estado, Raúl Montero, expresó que “el demandado (Bolivia) ha resultado en buena medida vencedor respecto al quántum (cantidad), reduciendo la compensación final a ser pagada a menos de la cuarta parte de la demanda original presentada por Rurelec”.

Fallo

Montero manifestó que desde un punto de vista técnico, Guaracachi América Inc. (GAI) “ha resultado completamente vencida” en este procedimiento y Rurelec únicamente vencedor en parte, según el fallo.

Morales dice que el Gobierno respeta el fallo

El presidente Evo Morales manifestó ayer que el Gobierno respeta las decisiones de los tribunales internacionales, aunque observó que en estos casos de arbitraje se favorece a las compañías privadas. “Respetamos a las instituciones internacionales, aunque no comparto con arbitrajes, siempre gana la empresa privada y nunca el Estado, pero la posición de mi gobierno siempre será de respeto”, afirmó en rueda de prensa en el Palacio Quemado.

Informó que un equipo jurídico de la Procuraduría General del Estado estudia el laudo del Tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya para definir nuevas acciones. “Respetamos la resolución, ayer (lunes) organizamos una pequeña reunión para que se estudie ese fallo, oportunamente diremos qué hacer”, expresó Morales.

Nacionalización. Según la PGE, el Tribunal Arbitral estableció que el Estado boliviano debe pagar $us 28,9 millones a la empresa británica por la nacionalización de la empresa generadora de electricidad Guaracachi, el 1 de mayo de 2010. El argumento para recurrir al arbitraje fue que la administración boliviana vulneró el Tratado Bilateral de Protección a las Inversiones firmado entre Bolivia y el Reino Unido.

Rurelec, mediante un comunicado publicado el domingo en su página web, afirmó que el Tribunal concluyó que dicha nacionalización “fue ilegal” y que Bolivia deberá pagar $us 41 millones, que están divididos en dos rubros: una compensación total de $us 35,53 millones al 31 de enero de 2014 y un pago de dividendos obtenidos antes de la expropiación por $us 5,5 millones. El arbitraje en contra del Estado boliviano fue interpuesto el 13 de mayo de 2010, dos semanas después de la nacionalización.

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